Es ya famosa la crisis de 1929. Fueron los años en los que el sistema capitalista, posterior a la Revolución Rusa de 1917, parecía que iba a colapsar. Miles de empresas de Estados Unidos (EE. UU.) tuvieron que cerrar y millones de trabajadores fueron lanzados a la calle y hundidos en la miseria, la crisis de sobreproducción, con montañas de mercancías producidas que no hallaban quien las comprara, asombraba al mundo entero. Son ya famosas también las audaces medidas que tomara el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt para enfrentar la emergencia y salvar al sistema. El conjunto de ellas se llamó New Deal o Nuevo Acuerdo y consistía, básicamente, en una intervención mucho mayor del Estado en el funcionamiento de la economía.

Las acciones gubernamentales resultaron efectivas y la crisis cedió, aunque no hay que olvidar el gran impulso a los negocios de EE. UU. que significó la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias en Europa y en Japón. Como quiera que sea, en este apretado comentario, debo decir que la intervención del Estado en el funcionamiento de la economía se prolongó en EE. UU. y en el mundo que seguía sus dictados hasta finales de los años setenta, en que la obtención de las fabulosas utilidades se dificultó y frenó nuevamente.

Fue cuando empezó a aparecer en el mundo una supuesta adopción de la teoría de la “mano invisible” de Adam Smith y, digo supuesta, porque en realidad los Chicago boys, que empezaron a instrumentarla durante el gobierno de Augusto Pinochet, en Chile, eran portadores de una nueva práctica económica que iba mucho más allá de lo que alguna vez había planteado el gran escocés. Abajo los aranceles y libertad de movimiento de mercancías en el mundo, libertad de movimiento de los capitales, no más regulaciones internas ni empresas del gobierno en los países, todo debería ser de la empresa privada. La onda expansiva llegó a nuestro país durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, tocó el turno a una inmensa ola de privatizaciones de empresas del gobierno.

El neoliberalismo prescribía y prescribe que, en la medida en que las condiciones de estabilidad política lo permitan, deben convertirse en negocios de particulares hasta el servicio de agua potable a los hogares y la recolección de basura. Asimismo, el Estado deberá dejar de proporcionar servicios de salud y de educación a la población y, según, la práctica neoliberal, sólo se curará y se educará el que pueda pagar por ello a la empresa o empresas concesionarias, es decir, se abolirán también la salud y la educación públicas.

Importa insistir en que los avances del neoliberalismo varían en los diferentes países de acuerdo con las condiciones de fuerza y consolidación de la clase dominante. Aquí, en el país, por ejemplo, se privatizaron los servicios telefónicos y los ferrocarriles de manera completa, el Estado ya no es propietario de nada de ellos, pero sólo se han privatizado parcialmente las carreteras, aún quedan algunas “federales”, sinuosas, llenas de baches, con rodeos obsoletos y, si se puede, todavía más inseguras y peligrosas que las nuevas autopistas en las que hay que pagar y no es posible protestar por el mal servicio, pero no todo es privado.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy estridente y constante en sus declaraciones. La mañanera ha sido una forma de atiborrar de falsedades, calumnias e insultos a los mexicanos. Pues bien, con ese tremendo poder público, con todos esos recursos financieros a su disposición, un día sí y otro también, el Presidente de la República la emprende contra los “conservadores” y los “neoliberales” y cualquiera diría que, por tanto, aquí se construye un modelo alternativo que, exitosamente, combate la pobreza y la marginación que causa en el pueblo la economía de libre mercado en la que el Estado se ha ausentado de empresas y servicios públicos gratuitos.

Vámonos poco a poco, señores, dijo el Quijote. Nada de la economía social destrozada por el neoliberalismo, se ha reconstruido. No se han expropiado empresas ni el Estado ha fundado nuevas, no hay bancos del Estado como no sea un remedo de tales como es el del “bienestar” del que nadie se ocupa, los aranceles siguen en el suelo y el Tratado de Libre Comercio es ahora un gigante que se llama T-MEC. En una palabra, seguimos en la era del libre flujo internacional de las mercancías y los capitales.

Pero no es todo. Sigilosamente, cubierto con gritos y declaraciones impactantes en favor del pueblo, se avanza en el desmonte de los servicios públicos básicos. Es un hecho muy conocido que durante este sexenio el Estado ha dejado de introducir obras y servicios básicos a pueblos y colonias populares, el agua potable, el drenaje, el pavimento, la electrificación son ya conquistas muy raras o de plano inalcanzables, pues las ayudas en dinero, el “bienestar” en efectivo que proporciona con su benévola mano el régimen de la 4T, no alcanza ni en sueños para nada de eso. Se está acondicionando taimadamente a la población para que esté dispuesta a contratar empresas constructoras y pagar por las obras que necesite.

Hay más. Véase la nota periodística siguiente con respecto a la salud: “Los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mostraron que entre enero y mayo de este año el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ejerció un gasto de 240,027 millones de pesos en la función salud, lo que representó una caída de 10.8% en comparación anual. Ésta es la mayor caída de la cual se tiene registro desde el 2007, cuando la Secretaría de Hacienda empezó a detallar el gasto por clasificación funcional. A precios del 2023, se observó que el gasto funcional en salud se encuentra en su menor nivel en más de una década… La OMS recomienda a los países ejercer un gasto en salud de, al menos, 6% del Producto Interno Bruto (PIB). Al cierre del año pasado, México destinó recursos por 2.9% del PIB” (El Economista, 18 de julio). Mientras de manera abusiva e impune se trata de marear al pueblo con el disparate de que a fin de año habrá un sistema de salud como el de Dinamarca, en los hechos, a hurtadillas, se desmonta lo poco que nos queda y se empuja a la población al servicio médico privado.

No es menos ilustrativa y alarmante la situación con respecto a la educación. Veamos: “En 2022, el gasto en educación fue de 836 mil 299 millones de pesos, su nivel más bajo desde 2012. Este menor recurso en educación se da pese a que el país sigue presentando retos educativos, entre ellos que aún existen 19 millones 600 mil niños, niñas y jóvenes que no acuden a la escuela. Este año, el gasto en educación representará el 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Con ello, todavía está lejos del nivel recomendado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que es de entre 4 y 6 por ciento” (Reforma, Ciudad de México, 13 febrero).

Son datos contundentes. A todo lo que ya se ha hecho para servir a los intereses de los más ricos de México y el mundo, se añade ahora, en los hechos, que está en marcha el procedimiento para llevar al país a la privatización de la salud y de la educación. Convertirlas en negocio. Eso, en todo el planeta, se llama neoliberalismo, aunque aquí no se quiera decir su nombre.