Sólo en los últimos seis meses han sido asesinados a nueve periodistas mexicanos; este dato y la hostilidad hacia informadores hacen que ejercer el periodismo en México sea más peligroso. El informe sobre violencia de Reporteros Sin Fronteras registra casi dos asesinatos de reporteros por mes; la publicación revela que las víctimas trabajaban en medios locales y cubrían temas como la corrupción o el crimen organizado.

La persecución y el acoso contra la prensa se ha profundizado desde 2018; no hay mes que pase sin algún hecho de persecución contra periodistas. La organización Artículo 19 documentó que, en año y medio, 27 periodistas sufrieron acoso judicial, demandas por daño moral y acusaciones por violencia política de género, y que al menos hay un caso de censura cada tres semanas; las agresiones a la prensa ocurren cada 12 o 14 horas; se destaca que las conferencias de Palacio Nacional son el principal escenario para la deslegitimación hacia el periodista, porque usan la sección de “El detector de mentiras” para denostar al periodismo crítico. Ahora, las mismas instituciones del Estado sirven como “garrote” contra el ejercicio periodístico. Pero, ¿cuál es la razón de fondo? y ¿por qué ahora se persigue más a los comunicadores?

Muchos periodistas, reporteros, columnistas o articulistas informan con veracidad y objetividad; se basan en hechos recabados de la realidad con pruebas que surgen de las investigaciones. El problema empieza cuando al poder no le gusta la información, incluidos gobiernos estatales y municipales. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, diversos medios y periodistas fueron tratados con insultos, injurias, amenazas y represión; la situación no solamente continúa, sino que se agrava.

Veamos tres casos: primero, el acoso judicial contra el columnista de El Universal Héctor de Mauleón, quien denunció que un dron había sobrevolado su casa; esto se produjo luego de que el Instituto Nacional Electoral entregara datos privados del comunicólogo; la razón se debe a que el columnista escribió en torno a una red de huachicol con operaciones en Tamaulipas.

Segundo: el caso del periodista campechano Jorge Luis González, a quien la gobernadora morenista Layda Sansores logró imponer una medida judicial que coarta la libertad de expresión; con la resolución dictada por la Jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May se obligó al reportero a que cada uno de sus escritos deberá pasar antes por la aprobación de un censor oficial designado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Y el ejemplo más reciente es de la semana pasada, en Oaxaca, contra el periodista Alejandro López, director del portal Nuevo Siglo Noticias, quien al difundir una denuncia ciudadana contra la encargada del Registro Civil de Nochixtlán, dependencia que supuestamente cobró tres mil 500 pesos a una mujer por emitir una Clave Única de Registro de Población, cuyo trámite es gratuito, la Vicefiscalía de Huajuapan de León impuso medidas restrictivas a modo de censura; aunque no se conformó una carpeta de investigación, el dictamen prohíbe a Alejandro López publicar o comentar sobre la denunciante.

La libertad de prensa se viola de forma sistemática; ante la opinión pública no se aclara la verdad de los hechos. Los funcionarios de la “Cuarta Transformación” insisten en que la prensa refleja mal los sucesos e intentan callarla para que no publique lo que afecta sus intereses, a pesar de que el pueblo tiene derecho a enterarse de cualquier asunto y no debe regateársele este derecho. Periodistas y gobernantes están obligados a plantear la verdad; y cuando esto no ocurre, se impide que el pueblo conozca lo que el gobierno hace; si callan a los periodistas e investigadores, silencian a las voces críticas que reportan los errores cometidos por los malos gobiernos.

Hoy, la libertad del periodista para decir la verdad al pueblo está en riesgo; se pretende impedir que los mexicanos conozcan la verdad sobre los problemas actuales. El asedio a la libertad de expresión y la persecución judicial hacia los periodistas y la prensa crítica son un síntoma de una atmósfera política en crisis, en la que se están eliminando de facto las libertades básicas; esto es el reflejo de un gobierno que usa a los poderes Legislativo y Judicial para someter a quien no comulgue con el partido en el poder. Es urgente que el pueblo se una para defender la libertad de expresión y garantizar la paz. Aún es tiempo. Por el momento, querido lector, es todo.