La falta de exigencia del gobierno estatal encabezado por María Eugenia Campos Galván para que las instituciones del gobierno afiliadas a Pensiones Civiles del Estado (PCE) paguen sus adeudos está creando una crisis financiera que ya ha provocado el deterioro progresivo de los servicios de salud y seguridad social, que afecta a los más de 95 mil derechohabientes.

A principios de este siglo, Pensiones Civiles del Estado (PCE) era una institución sólida, con un servicio médico superior a otros organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El presupuesto alcanzaba para brindar calidad y surtir medicamentos que requería el trabajador. Sin embargo, el crecimiento del número de pensionados y la disminución de trabajadores activos ha generado un desequilibrio financiero; a esto se suma que varios organismos gubernamentales no entregan las aportaciones correspondientes a PCE, por lo que aumenta su deuda y agrava el problema.

Aunque la mayoría de los organismos han cumplido con los pagos durante la actual administración estatal, la deuda es producto de incumplimientos heredados del sexenio anterior, cuando algunos patrones no entregaban las cuotas descontadas a los trabajadores o no cubrían el diferencial por el servicio médico.

Hasta el 31 de enero de 2025, los principales deudores de PCE incluían a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), con un adeudo de 921 millones 442 mil 277.19 pesos; la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, con 233 millones 936 mil 669.45 pesos; el Instituto Chihuahuense de Salud, con 135 millones siete mil 676.53 pesos; la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral, con 56 millones 674 mil 86 pesos; el Tribunal Superior de Justicia, con 29 millones 575 mil 69.11 pesos; y la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, con 404 mil 734.70 pesos.

En total, las 53 instituciones mantienen una deuda que asciende a mil 451 millones 547 mil 720 pesos, sin incluir recargos. Como respuesta, la exigencia es clara: los deudores deben pagar y el dinero debe destinarse al rescate de las PCE.

Historia

A mediados del siglo pasado, el magisterio del subsistema estatal solicitó al gobierno del estado la creación de un instituto de seguridad social para ellos y sus familias, pues en ese momento no tenían seguridad para préstamos y su futura pensión.

Fue así como se creó la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua en tiempos del gobernador Teófilo Borunda Ortiz mediante el decreto No. 92 de la Cuadragésima  Quinta Legislatura del Estado, publicado en el Periódico Oficial No. 7 el miércoles 23 de enero de 1957.

La seguridad social del naciente instituto amparaba no sólo a los trabajadores de la educación del subsistema estatal, sino que el gobierno del estado fue afiliando paulatinamente a todos sus trabajadores de las diversas categorías.

De acuerdo con documentos oficiales, el 1º de marzo de 1958 se incorporó al régimen de la Ley de Pensiones al personal de la UACh; el 1º de mayo de 1968 fue agregado el personal de los hospitales Central, Infantil y Psiquiátrico de Chihuahua, y los hospitales de la asistencia pública del estado en Cd. Juárez, Jiménez y Cuauhtémoc; la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento y la Junta Central de Aguas y Saneamiento se incorporaron en 1971 y 1974, respectivamente.

Durante nueve años, PCE de Chihuahua fue una institución solamente facultada para otorgar pensiones y préstamos diversos.

El 17 de febrero de 1965, el gobierno del estado y el sindicato de maestros del sistema estatal firmaron un convenio por el que el gobierno se obligaba a gestionar la incorporación de los trabajadores del estado y los trabajadores de la educación a los regímenes de seguridad social del IMSS o del ISSSTE, gestión que resultó en un fracaso, por lo que el gobierno resolvió de otra manera.

Fue así como el gobierno del estado encomendó también a PCE la organización, funcionamiento y prestación de los servicios médicos para los trabajadores del magisterio estatal a través de un órgano desconcentrado llamado Servicios Médicos Estatales. Así, PCE tenía el cuadro completo, prestaba los servicios médicos y de pensiones a los derechohabientes. 

Magisterio demanda un sistema de salud

En 2025, a los derechohabientes de PCE se sumaron los de 65 municipios del estado. Los beneficiarios por este sistema ascendieron a 95 mil personas, equivalentes a 2.3 por ciento de la población total en Chihuahua. 

La demanda del magisterio para que PCE ofreciera servicio médico de calidad, además de que se contara con los insumos necesarios, inició en abril de 2021, cuando el exgobernador panista Javier Corral y el consejo administrativo de este instituto dejaron sin servicio médico a jubilados y pensionados porque los fondos de PCE fueron utilizados en el gasto corriente y porque la Secretaría de Finanzas no entregaba las cuotas descontadas a los trabajadores del Estado.

