Si esta semana se deniega a Julian Assange el permiso para recurrir su extradición a Estados Unidos (EE. UU.) ante un panel de dos jueces del Tribunal Supremo de Londres, no le quedará ningún recurso dentro del sistema judicial británico. Sus abogados pueden pedir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una suspensión de la ejecución en virtud del artículo 39, que se concede en “circunstancias excepcionales” y “sólo cuando existe un riesgo inminente de daño irreparable”. Pero no es nada seguro que el tribunal británico acceda. Puede ordenar la extradición inmediata de Julian antes de una instrucción en virtud de la Regla 39 o puede decidir hacer caso omiso de una petición del TEDH para permitir que dicho tribunal europeo estudie su caso.

La persecución de casi 15 años contra Assange, que se ha cobrado un alto precio en su salud física y psicológica, se hace en el marco de la extradición a EE. UU., donde sería juzgado por presunta violación de 17 cargos de la Ley de Espionaje de 1917, con una posible condena de 170 años.

El “delito” de Julian es haber publicado en 2010 documentos clasificados, mensajes internos, informes y videos del gobierno y el ejército de EE. UU., facilitados por la denunciante del ejército estadounidense Chelsea Manning. Este vasto material reveló masacres de civiles, torturas, asesinatos, la lista de detenidos en Guantánamo y las condiciones a las que estaban sometidos, así como las Reglas de Enfrentamiento en Irak. Quienes perpetraron estos crímenes –incluidos los pilotos de helicópteros estadounidenses que abatieron a tiros a dos periodistas de Reuters y a otros 10 civiles e hirieron gravemente a dos niños, todos ellos captados en el vídeo Collateral Murder– nunca han sido procesados.

Julian expuso lo que el imperio estadounidense trata de borrar de la historia

La persecución de Julian es un mensaje aciago para el resto de nosotros. Si desafías al imperio estadounidense y sacas a la luz sus crímenes, no importa quién seas, no importa de qué país vengas, no importa dónde vivas, serás perseguido y llevado a EE. UU. para pasar el resto de tu vida en uno de los sistemas penitenciarios más duros de la tierra. Si Julian es declarado culpable, significará la muerte del periodismo de investigación sobre el funcionamiento interno del poder del Estado. Poseer material clasificado, y mucho más publicarlo, –como yo hice cuando era reportero de The New York Times– será criminalizado. Y ésa es la cuestión, tal y como lo ven The New York Times, Der Spiegel, Le Monde, El País y The Guardian, que publicaron una carta conjunta pidiendo a EE. UU. que retirara los cargos contra él.

El primer ministro australiano Anthony Albanese y otros parlamentarios federales votaron el pasado jueves a favor de que EE. UU. y Gran Bretaña pongan fin al encarcelamiento de Assange, señalando que “se limitó a ejercer su labor como periodista” para revelar “pruebas de malas prácticas por parte de EE. UU.”

El caso legal contra Julian Assange, que cubrí desde el principio y volveré a cubrir desde Londres esta semana, tiene un toque extravagante a lo Alicia en el País de las Maravillas, donde jueces y letrados hablan en tono solemne sobre la ley y la justicia mientras se burlan de los más básicos principios de las libertades civiles y la jurisprudencia.

¿Cómo pueden seguir adelante las audiencias cuando la empresa española de seguridad de la embajada ecuatoriana, UC Global, donde Julian se refugió durante siete años, proporcionó a la CIA grabaciones de vigilancia de las reuniones entre Julian y sus abogados, desvirtuando la confidencialidad abogado-cliente? Sólo por esto, el caso debería haber sido desestimado.

¿Cómo puede el Gobierno ecuatoriano dirigido por Lenin Moreno violar el derecho internacional al rescindir el estatus de asilo de Julian y permitir a la Policía Metropolitana de Londres entrar en la Embajada ecuatoriana –territorio soberano de Ecuador– para llevar a Julian al furgón policial que le esperaba?

¿Por qué aceptó el tribunal el argumento estadounidense de que Assange no es un periodista legítimo?

¿Por qué EE. UU. y Gran Bretaña ignoraron el artículo 4 de su Tratado de Extradición, que prohíbe la realizada por motivos políticos?

