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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el jueves su facultad para revisar y, en su caso, revertir, matizar o detener la reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión, que entró en vigor el 16 de septiembre pasado. Esta decisión surgió por la posible violación a la autonomía judicial y a la división de poderes.
Durante la sesión del 3 de octubre, el pleno examinó la propuesta de la Consulta a Trámite 4/2024 elaborada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a solicitud de magistradas y juzgadoras del Poder Judicial Federal.
La ministra Lenia Batres Guadarrama advirtió sobre la posibilidad de un “golpe de Estado” si este órgano busca frenar lo aprobado por el Congreso de la Unión. “La Suprema Corte daría un auténtico golpe de Estado al intentar someter a control constitucional el trabajo del Poder Reformador que participó en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial”, afirmó.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa respaldó esta postura y acusó a la Corte de intentar eliminar una reforma constitucional mediante un proceso administrativo. Manifestó su preocupación por el desconocimiento del Poder Reformador de la Constitución por parte de la SCJN, y cuestionó a los magistrados sobre si detener la reforma judicial representa “el preámbulo de un golpe de Estado constitucional”.
Esquivel Mossa agregó que la Corte podría crear una crisis constitucional al enviar el mensaje de que puede invalidar una reforma constitucional a través de un procedimiento administrativo.
El ministro ponente, Juan Luis González Alcántara, mencionó que en otros procesos, militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propusieron revisar reformas constitucionales sin ser acusados de golpistas. “En el amparo indirecto 70 del 2014, grandes juristas como Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal solicitaron revisar el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años”, recordó.
Durante la votación, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra del proyecto del ministro ponente, argumentando que la Corte no puede revisar una reforma judicial ya aprobada.
El ministro Javier Laynez Potisek aclaró que sus argumentos se centran en el fondo del asunto, no en la aceptación de la consulta solicitada por los trabajadores del Poder Judicial. “Todos los argumentos que he oído son de fondo. Una vez que se turne a un ponente que prepare el proyecto, podremos abordar todo lo escuchado aquí”, explicó.
La votación a favor incluyó a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, y a Margarita Ríos Farjat, así como a los ministros González Alcántara Carrancá, Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo. La aprobación fue de ocho contra tres, con la mayoría simple de seis votos requerida.
Se designará a un ministro para elaborar un proyecto que resolverá si la Corte puede modificar o detener la reforma judicial que entró en vigor el 16 de septiembre.
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Un juez de Distrito en Colima concedió una "suspensión provisional" para que la reforma Judicial no se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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La ministra reconoció la necesidad de buscar la colegiación de abogados y la excelencia académica en las universidades.
La SCJN invalidó la segunda parte del Plan B político-electoral de AMLO, debido a violaciones al procedimiento legislativo hecho por la mayoría parlamentaria de Morena y aliados.
Vestidos de blanco y portando pancartas con lemas como “¡Se ve, se siente, la UNAM está presente!”.
El artículo 54 de la Constitución plantea que ningún partido político puede sobrepasar la representación en el Legislativo, más allá del ocho por ciento.
El también diputado electo recordó que Sheinbaum mostró interés por dialogar.
Esta es la mayor reforma al sistema desde la llevada a cabo por el presidente Ernesto Zedillo en 1994, la cual resultó en la formación del Consejo de la Judicatura Federal y la reestructuración de la Corte.
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Durante los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial, el senador Zacatecano adelantó que la elección de nuevos jueces, ministros y magistrados podría tener un costo de entre tres mil y tres mil 500 millones de pesos.
A pesar de que aun no existe consenso en el Dictamen de la Guardia Nacional que se discute en el Senado de la República, el presidente de la Jucopo Ricardo Monreal, informó que entre el 18 al 21 de este mes se aprobará.
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Entre los cambios planteados destaca la ampliación del mandato del Infonavit, es decir, que se le otorgará la facultad de construcción de vivienda y posibilidad de arrendamiento social.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera