Cargando, por favor espere...

Tribunal Electoral revocó nulidad en elección de la alcaldía Cuauhtémoc
Se mantiene el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega, quien ganó esa demarcación el 2 de junio.
Cargando...

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó este miércoles la nulidad de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se mantiene el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega, quien ganó esa demarcación el 2 de junio; por lo que se prevé que rinda protesta al cargo de alcaldesa ante el Congreso de la Ciudad de México el 1 de octubre.

Los magistrados determinaron que la abanderada de la oposición no cometió violencia política de género en contra de la morenista Catalina “Caty” Monreal, el principal argumento que utilizó el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) para declarar la nulidad de la elección el 31 de agosto.

Según el proyecto aprobado, las expresiones de Alessandra Rojo de la Vega contra Catalina Monreal y la presunta corrupción en su familia “constituyen una crítica severa sobre un grupo político y su desempeño en cargos públicos” y no violencia política de género.

Los magistrados analizaron el contexto de las publicaciones denunciadas y determinaron que no existen expresiones con elementos de género en perjuicio de la denunciante, sino manifestaciones amparadas por la libertad de expresión en materia política.

Además, el proyecto destaca que la resolución impugnada omitió un análisis del contexto completo en el que ocurrieron los hechos denunciados.

La propuesta explica que, tras un examen integral de los mensajes y su intención, “no se visualiza un propósito o resultado discriminador contra la denunciante por el hecho de ser mujer, ni contenido estereotipado. En el marco del derecho a la libertad de expresión, la candidata denunciada respondió espontáneamente a diversos cuestionamientos, fijando una postura contraria a la denunciante, a quien considera parte de un grupo político”.

El 31 de agosto, el Tribunal Electoral anuló la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, al considerar que Alessandra Rojo de la Vega había incurrido en violencia política de género en contra de su contrincante, Catalina Monreal, sin embargo, el Tribunal Electoral federal corrigió nuevamente al Tribunal de la Ciudad de México.


Escrito por Abigail Cruz Guzmán

Reportera


Notas relacionadas

El proceso de votación contó con la participación de 70 mil 533 socios activos de un padrón de 91 mil 579.

La Guardia Nacional aún no entrega los resultados de los exámenes de Control de Confianza realizados a los siete aspirantes.

Expresaron su frustración al tirar la basura de varios camiones recolectores como forma de protesta.

Realizará su elección el próximo 10 de noviembre, a las 10:00 de la mañana.

Rojo de la Vega estuvo acompañada por los dirigentes del PRI, PAN y PRD en la Ciudad de México.

El recuento se llevará a cabo el próximo lunes 29 de julio.

El registro estuvo abierto hasta las 2:02 a.m. del lunes 25 de noviembre.

El proceso de inscripción de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, tiene como fecha límite el 24 de noviembre.

Los ciudadanos aseguraron que la legisladora pidió a abogados y vecinos que se registraran urgentemente, y ofreció reenviar los folios al ámbito nacional.

El instituto deberá crear desde cero varias partes del proceso, incluido el marco geográfico y cartográfico.

Los magistrados y jueces optaron por el aviso de jubilación o licencia prejubilatoria para concluir sus carreras como juzgadores federales.

Rojo de la Vega lamentó la conducta del magistrado presidente del Tribunal y compadre del diputado Ricardo Monreal, Armando Ambriz.

El oficio de notificación fue emitido el día de ayer, 3 de octubre, en el que se estableció la suspensión provisional concedida a la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, señaló que el instituto prestará especial atención en sus áreas técnicas al avance de la reforma aprobada en la Cámara Alta.

La jueza también instruyó a la Cámara de Diputados detener el proceso de adecuación de las leyes federales.