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El 1º de junio de 2025 se realizará, según ha informado la Presidenta Claudia Sheinbaum, la primera elección judicial en la historia reciente de México; sin embargo, más allá de los casi 50 mil candidatos registrados, existen abundantes dudas e incertidumbre sobre la forma y mecanismos con que fue organizada a pesar de que desde septiembre se planificó, el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha presentado avances sobre cómo será el proceso, además del incierto e indefinido financiamiento, aunque se proyectaron 13 mil millones de pesos, el Congreso ha difundido que ni la mitad de esta suma será proporcionada.
El asunto empezó el cinco de febrero de este año, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decidió apoderarse del Poder Judicial y para ello envió la iniciativa al Congreso y la impulsó. Una vez que la iniciativa fue aprobada por ambas cámaras, el sueño presidencial se empezó a cumplir, controlar otro poder que no acataba sus órdenes y designios. La “elección popular” de los mil 633 cargos es irreversible, pero existen serias dudas y profundos cuestionamientos porque se plantean hasta 500 candidatos en una sola boleta; no se ve cómo la votación será exitosa.
Con la reforma judicial se intentó remover y posteriormente elegir nueve miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los jueces de las cortes de circuito y a cinco magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Así, con un discurso demagógico, la población fue bombardeada con ataques al Poder Judicial; eso se reflejó cuando se difundió que es “la primera vez que los ciudadanos podrían elegir a sus jueces” (sic), aun cuando es vox populi que la “elección” no tendrá los niveles de certeza aceptables que hasta hoy habían caracterizado a las elecciones en México.
AMLO, Sheinbaum y el morenismo argumentan que el objetivo radica en tener jueces “libres” e “independientes”, aseguran que serán “legítimos”, que gozarán de simpatía y respeto de la población que los elegirá; el Poder Judicial debe emanar de la voluntad popular y del juicio soberano (sic); sin embargo, no hay certeza de ello y menos de que vaya a funcionar en el futuro ya que el sufragio popular no es “milagroso” y no garantiza que los nuevos jueces y todo ese poder se apeguen, al 100 por ciento, al Derecho.
Está claro que los candidatos pertenecientes a la cúpula del Poder Judicial deberán pasar por el filtro de Morena y del Poder Ejecutivo, entonces serán candidatos y lo que los electores decidan en las urnas será irrelevante porque todo habría sido palomeado previamente. El “nuevo” Poder Judicial será un traje a la medida de los gobernantes y no de los electores y del pueblo.
El Poder Judicial ha tenido, hasta ahora, las atribuciones suficientes de impartir justicia pertinentemente y con el “firme” objetivo de mantener el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; “todos” los impartidores de justicia interpretaban las leyes, resolvían las controversias expresadas entre particulares, intervenían en las controversias suscitadas cuando una ley o acto de autoridad violaba las garantías individuales y resolvía conflictos entre autoridades; otra importante función del Poder Judicial ha consistido en proteger el orden constitucional y para ello se basa en el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación, según está estipulado para garantizar el bienestar humano y de la sociedad. Hoy todo esto se verá amenazado, porque los tres poderes se concentrarán en uno solo: el Ejecutivo.
El proceso para la elección del Poder Judicial representa manipulación y engaño oficiales porque después de junio de 2025 el control del aparato judicial será absoluto y estará al servicio de Morena y del Ejecutivo (en manos de Claudia Sheinbaum) para conservar el poder el tiempo que lo deseen y someter a sus adversarios hasta que el pueblo, del que siempre abusan y marginan, esté consciente de que Morena y sus gobernantes son el peor gobierno que ha tenido México desde hace varias décadas. Por el momento, querido lector, es todo.
Julio Menchaca Salazar, quien únicamente se ha dedicado a ver cómo pasan los años mientras la población se sumerge en el abandono.
La destrucción de las instituciones de un país no es buena idea, y menos cuando se proclama a los cuatro vientos que Morena está construyendo el segundo piso de la “Cuarta Transformación”.
El registro estuvo abierto hasta las 2:02 a.m. del lunes 25 de noviembre.
Realizará su elección el próximo 10 de noviembre, a las 10:00 de la mañana.
En esta contienda, compiten la exsenadora Adriana Dávila y el diputado federal con licencia Jorge Romero.
El INE no podrá seguir adelante con la organización de los comicios para la elección de jueces y magistrados
“Cuando el poder del Estado no puede ser contenido, controlado o frenado, se pone en riesgo los derechos humanos”, dijo la ministra.
Dicho poder conoce de juicios o asuntos del ámbito federal en primera y segunda instancia, en materias penal, mercantil, laboral, entre otras.
El proceso electoral de Estados Unidos parece tan largo como el que ocurrió en nuestro país.
El IFDP destacó que entre esos aspectos se encuentra la figura de los jueces sin rostro o de identidad reservada.
La Presidenta celebró que el Consejo de la Judicatura sancione a los trabajadores que continúen en paro de labores.
Se mantiene el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega, quien ganó esa demarcación el 2 de junio.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) subrayó que la independencia del Poder Judicial es esencial para la democracia y la salvaguarda de los derechos ciudadanos.
Trump, como en su primer mandato, ha insistido en su propósito de reducir el intervencionismo militar estadounidense en el exterior.
Las reformas, que se discutirán antes de la elección del 1 de junio de 2025.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).