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Foto: X @ObturadorMX_
El colectivo “Alto a las injusticias en Veracruz” hizo un llamado este martes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que vigile la actuación de los jueces en ese estado y dejen la impunidad, selectividad y persecución que hoy se vive en la administración de justicia de la entidad.
Argumentan que se endureció el Código Penal y abrió la puerta a detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos. Así como los casos de presos políticos.
El representante de Alto a las injusticias en Veracruz, Rafael Hernández informó que el sistema carcelario en ese estado cuenta con un registro de por lo menos 3 mil 500 detenciones arbitrarias entre los 7 mil internos.
En enero del este 2024 otro colectivo denominado “Justicia y Dignidad Veracruz” hizo público que sus familiares desaparecidos fueron borrados del censo de desaparecidos que realiza el Gobierno Federal.
Además, el colectivo publicó más de una veintena de videos en redes sociales en los cuales familiares denuncian que desaparecieron a sus seres queridos del censo que mando a “limpiar” el presidente de México, entre estos se encuentra el de Asunción Petrus Cano, madre de Felipe de Jesús, quien expuso que su hijo desapareció en Veracruz el 26 de octubre del 2019 y, sin embargo, no aparece en la base de datos de los desaparecidos.
Por las mismas redes sociales postearon imágenes donde integrantes del colectivo remiten sus denuncias al presidente Andrés Manuel López Obrador porque su gobierno desapareció del nuevo censo que llevan a cabo gobernadores y la Secretaría de Gobernación a sus familiares desaparecidos.
• En riesgo la vida de pacientes a consecuencia de una mal orientada medida de austeridad con el pretexto de obtener ahorros.
Se trata de uno de los sectores más importantes de la sociedad; es también el más indefenso, no está en condiciones para hacer valer sus derechos por él mismo, requiere de la protección de toda la sociedad.
“Estamos hablando de un acto propagandístico, es un enfrentamiento entre grupos, pero también es un acto de provocación”.
En 2023, el Buen Fin generó una derrama económica superior a 150 mil millones de pesos.
A la lista de accidentes se suma también los reportes por daños en el equipo ferroviario, la infraestructura o percances en la operación.
La Zona del Silencio es, pues, una quimera.
Las alcaldías somos el gobierno de primer contacto con la ciudadanía. Si de nueva cuenta le recortan sus recursos para el año 2021, se ponen en riesgo los servicios y obra pública.
Grupos delictivos dedicados a invadir inmuebles, en los últimos tres años, han realizado 11 mil 113 despojos con apoyo de Morena y algunos funcionarios de la Ciudad de México.
AMCHAM urgió una respuesta del Gobierno de México para lograr soluciones.
Con un promedio mensual de apenas siete 181 pesos, lo que representa la media más baja entre las 66 ciudades analizadas.
Hizo un llamado a rechazar este planteamiento, y no conformarse con la pobreza y el hambre, que es a donde llevará la medida del presidente.
El pasado nueve de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el PEF 2024, en el que se contemplan recortes del nueve al 12% en varias áreas o aumentos insignificantes en la atención a los padecimientos específicos de la mujer, como salud materna, salud sexual y reproductiva, entre otras.
Es necesario el apoyo del gobierno para repartir insumos alimenticios entre la población para poder prevenir una inestabilidad social en el país.
Ocho de cada 10 contratos que el gobierno de López Obrador suscribe para sus compras, son adjudicación directa (80%), práctica que más propicia actos de corrupción, según los especialistas.
Fue durante el mandato del actual jefe del Ejecutivo que fue visible el fortalecimiento presupuesto de las Fuerzas Armadas y el simultáneo debilitamiento de las policías locales.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera