San Luis Potosí, SLP. – La señora Laura Martínez del municipio potosino de Villa Juárez tiene una deuda de 58 mil pesos como consecuencia de la puesta en marcha del nuevo sistema de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que arrancó este primero de enero y ya ha desilusionado a miles de mexicanos, quienes ahora tienen que pagar consultas, medicamentos y si se trata de enfermedades crónicas, tendrán que cubrir sus gastos.

El esposo de doña Laura Martínez padece cirrosis y desde agosto del año pasado tiene que acudir constantemente al Hospital Central, ubicado en la capital potosina, donde recibe atención, pues cuenta con el equipo médico necesario. Sin embargo, a mediados del 2019, los estudios les empezaron a cobrar mil 500 pesos por cada estudio, al complicarse su salud, tuvo que ser internado, la cuenta se incrementó hasta llegar a los 58 mil pesos, de los cuales logró conseguir cinco mil pesos para cubrir un adelanto, el resto lo debe. Está preocupada porque al ser de escasos recursos no sabe de dónde obtendrá el dinero.

“Ahora con el INSABI creíamos que se resolvería la situación, pues el presidente López Obrador, aseguró que este sistema de salud sería gratuito, pero no es así, cobran la atención con precios elevados, se supone que este beneficiaría a los más pobres, quienes no contamos con seguridad social o con los recursos para poder solventar los gastos de salud, no entiendo cuál es la ayuda, es preocupante porque de esto depende la vida de muchas personas, que como mi esposo, padecen una enfermedad crónica”, comentó a este medio.

El presidente canceló el Seguro Popular (establecido desde 2003) para dar paso a la creación del INSABI, informó que cuenta con un presupuesto base de 80 mil millones de pesos, que le permitirá brindar servicios de salud y acceso universal a los medicamentos y servicios, a toda la población que no cuente con seguridad social. Sin embargo, la realidad es otra, este nuevo sistema de salud ha afectado a miles de pacientes en diversas entidades.

López Obrador no tomó en cuenta las opiniones diversas acerca de la funcionalidad del Seguro Popular, incluso aquellas que sugirieron mejorar el servicio y adecuarlo a las nuevas necesidades, tanto económicas como de la población. Incluso de opiniones de expertos, quienes formaron parte de su puesta en marcha, como el secretario de Salud de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, quién sostiene que la reforma que dio origen al INSABI “anularía uno de los avances institucionales más importantes del sistema de salud mexicano en este siglo”.

Dan tiro de gracia al Hospital Central

En San Luis Potosí, desde el mes de agosto del año pasado, cientos de personas de diferentes municipios fueron afectadas debido a que les fue suspendido el servicio del Seguro Popular que se les proporcionaba en el Hospital Central “Doctor Ignacio Morones Prieto”. Las personas del interior del estado, es decir las más pobres, son las que resultaron más afectadas, ya que se ven en la necesidad de viajar varios kilómetros para recibir atención médica y tratamientos para enfermedades como el cáncer, cirrosis, insuficiencia renal, diabetes, entre otras.

Las familias que acuden a buscar atención médica se encontraron con la noticia de que no podían recibir la atención si no la pagaban. La necesidad de que sus pacientes fueran atendidos, obligó que durante los meses posteriores, las familias vieran la forma de obtener el dinero, como el caso de doña Laura Martínez, endeudándose.

Creado hace 71 años, el hospital de tercer nivel y especialidades vive su agonía a raíz del recorte de recursos federales del Seguro Popular. El gobierno estatal salió en su rescate de manera parcial para apoyar su grave déficit. “Las aportaciones que nos daban a través del Seguro Popular (300 millones de pesos al año) fueron retirados el año pasado, logramos sobrevivir porque el gobierno del estado apoyó con 90 millones de pesos. El hospital trabaja actualmente con un déficit que supera los 500 millones de pesos”, comentó el director del Hospital Central, Francisco Alcocer Gouyonnet.

Con la entrada del INSABI, cientos de familias potosinas que estaban afiliadas al Seguro Popular recurrieron a atenderse al Central y a otros hospitales con la esperanza de ser atendidos de manera gratuita; sin embargo,  los usuarios que han acudido a este nuevo servicio de salud, se han encontrado con la sorpresa de que estudios médicos especializados y cirugías requieren de un pago, que si bien no es comparable al costo que tendría en un hospital privado, si requiere desembolsar pagos, que las familias de escasos recursos económicos difícilmente podrían tener.

Proveniente de la zona Huasteca, el señor Eusebio López, quién el año pasado fue diagnosticado con cáncer tampoco tiene dinero para comprar medicamentos y pagar su tratamiento. Su esposa, doña Luz Sierra, denunció que comenzaron a cobrarles los medicamentos y las quimioterapias; los medicamentos y servicios eran cubiertos por el Seguro Popular, ahora será imposible costearlos, lo que dejará en el desamparo a miles de enfermos crónicos y a sus familias en la pobreza extrema.

Al respecto, la diputada local por el IV Distrito, Patricia Silva Celis, integrante de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, dijo que se visualiza una privatización del Sistema de Salud con la llegada del INSABI, y que ha causado muchos ajustes en uno de los sectores más importantes: La salud. Manifestó además que a los usuarios del servicio del sector salud no se les está haciendo válido ningún descuento ni apoyo como se manejaba con anterioridad en el Seguro Popular.

“El problema va encaminado, lamentablemente, a una privatización del sistema de salud, esta situación afectará a la gran mayoría de los mexicanos, ya que esta mayoría son gente de escasos recursos económicos, que tenían el Seguro Popular como única opción de poderse atender y desgraciadamente no hay un sistema que lo esté sustituyendo de manera progresiva y eficaz. Muchos ciudadanos han dejado de recibir atención médica debido a que no cuentan con la solvencia económica para recibirla, ya que la salud se está convirtiendo en un lujo, más que un derecho de vida”, indicó.

Mientras, encabeza gestiones para atender a la ciudadanía. Reveló que desde el mes de agosto del año pasado y lo que va de este, ha recibido información sobre casos de personas enfermas en el Hospital Central, el Hospital General de Soledad y otros tantos nosocomios de la entidad, pues no hay apoyo del sistema de salud federal.

“El Gobierno Federal solicita tiempo para la consolidación del INSABI, pero en temas tan sensibles, como la salud de los mexicanos, no se puede solicitar tiempo, dado que se está hablando de la vida de las personas, no es válido ni justo, no es humano pedirle a la gente que espere para que se le pueda atender, cuando la salud es un derecho primordial que se debe atender puntualmente”, dijo.

Pagarán por consultas y medicamentos

De acuerdo a los lineamientos del INSABI, los servicios y medicamentos en el nivel crónico tendrán que ser cubiertos por los pacientes. Tanto el nuevo instituto, como la Secretaría de Salud, están cayendo en una preocupante falta al no proporcionar la información correcta o desglosar cada uno de los puntos de este nuevo sistema de salud. Por ejemplo, no se informó que lo gratuito es sólo la atención de primer nivel y entre los medicamentos de acceso libre son algunos del catálogo básico, lo que se convierte en una grave omisión y engaño que requiere intervención inmediata.

Tras el caos, los afectados son la mayoría pobres, los trabajadores reclaman por su derecho a recibir atención médica, establecido en el artículo 4° de la Constitución Política.

De acuerdo a cifras de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), habría 511 pequeños en la entidad, que padecen la enfermedad de los cuales 170 están bajo tratamiento, es decir, sometidos a quimio o radioterapia. El resto se encuentra en vigilancia, estatus en el que permanece aproximadamente 10 años después de sobrevivir a un tratamiento, y durante los cuales se monitorea.

La incidencia a nivel local, va en aumento, ya que cada año ingresan 15 nuevos pacientes a los tratamientos. De acuerdo al Registro de Cáncer de Niños y Adolescentes  (RCNA), respecto a las tasas de mortalidad (por cada 100 mil habitantes) los adolescentes de entre los 15 y los 19 años de edad tuvieron la mayor con 6.88, mientras que la menor fue para el grupo de los 0 y los 4 años con 4.35. Entre los 5 y los 14 años las tasas se mantuvieron similares entre ambos grupos con 4.60 (5 a 9 años) y 4.54 (10 a 14 años).

La tasa de sobrevivencia en niños y adolescentes registrados en el RCNA es de 57 por ciento, en comparación con la de países con altos ingresos donde la probabilidad de que una niña, niño o adolescente con cáncer sobreviva, es de 90 por ciento. Este dato resulta importante ya que el éxito del tratamiento depende de su aplicación en fases tempranas y sin interrupciones. Ello explica la desesperación de las familias que han tenido que enfrentar el desabasto de medicamentos en hospitales del sector público.

“Este gobierno se ha enfocado en revocar cada avance que se ha obtenido en algunos sectores, pues se tenía un cambio favorable en materia de salud con el Seguro Popular, y ahora con la austeridad que ha aplicado AMLO, se retrocede y empeora la situación”, consideró el doctor Rosendo Flores, quien laboró por más de 25 años en la clínica 50 del IMSS.