Rediseñar el apoyo a Pemex, establecer un marco de sostenibilidad de deuda y reasignar fondos en salud, son sólo algunas de las recomendaciones del centro de análisis.
Cargando, por favor espere...
En tiempos recientes ocurrió una manifestación contra la gentrificación en la Ciudad de México, que culpó a los residentes de países ricos por encarecer la vivienda en colonias centrales y demás medios de vida de los mexicanos. Este tipo de manifestaciones son aparentemente nuevas, pues si bien antes ya había protestas para acceder a vivienda, en esta ocasión, los manifestantes hicieron referencia explícita a la gentrificación, un término que ha pasado de la academia al uso cotidiano de la mayoría de la gente.
La gentrificación fue originalmente definida por la socióloga marxista Ruth Glass como un proceso de reestructuración urbana y de desplazamiento de una clase social por otra. En este proceso, un fuerte capital se invierte en un territorio –antiguo y deteriorado– para realizar negocios privados, y esos sitios reestructurados son destinados al consumo habitacional, servicios, comercial, etc., de población con más ingresos que los antiguos residentes y usuarios; todo ello ocasiona el incremento de las rentas urbanas y el desplazamiento directo o indirecto de la población residente de menos ingresos.
Este proceso ya había sido identificado por Engels en la ciudad de París, Francia, después de que el Barón Haussmann reconstruyera el centro. Esta remodelación correspondió a la Revolución Industrial que ocurrió en ese momento y a la necesidad de controlar la protesta social, lo que implicó el desplazamiento de obreros establecidos en áreas centrales para dar paso a nuevas edificaciones. En este sentido, no hay gentrificación buena para los trabajadores, porque este sistema funciona para las clases poseedoras del capital.
La gentrificación en la Ciudad de México tiene una participación activa del Estado mediante políticas de desarrollo urbano, las cuales muchas veces minimizan u ocultan el efecto gentrificador. El hecho de que una vivienda en promedio cueste 3.8 millones de pesos, un precio que sólo puede pagar el dos por ciento de la población, no es un resultado creado de la noche a la mañana, sino que hubo un largo proceso en el que los gobiernos Federal y local hicieron, permitieron y omitieron reglas en favor de los rentistas y desarrolladores privados de vivienda.
Las acciones gentrificadoras del Estado se manifiestan en cuatro procesos fundamentales para el desplazamiento de la población por las altas rentas. Primero, la eliminación de la vivienda social, consecuencia de la presión neoliberal del Banco Mundial sobre los programas federal y local a fines de la década de 1980. Segundo, grandes inversiones públicas en espacios anteriormente abandonados para el establecimiento de actividades terciarias productivas “modernas”, ligadas a los sectores financiero, turístico, comercial y residencial; por ejemplo, Santa Fe. Tercero, la criminalización del uso de suelo para vivienda de terrenos irregulares por la gente que no puede acceder a una vivienda o, incluso, que ya había sido desplazada por las primeras oleadas de gentrificación. Cuarto, algunos mecanismos financieros público-privados y la normatividad urbana propician el aumento de la renta del suelo y el establecimiento de nuevos patrones de consumo en los barrios gentrificados.
Este proceso se hizo más evidente al inicio del Siglo XXI con Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal. AMLO impuso el Bando Dos y la Norma 26, medidas que implicaron facilidades extraordinarias a los desarrolladores inmobiliarios privados en zonas de mayor renta potencial, pero desvalorizadas por el abandono de las inversiones públicas y privadas. Se remodelaron antiguas zonas comerciales tradicionales ubicadas en edificaciones con alto valor simbólico y económico en Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuahutémoc; mientras que se prohibía la construcción en las colonias periféricas y cualquier intento de ello era segregado e incluso criminalizado.
Si bien los gobiernos tienen decisión en los procesos, lo más importante es que la gentrificación está condicionada por el movimiento cíclico del capital en la ciudad porque es el lugar para la realización de plusvalía. En una ciudad inserta en el capitalismo todos los procesos de renovación y mejoramiento urbano se traducen en el desplazamiento de las clases trabajadoras. La gentrificación es también expresión de la lucha de clases.
Rediseñar el apoyo a Pemex, establecer un marco de sostenibilidad de deuda y reasignar fondos en salud, son sólo algunas de las recomendaciones del centro de análisis.
La carne de res, alimentos preparados y productos personales encabezaron las variaciones mensuales.
Mokyr, Aghion y Howitt fueron galardonados por su contribución a la comprensión del impacto de la innovación en la economía.
Productos agropecuarios y energéticos empujan alza de precios; chile serrano, tomate verde y cebolla registran los mayores incrementos
Uno de los cambios más anunciados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026 es la implementación de los llamados impuestos “saludables”.
A partir de enero de 2026, todos los clientes deberán tener un MTU definido o se les asignará un límite automático.
Indica a los ahorradores como recuperar su capital.
La región debe reformar sus políticas de desarrollo productivo, centrarse en la innovación, la colaboración multinivel y la creación de empresas productivas, aseguró la CEPAL.
El Gobierno Federal mantiene una perspectiva optimista, pero la inversión cayó a niveles no vistos desde 2022
La caída en la inmigración afectará la innovación, el empleo y la salud fiscal de Estados Unidos: The Economist.
Este año sólo se generarán entre 20 mil y 40 mil fuentes de empleo formales.
De aprobarse, los nuevos aranceles alcanzarán niveles similares a los impuestos por Estados Unidos.
El organismo afirmó que el país crecerá plenamente cuando se resuelva la renegociación del T-MEC.
La inflación, entendida como el incremento “generalizado” de los precios, se mide a través de un índice que agrega los precios de las diferentes mercancías.
Sólo en 2023, las factureras provocaron un daño de más de 21 mil millones de pesos al fisco.
Confirman 300 mil damnificados y 81 localidades afectadas por las lluvias en Veracruz
Veracruz carece de seguro contra desastres naturales desde junio
La ayuda no ha llegado a Poza Rica; población se organiza para llevar víveres
Habitantes de Álamo, Veracruz, en emergencia por inundaciones
Poza Rica amanece bajo el agua; se desborda río Cazones
T-MEC: la renegociación de un tratado desventajoso
Escrito por Samira Sánchez
Maestra en Estudios Urbanos por El Colegio de México. Realiza estudios de doctorado en la misma institución.