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La iglesia católica pidió una mayor discusión y análisis a la reforma judicial por parte del Poder Legislativo, además de que éste promueva la participación de todas las personas que podrían verse afectadas por las modificaciones constitucionales, tales como los trabajadores del Poder Judicial.
Lo anterior, luego de que el Congreso de la Unión aprobará la reforma donde los jueces y magistrados será elegidos a través del voto popular, propuesta que fue aprobada y publicada en septiembre pasado.
Este miércoles, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) advirtió que una falta de diálogo por parte de Morena y sus aliados respecto a las disposiciones judiciales, "puede generar consecuencias graves para la convivencia social y el orden institucional, comprometiendo la confianza en nuestro país y amenazando la estabilidad del Estado de derecho".
En ese sentido, los obispos en el país enfatizaron que el Estado de Derecho es "una exigencia ética" que emana de la dignidad humana. Recordaron que la doctrina social de la iglesia enseña que "el poder tiene límites morales y legales", así como que la "autoridad debe ejercerse como servicio al bien común".
“Como pastores del Pueblo de Dios y ciudadanos comprometidos con el bien común, manifestamos a la ciudadanía entera, a la opinión pública y a los tres Poderes de la Unión, nuestra más profunda preocupación ante la gravedad de los recientes hechos que acentúan una polarización sin precedentes en torno al marco legal y a la armonía entre los distintos poderes del país", detalló la CEM.
El grupo religioso pidió a los legisladores tomar en cuenta a todas las fuerzas políticas del pleno, así como escuchar a los especialistas en derecho constitucional y a las voces de la sociedad civil.
También exhortaron a los actores políticos y sociales afines a la doctrina social de la iglesia, a recuperar el diálogo constructivo, fortalecer las instituciones democráticas, anteponer el bien común a los intereses particulares, respetar el orden constitucional y a proteger la dignidad de todas las personas.
El comunicado de la CEM se enmarca en medio de una batalla por parte de trabajadores del Poder Judicial para frenar la reforma judicial, y la negativa del Gobierno federal por suspender las elecciones de jueces y magistrados programada para junio de 2025, a pesar de que los diversos juicios de amparo que se han interpuesto para ese fin.
El nueve de octubre de 2024, el Senado de la República aprobó un dictamen para adicionar a la Sección VI del Artículo 123 de la Constitución un párrafo que establece que el incremento anual del salario mínimo.
El oficio de notificación fue emitido el día de ayer, 3 de octubre, en el que se estableció la suspensión provisional concedida a la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
Tiene como objetivo frenar los aumentos que superen la inflación reportada el año anterior.
La reforma al Poder Judicial debe recibir el aval de al menos 17 estados para convertirse en Ley.
La propuesta establece que los créditos que entran bajo esta modalidad son aquellos que involucran el pago fraccionado de seguros u otros servicios financieros.
“Cuando el poder del Estado no puede ser contenido, controlado o frenado, se pone en riesgo los derechos humanos”, dijo la ministra.
Los órganos autónomos en México son entidades públicas con funciones específicas independientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La falta de regulación provocó un alto impacto: en 2024 murieron 533 personas y en los primeros tres meses de 2025, otras 111.
La reforma introduce una normativa que establece un tope al alquiler de viviendas en la Ciudad de México.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución para crear un sistema de vivienda social para trabajadores.
El 1º de junio de 2025 se realizará, según ha informado la Presidenta Claudia Sheinbaum, la primera elección judicial en la historia reciente de México.
Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) solicitaron “abrir las puertas” del Congreso de la Unión para dialogar y proponer ideas que enriquezcan la propuesta.
A cinco días de que venza el plazo, Zaldívar señaló que "el gran reto que enfrenta el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo es el número de postulaciones".
El artículo 104, fracción IX, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la CDMX señala que los concejos, en su integración, deben respetar el principio de paridad entre los géneros.
La reforma asigna responsabilidades al Instituto Nacional Electoral (INE), al Congreso y al Poder Judicial Federal (PJF).
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera