Los legisladores de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron recientemente una reforma constitucional que elimina la responsabilidad del Estado de generar energías limpias. Esta decisión de la coalición oficialista contraviene los compromisos internacionales suscritos por el Estado nacional en las últimas dos décadas y coloca a México en un rumbo opuesto a varios países desarrollados y en vías de desarrollo como Suecia, Noruega, Dinamarca, Zimbabue y Sudáfrica, que avanzan hacia la generación de energías sostenibles.

A partir del año 2000, varias naciones europeas decidieron abandonar su dependencia del carbón y otros combustibles fósiles y producir energías mediante el uso de fuentes limpias como la solar y eólica para no contaminar y cuidar el medio ambiente. Este deslinde es conocido como “descarbonización”.

En el puerto turístico de Cancún, Quintana Roo, se celebró la Conferencia de Partes (COP16) en 2010, perteneciente a la convención-marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (ONUCC); en ella, los participantes –incluído el Estado mexicano– se comprometieron a reducir sus emisiones contaminantes y a promover las energías limpias.

A partir de ese año, las autoridades mexicanas empezaron a definir estrategias para integrarse a la nueva carrera energética y, en 2014, el Gobierno Federal, entonces encabezado por el expresidente Enrique Peña Nieto, estableció un impuesto al carbono con el propósito de gravar las emisiones de gases de efecto invernadero expulsados por empresas industriales.

La Ley General de Cambio Climático y la de Transición Energética, promulgadas en 2012, conformaron las bases de este impuesto, cuya tasa impositiva y cobertura son muy bajas, por lo que su efectividad resulta limitada, como también su objetivo secundario: financiar proyectos que combatan el cambio climático.

En el foro de la COP21 de la convención-marco de la ONUCC, celebrada en París en 2015, los gobiernos de las naciones participantes asumieron compromisos globales para limitar el calentamiento global y promover las energías renovables mediante políticas de Estado activas y prácticas.

El Estado mexicano se desdijo de estos compromisos internacionales con una actitud irresponsable y poco preocupada con el futuro de la humanidad.

Rezago en energías limpias 

El informe Fomento de una transición energética eficaz, elaborado por el Foro Económico Mundial y editado en 2021, señala que durante la última década, de 115 países, 92 han progresado en su transición energética; y sólo 13 han logrado mejoras significativas en diversas áreas: desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y acceso a la energía.

Según el Índice de Transición Energética (ETI-2021), la carrera energética es liderada por los tres países escandinavos: Suecia, Noruega y Dinamarca; le siguen Suiza, Austria, Finlandia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia e Islandia. La población de estas naciones equivale a cerca del dos por ciento de la totalidad mundial; y emiten alrededor del tres por ciento del dióxido de carbono (CO²).

El análisis destaca que el éxito de los países europeos en la reducción del uso de carbono se atribuye al compromiso político sólido de sus gobiernos y a significativas inversiones económicas.

Por sus condiciones económicas y políticas, México está muy lejos de alcanzar los primeros lugares en la carrera energética y lo estará aún más luego de que los legisladores oficialistas hicieron cambios en los Artículos 25°, 27° y 28° de la Carta Magna.

Las modificaciones permitirán a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) prevalecer sobre las empresas privadas en la generación y suministro de energía eléctrica. En el Artículo 27° se eliminó el párrafo que atribuía al Estado la responsabilidad de la transición energética, el uso sustentable de las fuentes de energía disponibles y la necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

Los legisladores opositores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano denunciaron que los morenistas habían alterado el dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales; calificaron la reforma como un grave retroceso y aseguraron que contradice el compromiso de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de promover un programa de transición energética hacia fuentes renovables.

A 10 años de la creación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles fósiles, Edmond Grieger Escudero, vicepresidente de la Comisión de Energía de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), concedió una entrevista a buzos sobre las implicaciones de este impuesto.

Recordó que la ICC elaboró un diagnóstico sobre el proceso de descarbonización del sector eléctrico mexicano con aplicación paulatina para el próximo cuarto de siglo (2050), cuyas estrategias fundamentales son el ahorro de energía, la eficiencia, la generación de energía renovable y el uso de tecnologías para capturar carbono; por lo que el impuesto a esta sustancia (y sus derivados) es un componente relevante porque está orientado hacia las energías sostenibles.

Aseguró que aun cuando el impuesto al carbono es una buena iniciativa, su aplicación en México no ha sido la más adecuada; y se ha convertido en un ejercicio recaudatorio en vez de una herramienta efectiva para la descarbonización.

El especialista explicó que la tasa de 43 pesos por tonelada de CO² emitida resulta demasiado baja si se compara con las aplicadas en países como Canadá, donde el impuesto asciende a 30 dólares por tonelada, equivalente a 582 pesos mexicanos.

Esta diferencia significativa limita los incentivos para que las empresas reduzcan su dependencia hacia combustibles fósiles y, por tal motivo, las industrias más contaminantes se resisten a la sostenibilidad; y la exención de sectores importantes, como el transporte aéreo y la producción de gas natural, agrava esta situación.

