Se supone que ningún gobierno, del nivel que sea –federal, estatal o municipal–tiene autorización para usar la fuerza pública, salvo en caso de una guerra civil o una invasión extranjera y porque, obviamente, debe actuar en defensa de la estabilidad social y la soberanía nacional. Se supone, asimismo, que el gobernante en turno debe actuar con la sensibilidad humana y política indispensable para atemperar o moderar sus odios personales para que su magnanimidad esté por encima de su poder sobre los débiles. El político o gobernante que hace todo lo contrario, se convierte en reo del delito de transgresión a las normas legales vigentes; pero además, muestra que no tiene noción de lo que significa la equidad política y que no está capacitado para gobernar, pese a los votos que haya obtenido en las elecciones que le llevaron a ocupar el cargo que detenta.

Cuando una autoridad comienza a usar políticas del miedo, de represión, terror mediático o crimen, hace visibles no solo sus limitaciones personales, sino también el agotamiento de un modelo económico junto con sus aparatos burocráticos gubernamentales y jurídicos; cuando un modelo económico ya no sirve y está en su fase terminal, carece de capacidad para responder con eficacia a las necesidades sociales de los grupos más empobrecidos. Por ende, su dirigente máximo, es decir el mandatario del Ejecutivo en turno, tiene que aplicar medidas antipopulares para “controlar” a las masas que lo “eligieron” para evitar que su gobierno llegue a la confrontación con ellas.

En estos días, el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha recurrido a una política del miedo, represión y terror mediático para gobernar. Este tipo de recursos políticos son utilizados por regímenes que aspiran a perpetuarse en el poder, como se evidencia en la administración morenista.

Desde el pasado 1° de diciembre, a AMLO le ha faltado aplicar una política de Estado congruente, que ataque la raíz de los mayores problemas sociales de México: la pobreza agravada y generalizada, la falta de servicios de salud indispensables, las graves fallas del modelo educativo y la inseguridad pública. Tampoco ha logrado, en sus  primeros ocho meses y medio de gobierno, estimular el crecimiento económico y generar más riqueza.

Hasta ahora, los resultados de su administración contradicen sus promesas de campaña; para curar los males provocados por la pobreza, se limita a repartir “monederos electrónicos” y ha olvidado la necesidad de realizar obras de infraestructura social como clínicas, pavimentación de calles, carreteras, edificación de escuelas, unidades deportivas, electrificación de colonias populares, etc. El Presidente se ha dedicado a instrumentar una política asistencialista abocada mayormente a garantizar el control político de esas comunidades y a fortalecer su capital electoral, rumbo a las elecciones de 2020 y 2021, asegurando su permanencia en el ánimo de los electores a través de una consulta popular con el pretexto de la revocación de su mandato.

López Obrador se ha lanzado contra las organizaciones sociales, repitiendo machaconamente que el gobierno de la 4T apoyará directamente a los mexicanos sin intermediarios; detrás de esta política oculta su deseo de romper la fuerza, que con su número, oponen los mexicanos cuando se organizan y así volverlos más vulnerables a la manipulación, evitando que puedan exigirle lo que les corresponde. Por eso AMLO y su partido odian a las organizaciones sociales y atacan a sus dirigentes.

Hace algunos días, el Movimiento Antorchista Nacional fue objeto de una agresión mediática artera y mentirosa en el portal informativo ejecentral. Esta supuesta noticia –ofrecida como “filtración”– además de carecer del formato normal de una “nota”, tiene todos los ingredientes característicos de una noticia falsa destinada a servir como punta de lanza para que los grupos afines al partido oficial, Morena (chairos, youtubers, etc.) se lancen contra los dirigentes antorchistas con la acusación de que tienen “cientos de millones de pesos” (sic) en cuentas bancarias, algo que jamás nadie en México ni el mundo podría demostrar.

Todo esto está ocurriendo en el ambiente caótico que AMLO cultiva desde diciembre de 2018, con sus erráticas políticas, sus mañaneras y su interminable campaña electoral.

Hay quienes sostienen que AMLO está enloqueciendo; no conforme con cancelar la construcción de obra social y servicios, ahora muestra su rostro antipopular, usando la política del miedo, el terror y la represión. En días pasados inició, al parecer, una nueva etapa en su política de represión mediante una cacería contra quienes considera sus rivales partidistas; la aprehensión de Rosario Robles sería la entrada a la captura de otros exfuncionarios, entre los que quizás estén incluidos los exmandatarios nacionales. A Robles nadie la defendió y ella sabrá por qué. Pero eso no ocurrirá si el gobierno de AMLO se atreve a tocar a algún dirigente antorchista. Si López Obrador pasa de sus amenazas y del terror mediático a los hechos contra el Movimiento Antorchista, entonces Troya arderá, porque podría generarse una protesta como nunca antes se ha visto. Por el momento, querido lector, es todo.