¿Cómo puede haber seguido adelante el caso contra Julian Assange después de que el testigo clave por EE. UU., Sigurdur Thordarson –un estafador y pedófilo convicto– admitiera haber inventado las acusaciones que hizo contra Julian Assange?

¿Cómo es posible que Assange, un ciudadano australiano, sea acusado de violar la Ley de Espionaje de EE. UU. cuando no ha participado en actos de espionaje y no residía en aquel país cuando recibió los documentos filtrados?

¿Por qué los tribunales británicos permiten que Julian sea extraditado a EE.UU. cuando la CIA –además de vigilar a Assange por video las 24 horas del día mientras permanecía en la embajada ecuatoriana– consideró su secuestro y asesinato, con unos planes que incluían su potencial muerte a tiros en las calles de Londres con la participación de la Policía Metropolitana?

¿Cómo se puede condenar a Julian como editor cuando él, a diferencia de Daniel Ellsberg^[1], no obtuvo ni filtró los documentos clasificados que publicó Wikileaks?

¿Por qué el Gobierno de EE. UU. no acusa de espionaje al editor de The New York Times o The Guardian por publicar los mismos documentos filtrados junto con Wikileaks?

¿Por qué se ha mantenido a Assange en confinamiento solitario en una prisión de alta seguridad sin juzgarlo durante casi cinco años, cuando su única violación técnica de una ley fue incumplir las condiciones de la fianza cuando pidió asilo en la embajada de Ecuador? Normalmente eso conllevaría tan sólo una multa.

¿Por qué se le ha denegado la libertad bajo fianza después de su traslado a la prisión de Belmarsh?

Si Julián es extraditado, su linchamiento judicial empeorará. Su defensa se verá obstaculizada por las leyes antiterroristas estadounidenses, incluida la Ley de Espionaje y las Medidas Administrativas Especiales (SAM). Se le seguirá impidiendo hablar en público –salvo en contadas ocasiones– y salir en libertad bajo fianza. Será juzgado en el Tribunal del Distrito Este de Virginia, donde el Gobierno estadounidense ha ganado la mayoría de los casos de espionaje. El hecho de que el jurado esté compuesto en su mayoría por personas que trabajan o tienen amigos o familiares que trabajan para la CIA y otras agencias de seguridad nacional con sede cerca del tribunal contribuye sin duda a esta serie de decisiones judiciales.

Los tribunales británicos han dificultado notoriamente desde el principio la cobertura del caso, limitando severamente los asientos en la sala del tribunal, proporcionando enlaces de vídeo que han resultado defectuosos y, en el caso de la audiencia de esta semana, prohibiendo a cualquier persona fuera de Inglaterra y Gales, incluidos los periodistas que habían cubierto previamente las audiencias, acceder a un enlace a lo que se supone que son procedimientos públicos.

Como de costumbre, no se nos ha informado sobre fechas ni horarios. ¿Tomará el tribunal una decisión al final de la vista de dos días, el 20 y 21 de febrero? ¿O esperará semanas, incluso meses, para dictar sentencia, como ha hecho anteriormente? ¿Permitirá que el TEDH examine el caso o enviará inmediatamente a Julian a EE. UU.? Tengo mis dudas de que el Alto Tribunal pase el caso al TEDH, dado que el brazo parlamentario del Consejo de Europa, que creó el TEDH, junto con su Comisario de Derechos Humanos, se oponen a la “detención, extradición y procesamiento” de Julian porque representa “un precedente peligroso para los periodistas”. ¿Aprobará el tribunal la petición de Julian de estar presente en la vista o se le obligará a permanecer en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Thamesmead, al sureste de Londres, como ya ha ocurrido otras veces? Nadie es capaz de decírnoslo.

Julian se libró en enero de 2021 de la extradición cuando la jueza Vanessa Baraitser del tribunal de magistrados de Westmister rechazó la solicitud de extradición. En su resolución de 132 páginas argumenta que existe un “riesgo sustancial” de que Assange cometa suicidio a causa de la severidad de las condiciones a las que sería sometido en el sistema penitenciario estadounidense. Pero se trataba de un hilo muy fino. La juez aceptó que EE. UU. presentó todos los cargos “de buena fe” y rechazó los argumentos de que su caso tenía motivaciones políticas y que no sería sometido a un juicio justo en aquel país. También negó que su procesamiento fuera un ataque a la libertad de prensa.