Grieger Escudero destacó que la cobertura del impuesto al carbono en México está muy limitada porque excluye a otras fuentes productoras de gases de efecto invernadero, como la agricultura y la extracción de gas natural, cuya carga impositiva es del cero por ciento. 

Además, precisó el experto, los ingresos generados por el IEPS no se destinan íntegramente a los proyectos relacionados con la transición energética o la reducción de emisiones. Esto contrasta con las prácticas de otros países, donde tales fondos son utilizados para financiar la generación de energías limpias.

“En México, la falta de etiquetado de estos ingresos impide que el impuesto cumpla su propósito ambiental, lo que reduce la efectividad de la lucha contra el cambio climático”, subrayó Grieger, quien insistió en que hay mucho por hacer en la recaudación efectiva ya proyectada para reducir las emisiones contaminantes.

Sin una revisión integral que incluya a todos los sectores contaminantes y que asigne los recursos recaudados a proyectos de sostenibilidad, el impuesto al carbono en México será insuficiente para abordar positivamente la crisis climática. “Para avanzar es fundamental adoptar un enfoque más inclusivo y proactivo que potencie el impacto ambiental de este tipo de impuestos”, aseguró.

El IEPS se aplica a varios combustibles, incluidos gasolina, diésel y gas natural; y al final son los consumidores quienes asumen su costo, lo que plantea interrogantes sobre su efecto real en la reducción de las emisiones.

Las más contaminantes 

La paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) es una de las empresas que más contaminan en el país, con la emisión de 71.2 millones de toneladas de gases que contribuyen al efecto invernadero, según la organización InfluenceMap, que realizó un estudio de las compañías del sector energético más contaminantes del mundo.

Otras empresas que generan gran cantidad de gases contaminantes son la CFE, porque utiliza combustibles fósiles para producir energía eléctrica, como su planta de Tula, en el estado de Hidalgo, así como la compañía Cementos de México. 

Frente a esta realidad, Grieger sugiere aumentar la tasa del impuesto al carbono, ampliar su cobertura y crear un sistema de etiquetado a los ingresos. Este enfoque permitiría dirigir recursos hacia la transición energética y la reducción de emisiones, y se eliminarían con los compromisos internacionales de México en el marco del Acuerdo de París.

Este documento, comprometido en 2015, es un tratado internacional que limita el calentamiento global a menos de dos grados Celsius (1.5º) mediante el compromiso de los gobiernos de los países firmantes de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La COP26, celebrada en Glasgow en 2021, fue crucial para la ratificación y el avance del Acuerdo de París. Durante esta cumbre se destacó la necesidad de fortalecer los compromisos nacionales en la reducción de emisiones, así como la importancia de financiar la transición hacia energías limpias.

Los países firmantes se comprometieron a presentar planes más ambiciosos y a trabajar en la implementación de medidas que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático para reafirmar su responsabilidad colectiva de proteger el planeta.

El Gobierno de México asumió el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 22 por ciento para 2030 y a neutralizar el carbono para 2050. Sin embargo, su dependencia hacia los combustibles fósiles, la falta de financiamiento adecuado y la inconsistencia en las políticas ambientales le impiden cumplir a cabalidad con tales compromisos.

Grieger advirtió que México puede aprender de la experiencia de Canadá y la Unión Europea, cuyos ingresos de estos impuestos son utilizados “para financiar programas de transición energética, subsidios para energía renovable o compensaciones para comunidades y hogares vulnerables. También tienen un aspecto social, y México no ha adoptado un enfoque similar en este tema; entonces, esto limita el potencial del IEPS en México para que contribuya de manera directa a la reducción de emisiones”.

El experto concluyó su entrevista con buzos subrayando la realización de un análisis profundo sobre el funcionamiento del impuesto al carbono para que cumpla con el compromiso del Estado de avanzar hacia la sostenibilidad, pues a 10 años de su creación “el desafío radica en convertirlo en una herramienta efectiva que no sólo genere ingresos, sino que también contribuya a un futuro más sostenible y saludable para el país”.

Por su parte, la organización México Evalúa coincidió con el planteamiento del ICC porque explicó que para maximizar el potencial del impuesto deben establecerse metas claras de recaudación y mitigación; asignar recursos a proyectos específicos y crear mecanismos de monitoreo que aseguren la efectividad en la lucha contra el cambio climático.

Aseguró que a pesar de que la tasa del impuesto al carbono se ha mantenido estable, se halla muy por debajo del promedio mundial; y la falta de control impide un monitoreo efectivo de su destino final, porque no se han realizado evaluaciones sobre su impacto en términos ambientales y sociales.

También reveló que el impuesto fue diseñado sin considerar adecuadamente el “factor de sustitución”; es decir, las opciones que tendrían los consumidores para reducir su uso de combustibles fósiles. Aunque existen alternativas, como la electricidad y el uso de gas natural, la falta de análisis y apoyo limitan su adopción.

“Para que el impuesto cumpla su propósito de reducir emisiones, resulta crucial establecer mecanismos claros que fomenten cambios en el consumo y evalúen la eficacia de las alternativas disponibles”, concluye el análisis de México Evalúa.