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El pleno del Senado aprobó el dictamen que propone la creación del llamado Derecho Petrolero para el Bienestar, el cual contempla el cobro de un impuesto único del 30 por ciento a Petróleos Mexicanos (Pemex) por la explotación de hidrocarburos y un 11 por ciento en el caso del gas.
De esta manera, se elimina el pago de distintos derechos que Pemex realiza por la exploración y explotación de hidrocarburos con el fin de aliviar la carga de costos operativos que enfrenta la empresa.
Durante la discusión de la reforma, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionaron la propuesta, y advirtieron que no resolverá los problemas que enfrenta Pemex.
Por su parte, el senador del PAN, Juan Antonio Martín del Campo, destacó que lo planteado es sólo un paliativo, aseguró que lo que se requiere es una reestructuración integral de Pemex y un combate frontal a la corrupción.
Mientras tanto, el senador del PRI, Miguel Riquelme, acusó una contradicción en el planteamiento de reforma del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya que permite inversiones privadas y disminuye la carga fiscal; además, implica riesgos en la recaudación.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, aseguró que vale la pena hacer un esfuerzo por dar viabilidad a Pemex. No obstante, reconoció que solo se está suministrando oxígeno a la empresa, lo que no será suficiente.
El dictamen aprobado sobre la reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que busca simplificar la carga fiscal de Pemex, se remitió al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Hasta el momento, la única entidad del país que sigue sin presentar ningún caso sospechoso es Campeche.
Desde su creación no se cuentan con proyectos de inversión, áreas de exploración o acuerdos con expertos para las labores de explotación de yacimientos.
El último informe de México Evalúa advierte que la CDMX tiene una efectividad del 0.9% en la procuración de justicia; es decir, sólo 1 de cada 100 delitos investigados se resuelve, el resto queda en completa impunidad.
Esta situación indica que ambas empresas dejarán de ser consideradas "productivas del Estado" y se convertirán en "empresas públicas".
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, lamentó el crimen e instó a la FGE a dar con los responsables.
El instituto justificó la clasificación argumentando que está en curso un procedimiento administrativo.
A la detenida se le encontró una identificación oficial que la acredita como agente activa de la Policía de Investigación de la FGJEM.
La “Ley Leslie” contempla una pena de seis a 17 años de cárcel.
Se trató de recorte de casi 30 por ciento a la Secretaría de Cultura.
La actitud omisa de las autoridades de Guerrero ante las acciones del crimen organizado ha provocado asesinatos dolosos, masacres, extorsiones y secuestros.
Varias autopistas que van rumbo a la CDMX han sido bloqueadas total o parcialmente desde las 7 am debido al paro nacional de Transportistas de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas.
De las 95 instancias, sólo 37 respondieron al cuestionario de la investigación, lo que demostró que la de Oaxaca de Juárez se creó en 2006 y las otras hasta agosto de 2022. En 43 municipios no se ha creado ni una.
El Comité de Transparencia tendrá funciones durante 30 días más para trabajar con la nueva Secretaría.
En caso de que las irregularidades se confirmen, algunas de las claves afectadas serán readjudicadas a otros proveedores.
La medida tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de la pensión alimenticia establecida por la ley.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera