Minimizar los efectos de los fenómenos naturales sobre la población mexicana es una práctica común de los gobernantes; éstos informan, a veces, de un centenar de personas pendientes de atender, cuando el número de municipios afectados por el meteoro es de varias decenas y son miles las familias damnificadas. Esta actitud parte de las esferas más altas del gobierno cuya política, según los analistas, tiene como esencia actuar después del evento y no la prevención del mismo; así se explica la orden de desaparecer los fondos destinados a ayudar a la población en caso de desastres naturales; la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un ejemplo elocuente de lo anterior; pero la incorrecta política ante los desastres llega al extremo de utilizar los insuficientes e inoportunos apoyos para hacer proselitismo político entre las víctimas, para impulsar las campañas políticas del partido gobernante. Éstos son algunos de los aspectos que destaca el Reporte Especial de esta semana, que habla de la inacción gubernamental frente a los desastres naturales.

Los terribles efectos causados por fenómenos meteorológicos sobre la población mexicana, inerme ante los embates de la naturaleza, exhiben la falta de obras de protección construidas por los gobiernos locales y Federal y evidencian la ausencia de una política responsable, verdaderamente preocupada por las necesidades y la seguridad de los ciudadanos, que cada año pierden sus hogares, a sus seres queridos o la vida misma.

Existen muchos ejemplos que demuestran la carencia de una política de prevención que disminuya o evite los efectos desastrosos de fenómenos naturales como los huracanes Otis y John, por mencionar algunos de los más recientes. La devastación causada en 2023 por Otis ilustra esta falta de prevención; y después de un año, la reconstrucción y la reparación de los daños en el estado de Guerrero son excesivamente lentas.

Muchos mexicanos se preguntan por qué son tan raquíticos los recursos para prevenir y, después, para reparar los daños en este tipo de contingencias; la respuesta no es otra que las mismas acciones del gobierno. Si pudieron invertirse cientos de miles de millones de dólares en obras que a simple vista parecen menos apremiantes, ¿por qué no asignar recursos para atender futuros daños por huracanes, sismos, inundaciones, etc.? Al expresidente le pareció mejor beneficiar a magnates, industriales y grandes comerciantes con megaobras como el Tren Maya en lugar de realizar acciones que hubieran evitado pérdidas materiales y humanas.

Las megaobras de AMLO demuestran que es posible realizar grandes desembolsos; y demuestran, también, que hay gobiernos que prefieren invertir con fines propagandísticos y no para lo más urgente, es decir, lo que puede evitar sufrimiento a las mayorías. Después de los desastres no se sabe de ninguna megainversión para reconstruir y auxiliar a los damnificados, que hoy se manifiestan exigiendo el apoyo gubernamental.

El Reporte Especial de esta semana demuestra, además, que el gobierno cuenta cada año con información oportuna y precisa de los fenómenos meteorológicos que se presentarán en territorio nacional, así como de su magnitud y nivel de riesgo para la población; que es posible dictar medidas no reactivas, sino preventivas, es decir, antes de que ocurran los fenómenos; y que es posible actuar antes de que las desgracias se ensañen con los más vulnerables. A pesar de ello, las políticas erróneas han subsistido por sexenios y empeoraron notablemente durante el gobierno de AMLO, que construyó megaobras pero no destinó recursos a la prevención sino, al contrario, ordenó la desaparición de fondos que gobiernos anteriores habían creado para la reconstrucción y el apoyo a las víctimas de desastres naturales. Hoy, los gobiernos locales de varias entidades tendrán que constituir un fondo de auxilio que apoye a los afectados después de la catástrofe.