Stella Assange, esposa del fundador de Wikileaks, Julian Assange

La decisión de Baraitser fue anulada cuando EE. UU. apeló al Tribunal Supremo de Londres. Aunque éste aceptó las conclusiones sobre el “riesgo sustancial” de suicidio si era sometido a ciertas condiciones en la prisión estadounidense, también aceptó las cuatro garantías ofrecidas por la Nota Diplomática 74 de EE. UU., entregada en febrero de 2021, que prometía que Julian sería “bien tratado”.

El Gobierno de EE. UU. afirmó en la nota diplomática que sus garantías “responden totalmente a las preocupaciones que llevaron a la juez (del tribunal inferior) a poner en libertad al Sr. Assange”. Las “garantías” afirman que Julian no será sometido a (Medidas Administrativas Especiales)^[2] SAM. Prometen que Julian, ciudadano australiano, podrá cumplir su condena en Australia si el Gobierno australiano solicita su extradición. Prometen que recibirá atención clínica y psicológica adecuada. Prometen que, antes y después del juicio, Julian no será recluido en la Instalación Administrativa de Máxima Seguridad (ADX) de Florence, Colorado.

Parece tranquilizador. Pero forma parte de la cínica pantomima judicial que caracteriza la persecución contra Julian.

Nadie está en prisión preventiva en ADX Florence. ADX Florence tampoco es la única prisión de máxima seguridad de EE.UU. en la que Julian puede ser encarcelado. Podría ser recluido en una cualquiera de las otras instalaciones similares a Guantánamo, en una Unidad de Gestión de Comunicaciones (CMU). Las CMU son unidades altamente restrictivas que reproducen el aislamiento casi total impuesto por las SAM. Las “garantías” no son jurídicamente vinculantes. Todas vienen con cláusulas de excepción.

En caso de que Julian haga “algo con posterioridad al ofrecimiento de estas garantías que se ajuste a las condiciones para la imposición de las SAM o la designación a ADX”, estará sujeto, reconoce el tribunal, a estas formas más duras de control. El hecho de que Australia no solicite el traslado “no puede ser motivo de crítica a EE. UU., ni razón para considerar que las garantías son inadecuadas para responder a las preocupaciones de la juez”, dice la sentencia. E incluso si no fuera así, Julian tardaría entre 10 y 15 años en recurrir su sentencia hasta el Tribunal Supremo de EE. UU., tiempo más que suficiente para destruirlo psicológica y físicamente. Amnistía Internacional afirmó que “esas garantías no valen ni el papel en que están escritas”.

Los abogados de Julian intentarán convencer a dos jueces del Tribunal Supremo de que le concedan permiso para recurrir varios de los argumentos contra la extradición que la juez Baraitser desestimó en enero de 2021. Sus abogados, si se les concede el recurso, argumentarán que procesar a Julian por su actividad periodística representa una “grave violación” de su derecho a la libertad de expresión; que Julian está siendo procesado por sus opiniones políticas, algo que el tratado de extradición entre Reino Unido y EE. UU. no permite; que Julian no debe ser extraditado para ser procesado cuando la Ley de Espionaje “se está ampliando de una manera sin precedentes e imprevisible”; que los cargos podrían ser modificados dando lugar a que Julian se enfrente a la pena de muerte; y que Julian no recibirá un juicio justo en EE. UU. También están pidiendo el derecho a presentar nuevas pruebas sobre los planes de la CIA para secuestrar y asesinar a Julian.

Si el Tribunal Supremo autoriza a Julian a recurrir, se programará una nueva vista en la que alegará los motivos de su recurso. Si el Tribunal Supremo deniega a Julian el permiso para apelar, la única opción que le queda es recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Si no puede llevar su caso ante el TEDH, será extraditado a EE. UU.

La decisión de solicitar la extradición de Julian, contemplada por la administración de Barack Obama, fue impulsada por la administración de Donald Trump tras la publicación por parte de WikiLeaks de los documentos conocidos como Vault 7, que exponían los programas de ciberguerra de la CIA, incluidos los diseñados para vigilar y tomar el control de automóviles, televisores inteligentes, navegadores web y los sistemas operativos de la mayoría de los teléfonos inteligentes.

