Cada unidad tuvo un costo de 1.7 millones, por lo que el gasto fue de más de 15 millones de pesos.
Cargando, por favor espere...
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el jueves su facultad para revisar y, en su caso, revertir, matizar o detener la reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión, que entró en vigor el 16 de septiembre pasado. Esta decisión surgió por la posible violación a la autonomía judicial y a la división de poderes.
Durante la sesión del 3 de octubre, el pleno examinó la propuesta de la Consulta a Trámite 4/2024 elaborada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a solicitud de magistradas y juzgadoras del Poder Judicial Federal.
La ministra Lenia Batres Guadarrama advirtió sobre la posibilidad de un “golpe de Estado” si este órgano busca frenar lo aprobado por el Congreso de la Unión. “La Suprema Corte daría un auténtico golpe de Estado al intentar someter a control constitucional el trabajo del Poder Reformador que participó en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial”, afirmó.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa respaldó esta postura y acusó a la Corte de intentar eliminar una reforma constitucional mediante un proceso administrativo. Manifestó su preocupación por el desconocimiento del Poder Reformador de la Constitución por parte de la SCJN, y cuestionó a los magistrados sobre si detener la reforma judicial representa “el preámbulo de un golpe de Estado constitucional”.
Esquivel Mossa agregó que la Corte podría crear una crisis constitucional al enviar el mensaje de que puede invalidar una reforma constitucional a través de un procedimiento administrativo.
El ministro ponente, Juan Luis González Alcántara, mencionó que en otros procesos, militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propusieron revisar reformas constitucionales sin ser acusados de golpistas. “En el amparo indirecto 70 del 2014, grandes juristas como Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal solicitaron revisar el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años”, recordó.
Durante la votación, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra del proyecto del ministro ponente, argumentando que la Corte no puede revisar una reforma judicial ya aprobada.
El ministro Javier Laynez Potisek aclaró que sus argumentos se centran en el fondo del asunto, no en la aceptación de la consulta solicitada por los trabajadores del Poder Judicial. “Todos los argumentos que he oído son de fondo. Una vez que se turne a un ponente que prepare el proyecto, podremos abordar todo lo escuchado aquí”, explicó.
La votación a favor incluyó a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, y a Margarita Ríos Farjat, así como a los ministros González Alcántara Carrancá, Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo. La aprobación fue de ocho contra tres, con la mayoría simple de seis votos requerida.
Se designará a un ministro para elaborar un proyecto que resolverá si la Corte puede modificar o detener la reforma judicial que entró en vigor el 16 de septiembre.
Cada unidad tuvo un costo de 1.7 millones, por lo que el gasto fue de más de 15 millones de pesos.
El costo por camioneta podría oscilar entre 1.5 y hasta tres millones de pesos, dependiendo del nivel de blindaje.
México enfrenta un problema significativo de detenciones arbitrarias que, según la ONU, derivan frecuentemente en tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
La posible eliminación del Artículo 60 reaviva el debate sobre el derecho a la vivienda en la CDMX
La Suprema Corte mantiene las medidas cautelares que frenan la investigación y la posible revocación de mandato de Abelina López por 898 millones de pesos.
Retirar la facultad al INE de realizar nombramientos de titulares de unidades técnicas y direcciones ejecutivas.
Entre los fideicomisos eliminados se encuentran el FONDEN; el FIDECINE y los fondos del Conacyt.
Se busca que en 2027 la jornada se reduzca a 46 horas semanales, en 2028 a 44 horas, en 2029 a 42 y finalmente, en 2030, alcanzará las 40 horas.
Empresarios de la ICC México piden participar en el equipo negociador para garantizar competitividad y certidumbre jurídica.
Este martes 4 de noviembre, la Cámara de Diputados inicia la discusión en lo general del Presupuesto 2026; se prevé la presentación de cerca de mil reservas que definirá si el paquete económico del Ejecutivo sufre cambios antes del 15 de noviembre.
La reciente reforma a la Ley de Amparo fortalece a las autoridades y limita el acceso a la justicia de los gobernados.
El Juicio de Amparo es una institución central dentro del sistema jurídico mexicano, es también la más importante de las aportaciones de México a los sistemas jurídicos del mundo.
Los expertos afirman, en primer lugar, que no se trata de una revisión, sino de una renegociación, la segunda desde tiempos de Donald Trump.
Aunque el impuesto se presenta como dirigido a las empresas tecnológicas, su impacto recaerá directamente sobre los repartidores y en los pequeños comercios, argumentaron.
Tres presidentes de las comisiones encargadas se rebelaron contra la imposición de la retroactividad en la reforma de propuesta por Sheinbaum.
Emiten alerta epidemiológica en todo el continente americano por sarampión
“El mundo no se va a someter ante un capitalismo en irreversible decadencia”: Aquiles Córdova Morán
Senado gasta casi 23 millones en comida y cafetería; trabajadores reciben menú de 80 pesos
Consumo de bienes y servicios cae en noviembre
Delincuentes, disfrazados de barrenderos, roban vivienda en la GAM
Alertan por fraude bancario “pañuelazo” contra adultos mayores
Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera