El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya no tiene dinero; y ahora, a sólo poco más de un mes de las elecciones del dos de junio, se halla desesperado por echar mano de cualquier reserva. Pero hay que recordar que, casi desde el inicio del sexenio, recurrió a tal maniobra; dispuso de los llamados fondos de estabilización, que se usaban para financiar el gasto oficial cuando la administración no disponía de los ingresos fiscales suficientes. Entonces tomó más o menos 308 mil millones de pesos (mdp).

Luego sustrajo varios fideicomisos, entre ellos los que garantizaban gastos en ciencia, salud y emergencias catastróficas, de las que se hacía cargo el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), cuyos recursos habrían sido útiles, al menos, para atender las necesidades de las familias trabajadoras de Acapulco después de que el huracán Otis destruyó sus casas, escuelas, hospitales y centros de trabajo. El gobierno se “agenció” 135 mil mdp de estos fondos.

Más tarde se lanzó contra los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, en los que los trabajadores de esta institución guardaban el dinero destinado a su jubilación. Al apropiarse de esos fondos, el gobierno y los legisladores morenistas querían disponer de 15 mil mdp, pero la oportuna interposición de amparos evitó ese despropósito.

El gobierno ha recurrido a tales abusos porque su gasto ha sido ineficiente, porque ha preferido dirigirlo a obras inútiles como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que tiene “más baños que vuelos”, como denunció una diputada; y sustituyó el proyecto de un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuya cancelación siguen pagando los ciudadanos y que hoy estaría funcionando, si no se hubiera suspendido, con el compromiso de recuperar el lago de Texcoco e instalar ahí un parque ecológico, obras que hasta ahora siguen colgadas del mentiroso discurso morenista.

La refinería, inaugurada en más de una ocasión, sigue sin refinar un sólo barril de gasolina, como advirtió en su momento Ochoa Reza, exdiputado federal y exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); su “austero” costo de ocho mil millones de dólares (mdd) se elevó al doble: 16 mil mdd.

El mismo despilfarro de recursos públicos se observa en la creación del “mejor sistema de salud pública” que, según el Presidente, sería similar al de Dinamarca, ya que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), en lugar del desaparecido Seguro Popular (SP), resultó inviable y en un semestre fue cambiado por el IMSS-Bienestar. Además de los miles de mdp gastados en este capricho, a la fecha el gobierno mantiene vigentes 543 contratos por un monto de 15 mil 697 mdp (El Universal).

En igual despropósito se encuentra el Tren Maya, cuya construcción, desde su inicio, cavó el foso de una “cueva de Alibabá para 40 ladrones” ya que, como ha denunciado el portal de noticias Latinus, en la administración de su financiamiento se detectan múltiples actos de corrupción y su “austero” costo inicial programado de entre 200 mil y 300 mil mdp habrá llegado a los 515 mil mdp al cierre de 2024, según un análisis del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMC) reseñado en el diario El Economista en diciembre de 2023). El Tren Maya ya se descarriló.

Pero la administración federal, el grupo parlamentario de Morena y sus aliados no se conforman con los numerosos despropósitos en que habían incurrido hasta ahora y el pasado 22 de abril cometieron otro atropello contra los ciudadanos, pues aprobaron una reforma en el financiamiento de las pensiones laborales de los trabajadores mayores de 70 y 75 años afiliados en los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para disponer de su monto y enviarlo al “Fondo de Pensiones para el Bienestar”.

Lo que el grupo legislativo mayoritario y sus aliados aprobaron puede explicarse con este sencillo ejemplo: supón que, en tu casa, tienes ahorros cuyo monto, desde hace algún tiempo, no has aumentado ni usado, ya sea porque esperas utilizarlo cuando sea necesario o heredarlo a tus hijos o a otras personas. A este ahorro se le considera “inactivo”; y precisamente con el argumento de que ese dinero está inmóvil, los morenistas aprobaron una reforma legal que equivale a meterse a tu casa, abrir tu caja de ahorros y llevarse tu dinero.

Las cuentas controladas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) tienen beneficiarios; pero los menores de 70 años no pueden disponer de su dinero porque permanecen inactivas; y aquéllas únicamente se activan cuando el beneficiario cumple esa edad. Sin embargo, hay beneficiarios que cubren este requisito, pero que, por razones arriba citadas o por desconocimiento, no las han activado mediante el cobro de las cuotas mensuales o el monto. Estas personas enfrentan el riesgo de ser atropelladas por los morenistas y sus aliados. 

En vez de apropiarse de ese dinero, el gobierno debería ayudar a los beneficiarios, o a sus herederos, a recibir esos recursos que con tanto esfuerzo y años de trabajo lograron acumular; y no llevarlos a un fideicomiso federal. El monto total de este despojo financiero privado asciende a 76 mil, 132 mdp, los cuales están registrados en las Afores y son administrados por el Banco de México (Banxico), no por la banca privada, como argumenta el bloque morenista en la Cámara de Diputados.

Después de que estos señores sustrajeron el dinero público de los fideicomisos, como los vampiros, ahora quieren la sangre de los trabajadores para destinarla a un fondo federal que no tiene reglas de operación claras y que, por tal motivo, será tan turbio como la mayoría de las instituciones del Gobierno Federal, evaluado como el más opaco de la historia reciente de México.

Por ello exhortamos al pueblo de México a construir el instrumento de su liberación. Es decir, que se sume al Movimiento Antorchista Nacional (MAN) para que, dentro de sus filas, adquiera la fuerza y los conocimientos necesarios para defenderse de esta clase de atropellos y luche por un país nuevo, desarrollado, viable, equitativo y amigable con el medio ambiente. La construcción de un gobierno popular es precisamente la tarea que se ha impuesto el Movimiento Antorchista Nacional.