Las clases gobernantes siempre reconocieron en sus discursos la deuda histórica con los trabajadores, deuda que hasta la fecha sigue sin saldarse.
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Un total de 21 bancos e instituciones financieras que operan en México son presuntamente responsables de fijar comisiones sobre pagos diferidos de tarjetas de crédito, es decir, que pactaron las condiciones o montos que los usuarios deben cubrir al saldar sus deudas en plazos, en lugar de establecerlas de manera independiente como exige la ley de competencia.
De acuerdo con una investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), existen pruebas suficientes para presumir que las instituciones involucradas podrían haber incurrido en conductas anticompetitivas.
Entre los bancos involucrados en la presunta colusión destacan instituciones extranjeras como el británico HSBC, el español Santander y el canadiense Scotiabank. Por parte del sector nacional, figuran entidades como Banco Mercantil del Norte (Banorte), Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), Servicios Financieros Soriana, Banco Regional (Banregio), Banco INVEX, Banco Azteca, Banca Afirme, Banca Mifel, Tarjetas del Futuro, Liverpool PC, Banco del Bajío, Banco Inbursa, Klar Technologies, Crediclub, Oplay Digital Services, Caja Morelia Valladolid y Banco Ahorro Famsa.
De acuerdo con el documento de la Cofece, esta investigación comenzó en 2022, bajo el argumento de que en ese momento observó prácticas monopólicas en el sector, incluida la fijación de precios y la manipulación en el mercado de pagos diferidos.
El organismo regulador detalló que las entidades antes mencionadas sostenían reuniones periódicas para fijar recargos a los operadores, que luego se transformaban en reglamentos para su aplicación.
En este sentido, indicó que los bancos ya están siendo notificados de los resultados de la investigación para continuar con la presentación de pruebas y argumentos de defensa antes de emitir una resolución final.
Hasta el momento no se ha explicado cuál podría ser la sanción, sin embargo, por ley, el organismo puede lograr la imposición de multas de hasta 10 por ciento sobre beneficios anuales, pero sólo a empresas mexicanas.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | @srivera1410