Desde esa fecha, la situación empeoró y el descontento de los maestros se incrementó; así, en octubre de 2022, los docentes de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron en el centro de la ciudad de Chihuahua frente al edificio Héroes de la Revolución para solicitar servicio médico de calidad.

En esa ocasión, cientos de derechohabientes de PCE se dividieron en grupos para bloquear las entradas del edificio Héroes de la Reforma; exigieron el pago al adeudo que se tiene con el instituto, mejora en el servicio y médicos especialistas.

El profesor Manuel Quiroz Carbajal, secretario de la Sección 42 del SNTE, denunció el pésimo servicio de PCE, donde faltan medicamentos, médicos especialistas, servicio, instalaciones y el uso del laboratorio, además de ver con total inequidad que los maestros tengan el descuento de la cuota que pagan a la institución y estén al corriente, mientras otras instituciones, usuarios del servicio (entre otros la UACh, el Poder Judicial y la Junta de Agua) deban sumas millonarias, sobre las cuales el propio estado no ha pedido los adeudos.

Magisterio estatal convoca a paro de labores 

Ante la falta de respuesta y solución, el magisterio estatal convocó a un paro de labores el 25 de febrero de 2025, a fin de exigir el rescate de PCE.

El colectivo TodosXPCE extendió oficialmente la convocatoria para el paro de labores el jueves 27 de febrero y llamó a trabajar bajo protesta durante el Consejo Técnico Escolar del viernes 28 de febrero, señalando que no se detendrán hasta que el gobierno del estado de Chihuahua responda a las necesidades y rescate al Instituto. 

Recordaron que Pensiones Civiles del Estado nació para dar servicio al magisterio estatal, llegando a ser una de las mejores instituciones de seguridad social al brindar servicios médicos de calidad, en tiempo y forma.

Con la adhesión de más derechohabientes de diversas instituciones, el servicio fue en deterioro, tanto que ahora las citas son tardadas, las cirugías se suspenden por falta de insumos, no les atienden cuando van a urgencias y el desabasto de medicamentos se ha agravado. 

Ahora, de nueva cuenta, la base trabajadora se organiza para realizar un paro de labores ante la indiferencia de las autoridades, debido a que no han recibido respuesta a las demandas para el rescate de PCE, donde se brinde un servicio médico digno, humano y de calidad.

En solidaridad con el magisterio, los ciudadanos crearon redes de ayuda para solventar el desabasto de medicamentos, cuyo problema en el estado ha motivado a los derechohabientes a conformar grupos en WhatsApp para compartir los medicamentos entre ellos, porque los necesitan y no han sido suministrados por el organismo médico, en algunos casos, durante meses.

“Quien tenga medicamentos y decida donar, los publique aquí; y conforme a las necesidades de los participantes, ya se pondrán de acuerdo para la entrega y/o recepción. Además, sería primero como programa piloto; así se puede ir mejorando este bello plan sujeto a cambios para mejorar el apoyo entre todos nosotros”, explicó a buzos uno de los usuarios, que prefirió mantener el anonimato.

Recientemente, algunas personas registradas solicitaron medicamentos que no les habían surtido “en meses”, en la mayoría de los casos antidepresivos y ansiolíticos. “Nos descuentan cada quincena; pero ese dinero no llega a PCE; ahí está el problema”, denunció Margarita López, jubilada del sector educativo.

Plantón permanente en PCE

Desde el tres de abril, docentes pertenecientes a la Sección 42 del SNTE se plantaron permanentemente en las instalaciones de PCE para exigir atención en el servicio médico; advirtieron que, de no ser así, exigirán la renuncia de los directivos de la institución; acompañados por integrantes del Comité Ejecutivo, coordinadores regionales y secretarios generales delegacionales, los maestros se presentaron en el edifico desde tempranas horas.

Entrevistado por buzos, el profesor José Fernando Camarero Vázquez, director de la Telesecundaria 6227 en Chihuahua capital, indicó: “los profesores estamos hartos de que las peticiones no sean escuchadas; de no atenderse con prontitud, los manifestantes permanecerán en el lugar hasta que el gobierno del estado atienda los reclamos”, y advirtió que, si el director y su equipo no son capaces de atender sus demandas, que renuncien al cargo.

El reclamo central consiste en el rescate de PCE; los maestros aseguran que el sistema se encuentra en crisis. “No hay medicamentos, vacunas, insulina ni especialistas. Las citas tardan de un mes a dos meses y, cuando llega la fecha, las vuelven a programar”, demandaron.