La cúpula del Partido Demócrata se volvió tan sanguinaria como los republicanos tras la publicación, por parte de WikiLeaks, de decenas de miles de correos electrónicos pertenecientes al Comité Nacional Demócrata (DNC) y a altos cargos demócratas, incluidos los de John Podesta, presidente de la campaña de Hillary Clinton durante las elecciones presidenciales de 2016.

Los correos electrónicos de Podesta sacaron a la luz que Clinton y otros miembros del Gobierno de Obama sabían que Arabia Saudí y Qatar –que habían donado millones de dólares a la Fundación Clinton– eran los principales financiadores del Estado Islámico de Irak y Siria. Revelaron transcripciones de tres conversaciones privadas que Clinton mantuvo con Goldman Sachs, por las que cobró 675 mil dólares, una suma tan elevada que sólo puede considerarse un soborno. Los correos electrónicos mostraban a Clinton diciendo a las élites financieras que quería “comercio abierto y fronteras abiertas” y que creía que los ejecutivos de Wall Street eran los mejor posicionados para gestionar la economía, una afirmación que contradecía sus promesas electorales de reforma financiera. Expusieron la estrategia de la campaña de Clinton, autodenominada Pied Piper (flautista de Hamelín), que utilizaba sus contactos en la prensa para influir en las primarias republicanas “elevando” a lo que ellos llamaban “candidatos más extremos”, para asegurarse de que Trump o Ted Cruz ganaran la nominación de su partido. Expusieron el conocimiento previo de Clinton de las preguntas de un debate de primarias. Los correos electrónicos también expusieron a Clinton como una de las artífices de la guerra y la destrucción de Libia, una guerra que ella creía que abrillantaría sus credenciales como candidata presidencial.

Algunos periodistas pueden argumentar que esta información, al igual que los diarios de guerra, debería haber permanecido secreta. Pero si lo hacen, no pueden llamarse periodistas.

La cúpula demócrata, que intentó culpar a Rusia de su derrota electoral frente a Trump –en lo que se conoció como Rusiagate–, acusó a los correos electrónicos de Podesta y a las filtraciones del DNC de haber sido obtenidos por piratas informáticos del Gobierno ruso, aunque una investigación encabezada por Robert Mueller, el exdirector del FBI, “no desarrolló suficientes pruebas admisibles de que WikiLeaks supiera o incluso estuviera voluntariamente ciego ante” cualquier supuesto hackeo por parte del Estado ruso.

Julian ha sido perseguido porque proporcionó al público la información más importante sobre los crímenes y la mendacidad del Gobierno estadounidense desde la publicación de los Papeles del Pentágono. Como todos los grandes periodistas, él era independiente. Su objetivo era desenmascarar al poder.

Hizo pública la matanza de casi 700 civiles que se habían acercado demasiado a los convoyes o los puestos de control de EE. UU., incluyendo a mujeres embarazadas, ciegos, sordos y no menos de 30 niños.

Hizo públicas las muertes no comunicadas de más de 15 mil civiles iraquíes y la tortura y maltrato de unos 800 hombres y muchachos, de entre 14 y 89 años, en el centro de detención de Guantánamo.

Nos mostró que Hillary Clinton ordenó en 2009 a diplomáticos estadounidenses espiar al secretario general de la ONU Ban Ki-Moon y otros representantes de dicho organismo de China, Francia, Rusia y Reino Unido, un espionaje que incluía la obtención de sus ADN, escaneo del iris, huellas dactilares y claves personales de acceso.

Sacó a la luz que Obama, Hillary Clinton y la CIA apoyaron el golpe militar de junio de 2009 en Honduras, que derrocó al presidente Manuel Zelaya, elegido democráticamente, y lo reemplazó por un régimen militar asesino y corrupto.

Reveló que EE. UU. lanzó en secretó misiles, bombas y ataques con drones en Yemen, que provocaron la muerte de decenas de civiles.

Ningún otro periodista contemporáneo ha estado a la altura de sus revelaciones.

Julian es el primero. Nosotros somos los próximos.