Los registros corresponden a pensiones en entidades como Pemex, CFE, Nafin, Bancomext y Banrural.
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En tiempos recientes ocurrió una manifestación contra la gentrificación en la Ciudad de México, que culpó a los residentes de países ricos por encarecer la vivienda en colonias centrales y demás medios de vida de los mexicanos. Este tipo de manifestaciones son aparentemente nuevas, pues si bien antes ya había protestas para acceder a vivienda, en esta ocasión, los manifestantes hicieron referencia explícita a la gentrificación, un término que ha pasado de la academia al uso cotidiano de la mayoría de la gente.
La gentrificación fue originalmente definida por la socióloga marxista Ruth Glass como un proceso de reestructuración urbana y de desplazamiento de una clase social por otra. En este proceso, un fuerte capital se invierte en un territorio –antiguo y deteriorado– para realizar negocios privados, y esos sitios reestructurados son destinados al consumo habitacional, servicios, comercial, etc., de población con más ingresos que los antiguos residentes y usuarios; todo ello ocasiona el incremento de las rentas urbanas y el desplazamiento directo o indirecto de la población residente de menos ingresos.
Este proceso ya había sido identificado por Engels en la ciudad de París, Francia, después de que el Barón Haussmann reconstruyera el centro. Esta remodelación correspondió a la Revolución Industrial que ocurrió en ese momento y a la necesidad de controlar la protesta social, lo que implicó el desplazamiento de obreros establecidos en áreas centrales para dar paso a nuevas edificaciones. En este sentido, no hay gentrificación buena para los trabajadores, porque este sistema funciona para las clases poseedoras del capital.
La gentrificación en la Ciudad de México tiene una participación activa del Estado mediante políticas de desarrollo urbano, las cuales muchas veces minimizan u ocultan el efecto gentrificador. El hecho de que una vivienda en promedio cueste 3.8 millones de pesos, un precio que sólo puede pagar el dos por ciento de la población, no es un resultado creado de la noche a la mañana, sino que hubo un largo proceso en el que los gobiernos Federal y local hicieron, permitieron y omitieron reglas en favor de los rentistas y desarrolladores privados de vivienda.
Las acciones gentrificadoras del Estado se manifiestan en cuatro procesos fundamentales para el desplazamiento de la población por las altas rentas. Primero, la eliminación de la vivienda social, consecuencia de la presión neoliberal del Banco Mundial sobre los programas federal y local a fines de la década de 1980. Segundo, grandes inversiones públicas en espacios anteriormente abandonados para el establecimiento de actividades terciarias productivas “modernas”, ligadas a los sectores financiero, turístico, comercial y residencial; por ejemplo, Santa Fe. Tercero, la criminalización del uso de suelo para vivienda de terrenos irregulares por la gente que no puede acceder a una vivienda o, incluso, que ya había sido desplazada por las primeras oleadas de gentrificación. Cuarto, algunos mecanismos financieros público-privados y la normatividad urbana propician el aumento de la renta del suelo y el establecimiento de nuevos patrones de consumo en los barrios gentrificados.
Este proceso se hizo más evidente al inicio del Siglo XXI con Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal. AMLO impuso el Bando Dos y la Norma 26, medidas que implicaron facilidades extraordinarias a los desarrolladores inmobiliarios privados en zonas de mayor renta potencial, pero desvalorizadas por el abandono de las inversiones públicas y privadas. Se remodelaron antiguas zonas comerciales tradicionales ubicadas en edificaciones con alto valor simbólico y económico en Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuahutémoc; mientras que se prohibía la construcción en las colonias periféricas y cualquier intento de ello era segregado e incluso criminalizado.
Si bien los gobiernos tienen decisión en los procesos, lo más importante es que la gentrificación está condicionada por el movimiento cíclico del capital en la ciudad porque es el lugar para la realización de plusvalía. En una ciudad inserta en el capitalismo todos los procesos de renovación y mejoramiento urbano se traducen en el desplazamiento de las clases trabajadoras. La gentrificación es también expresión de la lucha de clases.
Los registros corresponden a pensiones en entidades como Pemex, CFE, Nafin, Bancomext y Banrural.
52 por ciento de los encuestados logra cubrir sus deudas y gastos diarios con sus ingresos actuales y 80 por ciento experimenta estrés financiero.
La caída fue más pronunciada dentro del sector manufacturero
Las exportaciones de acero a Estados Unidos han caído 55 por ciento en el último semestre.
A menos de cien días del torneo, las tarifas suben hasta mil por ciento mientras las reservas siguen en 30 por ciento.
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Tras iniciar una investigación comercial, Washington amaga con más aranceles en caso de que exista un exceso de capacidad productiva que afecte su industria manufacturera.
La refinería de Pemex en Texas perdió 80 millones de dólares en 2025.
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El incremento del petróleo podría obligar al gobierno a ampliar subsidios, lo que implicaría riesgos para las finanzas públicas.
Nayarit, Guanajuato y Michoacán encabezaron la lista de entidades con menor actividad industrial.
Los conflictos armados generan incertidumbre en los mercados, los inversionistas salen de activos de riesgo y buscan inversiones más seguras, explicó Fintual a buzos.
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Escrito por Samira Sánchez
Maestra en Estudios Urbanos por El Colegio de México. Realiza estudios de doctorado en la misma institución.