Dos realidades coexisten en México, aparentemente desconectadas: una marcada por la creciente violencia perpetrada tanto por el Estado como por el crimen organizado, y la otra caracterizada por el dinamismo económico y los altos niveles de inversión extranjera, comercio y manufactura de exportación.

El origen de esta paradoja se remonta a la reestructuración capitalista de finales del Siglo XX. Las crisis de las décadas de 1970 y 1980 impulsaron la externalización de la manufactura del Norte al Sur Global, donde la mano de obra era más barata. México se transformó radicalmente, abandonando el modelo de sustitución de importaciones para adoptar uno orientado a la exportación, centrado en las maquiladoras. Las reformas neoliberales, culminadas con el TLCAN en 1994, trajeron privatización, una caída salarial del 80 por ciento y una desregulación favorable al capital extranjero.

Este modelo se ha consolidado y acelerado tras la crisis financiera de 2008. Bajo el nuevo T-MEC y el impulso del nearshoring, la industria manufacturera, especialmente la automotriz, ha crecido exponencialmente. El empleo se duplicó entre 2009 y 2023, y las exportaciones a Estados Unidos casi alcanzaron los tres mil millones de dólares. La inversión extranjera, que aumentó un 50 por ciento sólo en 2023, fluye hacia este sector. El atractivo de México radica en una fórmula poderosa: proximidad al mercado estadounidense y bajos costos laborales.

El sindicalismo proempresarial, el despojo rural y las políticas migratorias restrictivas contribuyen a mantener bajos los salarios al desmovilizar la lucha de la clase trabajadora y garantizar una abundante reserva de mano de obra industrial, una ventaja comparativa fundamental para la integración de la economía nacional al mercado global. De la misma manera, la violencia y la militarización lo hacen al controlar la disciplina de la fuerza laboral dentro del ámbito de la reproducción social capitalista. El terror social del Estado y el crimen organizado es fundamental para el régimen laboral despótico que caracteriza a las ciudades maquiladoras de México.

Durante el mismo periodo de crecimiento dinámico del sector manufacturero orientado a la exportación, México experimentó una transformación en el ejercicio del poder político marcada por el despliegue de un aparato militar, supuestamente con fines de seguridad pública para combatir el crimen organizado en la llamada “guerra contra las drogas”. Como parte de este cambio, la presencia de fuerzas de “seguridad”, incluyendo policías y militares, se expandió rápidamente por todo el país. Esto ha estado acompañado por el nuevo rol del Ejército y la Marina como administradores de megaproyectos de transporte, puertos y aeropuertos, así como por un aumento exponencial del presupuesto público asignado al aparato militar. Los procesos de militarización coexisten con formas conexas de violencia perpetradas por organizaciones criminales, grupos paramilitares y empresas de seguridad privada. Esta violencia ha tenido un costo; entre 2006 y 2024 se han registrado más de 350 mil homicidios y 110 mil 400 desapariciones en México.

Contrario a la narrativa del “Estado fallido”, el crimen organizado y el Estado no son fuerzas opuestas. La violencia funciona como un mecanismo de control estatal al servicio del capital. Su objetivo es reprimir el descontento social, mantener el poder y facilitar la acumulación mediante el despojo de territorios y recursos estratégicos. Este despliegue de terror estatal y paraestatal sigue una lógica de estrategia militar preventiva: no busca combatir un enemigo convencional, sino neutralizar cualquier amenaza potencial –como la organización colectiva– antes de que surja, especialmente en zonas vitales para los intereses trasnacionales.

La violencia en México no es un síntoma de caos, sino un pilar funcional de un modelo económico exitoso en términos de ganancias. El terror social es la contracara indispensable del dinamismo exportador, garantizando un entorno de trabajadores disciplinados y territorios controlados para el capital.