Se supone que ningún gobierno del nivel que sea, Federal, Estatal o Municipal, no tiene autorización para usar la fuerza pública; según sólo podría hacerlo en caso de guerra civil o en el caso de que hubiera una invasión extranjera para defender nuestra soberanía nacional; se supone, también, que la buena política y la sensibilidad del ser humano siempre han aconsejado al gobernante o al funcionario, consciente y responsable, a que atempere sus iras, aminore sus odios y sus fobias personales; además de que está obligado a tratar a sus gobernados con la magnanimidad obligada del poderoso frente al débil y desamparado.

El político o gobernante que hace todo lo contrario se hace reo del delito de transgredir las normas legales que estén vigentes, pero además, también demostrará que no tiene el sentido más elemental de equidad y de la más mínima sensibilidad política, es decir, se podría pensar y asegurar que no está capacitado para gobernar a pesar de haber obtenido, vía las elecciones, el voto y el respaldo de una mayoría relativa para erigirse en el puesto que hoy se encuentra.

Cuando una autoridad comienza a usar las política del miedo, la represión política, el terror (mediático o político) o el mismo crimen político, son manifestaciones visibles del agotamiento de un modelo económico y del aparato que se encarga de aplicar la ley y de hacer justicia. Cuando un modelo económico ya no sirve y está en su fase terminal ya no tiene capacidad para responder, con eficacia, las necesidades sociales de los grupos más empobrecidos y vulnerables; por tanto, el mandatario tiene que echar mano a medidas antipopulares porque las necesita para manipular y "controlar" aunque tarde o temprano tenga que llegar a un enfrentamiento y confrontación con las masas, misma que “lo eligieron” para gobernar.

En estos días de gobierno de la 4T, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está agregando a su forma de gobernar la política del miedo, de la represión política y la del terror mediático. Se sabe, por ejemplo, que estás políticas están forzosamente vinculadas a la aspiración que tienen algunos regímenes, pero también algunos gobernantes fanáticos, de mantenerse en el poder por tiempo ilimitado, característica que sin duda también presenta el morenista López Obrador y le es necesario porque sus cartas para poder gobernar se le están cayendo muy rápido. La política del miedo y de la represión política ya entraron en acción.

López Obrador, desde el 1 de diciembre de 2018, no ha podido impulsar y poner de pie una sola acción política seria y que vaya, a fondo, a atacar algún problema social como la pobreza, la inseguridad, la salud, la mala educación o incluso un programa para generar más riqueza en la nación; nada de eso se ha visto en estos primeros ocho meses y medio de gobierno morenista.

Pero no sólo no se han visto políticas o acciones de gobierno efectivas, sino que al mismo tiempo se observa una política que va en contra de todo lo que Obrador prometió en campaña; primero se ha olvidado completamente de su lema de "Primero los pobres" y ahora quiere curar todos los males repartiendo tarjetitas de transferencia electrónica y olvidarse por completo de obras de infraestructura social como construcción del clínicas, pavimentaciones, apoyos a la vivienda, construcción de escuelas, electrificaciones, unidades deportivas, etc., una política asistencialista que consiste mayoritariamente en un control político y de poder, para garantizar un capital electoral para el 2020 y 2021, éste último en el que supuestamente lanzará a consulta popular si sigue o no como presidente de México.

Segundo; se ha lanzado contra las organizaciones sociales y ha dicho que el gobierno de la 4T apoyará directamente a los mexicanos sin intermediarios; está claro que lo que quiere y desea es tratar individualmente con cada mexicano porque el individuo sólo es más débil y vulnerable de manipulación y de control, no así si va en grupo o si está organizado y educado, algo que, por lo que se ve, odian López Obrador y Morena; por eso se lanza contra las organizaciones sociales y ataca a sus dirigentes, donde el caso más representativo es el Movimiento Antorchista que desde hace algunos días ha sido atacado mediáticamente arrancando con una "filtración" al portal informativo ejecentral.com, información que no cuenta con las más elementales reglas de la nota informativa. La filtración, sin embargo, tenía y tiene el objetivo de ser punta de lanza para que grupos afines a Morena (chairos, youtubers y medios) se lanzaran contra dirigentes antorchistas acusándolos de tener "cientos de millones de pesos" (sic) en cuentas bancarias, algo totalmente falso y esto ya ha sido demostrado.

Todo esto se da en el contexto de que AMLO, aunque lo niegue en sus conferencias mañaneras, ha comenzado una cacería contra políticos como Rosario Robles y que es la puerta para seguir con otros políticos y quizá contra exmandatarios nacionales; ya hay quienes dicen que el gobierno de López Obrador está enloqueciendo y no conforme con aplicar una política de cero soluciones a las demandas de obra social y servicios para millones de mexicanos ahora comienza a mostrar su verdadero rostro antipopular, usando la política del miedo, el terror y la represión política. A Rosario Robles nadie la defendió y ella sabrá por qué, pero eso no ocurrirá si el gobierno de AMLO se atreve a tocar a algún dirigente antorchista. Si Obrador pasa de sus amenazas y terror mediático a los hechos contra Antorcha, entonces Troya arderá, porque podría generarse una protesta como nunca antes se ha visto.

El clímax no político...

Tan mal le está yendo ya a López Obrador que alcaldes de su propio partido, Morena, ya advirtieron de riesgos para la 4T si se insiste en que no hay recursos. Alcaldes de Texcoco, en el Estado de México; Villa de Corzo y Berriozábal, en Chiapas; Solidaridad, en Quintana Roo y Los Cabos, en Baja California, así como de Mazatlán y Culiacán, de Sinaloa, acudieron a mostrar su inconformidad a una reunión que nos comentan duró al menos tres horas.

Ahí, Arminda Castro, alcaldesa de Los Cabos dijo literalmente que "no se ha entendido la cuarta transformación", incluso fue más allá y señaló que "ya no somos los que estamos en contra, ya somos, ya estamos" y ahora a gobernar. La alcaldesa Victoria Rasgado, de Moloacán, Veracruz, lanzó la queja de que en su ayuntamiento hay 500 pozos petroleros y apenas recibe 18 millones de pesos para hacer obras. Esta inconformidad de los alcaldes morenistas ya se esperaba y quizá no tendría que ser tan rápido, pero en el país, "el horno no está para bollos". Por el momento, querido lector, es todo.