Pese a la protesta, los manifestantes han aclarado que el acceso a los servicios de salud no se ha interrumpido, pues consideran que es un derecho fundamental que no debe negarse a los ciudadanos ni a los trabajadores del magisterio.

Para los maestros chihuahuenses, el problema de PCE es del estado, la crisis financiera que conlleva al deterioro del servicio médico tiene una causa identificable, la falta de exigencia para que los organismos gubernamentales y autónomos paguen su adeudo

Los maestros reprochan la falta de apoyo del gobierno estatal para que esta crisis termine, saben que los sucesos no son propios de esta administración, el daño patrimonial viene de mucho tiempo atrás. Fue un barril sin fondo, sin atención ni administración estratégica porque no era una prioridad. El servicio es bueno en comparación con otras instituciones de salud pública. 

Se habla mucho, se dice poco. No han escuchado las voces del personal médico, ni del personal administrativo. Tampoco han escuchado las voces aisladas de pacientes que sufren en silencio los exasperantes trámites burocráticos, la falta de medicamentos en cada delegación del estado.

Si el gobierno del estado es quien designa a las autoridades de PCE, entonces es responsable por el servicio ofrecido a sus trabajadores. No sólo a los de salud, sino a los de los servicios de jubilaciones y pensión vigentes, así como otras prestaciones de esta naturaleza.

Las consecuencias de no reconocer una crisis

Marco Antonio Herrera García, director general de PCE, se pronunció ante el empeoramiento del problema, señalando, ante los medios de comunicación, que ya se acabó la época en la que los recursos fueron suficientes para atender eficientemente y con calidad el servicio médico a los afiliados y que ahora hay pocos recursos para atender a tantos derechohabientes, por lo que el instituto ha optado por reducir costos y brindar el servicio con hospitalización subrogada en nosocomios privados.

La derechohabiencia está conformada por exempleados del gobierno del estado; maestros estatales, tanto activos como pensionados o jubilados; organismos afiliados, como el Poder Judicial y Legislativo; de la UACh y las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento (JMAS). A ello se suma que, por cuestiones judiciales, ha debido afiliarse a padres y esposos.

Actualmente, el trabajador aporta tres por ciento de su salario para recibir servicio médico, mientras que el patrón aporta un seis por ciento, es decir, PCE recibe un porcentaje del salario como cuotas y aportaciones, lo que únicamente alcanza para cubrir la quinta parte del costo real del servicio médico. Las otras partes deben ser cubiertas por las organizaciones afiliadas bajo el concepto de diferencial de servicio médico, que es una especie de subsidio pagado debidamente por las instituciones.

Pago de pensiones, una bomba de tiempo

El pago de pensiones de PCE asciende a nueve mil millones de pesos (mdp) anuales; para ello requiere de un subsidio del gobierno del estado de siete mil mdp, cantidad que solamente podrá disminuir hasta 2044 “gracias” a la reforma de 2014.

El licenciado Jorge Alberto Alvarado Montes, director de Prestaciones Económicas de PCE, destacó que el servicio médico no es problema, el tema más complicado consiste en el pago de jubilaciones y pensiones debido a que el gobierno del estado destina siete mil mdp del presupuesto estatal, porque las aportaciones de los derechohabientes son de mil 300 millones.

La ley de 2014 permitió que los nuevos afiliados tengan su cuenta individual como las Asociaciones Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), y en 2024 permitirá que baje el subsidio; sin embargo, la presión al subsidio se incrementará.

Un problema que se extiende por todo el país

El sistema de retiro por vejez en México enfrenta problemas de cobertura, sostenibilidad, inequidad, fragmentación y baja tasa de remplazo. Estos problemas se presentan en un contexto de envejecimiento acelerado de la población mexicana. Para atacarlos, la actual administración ha hecho cambios para aumentar el monto de las pensiones y ampliar la cobertura. No obstante, si no se efectúa una reforma fiscal de por medio, se ahondarán los problemas relativos a su sostenibilidad y se afectarán las posibilidades de movilidad social de los jóvenes mexicanos.

Un estudio del Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) señala que hace 50 años el grupo poblacional de 60 años y mayores representaba únicamente 5.7 por ciento de la población; pero en los últimos años creció a 11.2 por ciento y se espera que para 2040 represente 21 por ciento. Los datos evidencian que el problema de seguridad social para los adultos mayores se agudizará en tanto no se replantee un sistema de salud eficiente.