La experiencia mexicana muestra que la IED no ha sido motor del crecimiento económico ni de la productividad.
Cargando, por favor espere...
En tiempos recientes ocurrió una manifestación contra la gentrificación en la Ciudad de México, que culpó a los residentes de países ricos por encarecer la vivienda en colonias centrales y demás medios de vida de los mexicanos. Este tipo de manifestaciones son aparentemente nuevas, pues si bien antes ya había protestas para acceder a vivienda, en esta ocasión, los manifestantes hicieron referencia explícita a la gentrificación, un término que ha pasado de la academia al uso cotidiano de la mayoría de la gente.
La gentrificación fue originalmente definida por la socióloga marxista Ruth Glass como un proceso de reestructuración urbana y de desplazamiento de una clase social por otra. En este proceso, un fuerte capital se invierte en un territorio –antiguo y deteriorado– para realizar negocios privados, y esos sitios reestructurados son destinados al consumo habitacional, servicios, comercial, etc., de población con más ingresos que los antiguos residentes y usuarios; todo ello ocasiona el incremento de las rentas urbanas y el desplazamiento directo o indirecto de la población residente de menos ingresos.
Este proceso ya había sido identificado por Engels en la ciudad de París, Francia, después de que el Barón Haussmann reconstruyera el centro. Esta remodelación correspondió a la Revolución Industrial que ocurrió en ese momento y a la necesidad de controlar la protesta social, lo que implicó el desplazamiento de obreros establecidos en áreas centrales para dar paso a nuevas edificaciones. En este sentido, no hay gentrificación buena para los trabajadores, porque este sistema funciona para las clases poseedoras del capital.
La gentrificación en la Ciudad de México tiene una participación activa del Estado mediante políticas de desarrollo urbano, las cuales muchas veces minimizan u ocultan el efecto gentrificador. El hecho de que una vivienda en promedio cueste 3.8 millones de pesos, un precio que sólo puede pagar el dos por ciento de la población, no es un resultado creado de la noche a la mañana, sino que hubo un largo proceso en el que los gobiernos Federal y local hicieron, permitieron y omitieron reglas en favor de los rentistas y desarrolladores privados de vivienda.
Las acciones gentrificadoras del Estado se manifiestan en cuatro procesos fundamentales para el desplazamiento de la población por las altas rentas. Primero, la eliminación de la vivienda social, consecuencia de la presión neoliberal del Banco Mundial sobre los programas federal y local a fines de la década de 1980. Segundo, grandes inversiones públicas en espacios anteriormente abandonados para el establecimiento de actividades terciarias productivas “modernas”, ligadas a los sectores financiero, turístico, comercial y residencial; por ejemplo, Santa Fe. Tercero, la criminalización del uso de suelo para vivienda de terrenos irregulares por la gente que no puede acceder a una vivienda o, incluso, que ya había sido desplazada por las primeras oleadas de gentrificación. Cuarto, algunos mecanismos financieros público-privados y la normatividad urbana propician el aumento de la renta del suelo y el establecimiento de nuevos patrones de consumo en los barrios gentrificados.
Este proceso se hizo más evidente al inicio del Siglo XXI con Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal. AMLO impuso el Bando Dos y la Norma 26, medidas que implicaron facilidades extraordinarias a los desarrolladores inmobiliarios privados en zonas de mayor renta potencial, pero desvalorizadas por el abandono de las inversiones públicas y privadas. Se remodelaron antiguas zonas comerciales tradicionales ubicadas en edificaciones con alto valor simbólico y económico en Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuahutémoc; mientras que se prohibía la construcción en las colonias periféricas y cualquier intento de ello era segregado e incluso criminalizado.
Si bien los gobiernos tienen decisión en los procesos, lo más importante es que la gentrificación está condicionada por el movimiento cíclico del capital en la ciudad porque es el lugar para la realización de plusvalía. En una ciudad inserta en el capitalismo todos los procesos de renovación y mejoramiento urbano se traducen en el desplazamiento de las clases trabajadoras. La gentrificación es también expresión de la lucha de clases.
La experiencia mexicana muestra que la IED no ha sido motor del crecimiento económico ni de la productividad.
El gasto promedio de los visitantes internacionales cayó a niveles no vistos desde 2021.
El costo de la Canasta Básica Alimentaria aumentó por encima de la inflación general.
El Gobierno Federal ha destinado más de cuatro mil 500 millones de pesos para obras y preparativos relacionados con el torneo
El indicador se ubicó en niveles similares a los observados durante la pandemia de COVID-19.
Mientras los pequeños comercios enfrentan mayores presiones para operar, las compañías transnacionales verán ganancias cercanas a 400 millones de dólares
En México, más de la mitad de la población trabaja de forma informal.
Una inversión que en su abrumadora mayoría no invierte, que coexiste con la caída del producto y que el propio banco central desvincula del crecimiento, no es síntoma de prosperidad.
La falta de confianza empresarial y el entorno comercial condicionan el desarrollo de nuevos proyectos en el país.
Los mexicanos se mostraron menos optimistas respecto a la situación económica del país en los próximos 12 meses.
Para el porcentaje restante de los envíos, las autoridades mexicanas preparan reuniones de trabajo bilaterales.
Factores como las altas tasas de interés y la incertidumbre geopolítica frenan el ritmo de contratación
“El clima y los intereses económicos”, convirtieron al agua “en un instrumento de negociación política”, Vyacheslav Fetisov, presidente de la Sociedad de Toda Rusia para la Conservación de la Naturaleza.
La Zona Metropolitana de la Ciudad de México cayó a la décima posición en competitividad por menor cobertura educativa y una alta percepción de corrupción.
Las arcas del Gobierno Federal presentaron un desbalance de 217 mil millones de pesos.
En Topolobampo el pueblo Yoreme lucha contra una planta de amoniaco
En 2026 se agudiza la crisis en el sistema de pensiones
Imperialismo y soberanía: el peligro que enfrenta México
Invasión o mayor injerencia: escenarios México-EE. UU.
FIFA se llevará millones por Mundial 2026 y México cubrirá los gastos, denuncian organizaciones
En Puebla: ansias de reflectores adelantan la carrera rumbo a 2027
Escrito por Samira Sánchez
Maestra en Estudios Urbanos por El Colegio de México. Realiza estudios de doctorado en la misma institución.