Los gobiernos de Estados Unidos (EE. UU.) y México reportan una reducción histórica de hasta el 90 por ciento en los cruces irregulares fronterizos en la región de Ciudad Juárez - El Paso, pero han registrado un aumento en las deportaciones y la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito desde la cancelación de citas en la aplicación de asilo.

A consecuencia del endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump, las autoridades mexicanas sintieron que podían dar rienda suelta abiertamente a su naturaleza represiva; así se explica por qué desalojaron y destruyeron con maquinaria pesada el campamento migrante en la ciudad de Chihuahua.

La disminución de la presencia de migrantes en la frontera tiene su explicación en que la anterior política antiinmigrante de EE. UU. se radicalizó y se multiplicó por diez en el nuevo periodo presidencial de Donald Trump.

El endurecimiento de la política migratoria de la administración de Trump se explica por una confluencia de factores de carácter ideológico, económico y de estrategia electoral. Esta mayor restricción abarca desde la ampliación de las deportaciones y la construcción de centros de detención hasta la cancelación drástica de las vías de asilo y visados.

La baja en el tránsito migratorio es posible por la colaboración binacional entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Instituto Nacional de Migración (INM), y tiene como consecuencia el menor flujo de cruces no autorizados.

Al mismo tiempo, los gobiernos han reportado un incremento sostenido en las repatriaciones de mexicanos a territorio nacional por Ciudad Juárez, sumando miles de personas que son dejadas temporalmente en la frontera.

Mediante acuerdos bilaterales, ambas naciones mantienen estrategias conjuntas operando a lo largo de las rutas de trenes y puntos de internación para disuadir la migración irregular y “evitar tragedias humanitarias” (dicho literalmente). Así lo justifica la migra mexicana, el INM, que en sus comunicados enmascara el arresto y deportación de migrantes, porque renombra sus operativos, que públicamente no son persecuciones y cacería, sino “rescate de migrantes”.

En su segundo mandato, la administración de Donald Trump canceló de forma indefinida el programa de citas de asilo a través de la aplicación CBP One y anuló las citas programadas que miles de migrantes ya tenían. Además, el gobierno mexicano trata de evitar flujos indeseados no sólo en la frontera norte, sino en todo el territorio.

También el INM se endureció

Por ejemplo, desde que se dio a conocer el endurecimiento de las medidas de EE. UU., las autoridades de Chihuahua y el INM dejaron de “tolerar” la existencia del campamento migrante de la capital de Chihuahua. Este lugar era un descanso de los migrantes quienes, al cabo de miles de kilómetros recorridos en las peores condiciones imaginables, encontraban un remanso de paz a pocas horas de la frontera, al amparo de este refugio que llegó a albergar en un momento dado hasta mil 500 personas. El campamento migrante, que se ubicaba en la avenida Juan Pablo II (al sur de la ciudad de Chihuahua), fue desmantelado la madrugada del 18 de enero de 2025 durante un operativo del INM y corporaciones de seguridad. Fue como si la oficialidad hubiera recibido la orden de cebarse sobre los migrantes.

La madrugada del 18 de enero, sábado, fuerzas de seguridad (incluyendo el INM y la Guardia Nacional) rodearon el campamento. Para evitar ser detenidos o deportados, algunos migrantes prendieron fuego a colchones y mantas y huyeron, algunos con suerte y otros no con tanta. Por si fuera poco, las fuerzas represivas usaron maquinaria pesada. Tras el desalojo y el control del incendio, el gobierno municipal de Chihuahua ingresó al predio con cuadrillas de limpieza, retroexcavadoras y minicargadores para remover los escombros, las estructuras de madera calcinadas y los desechos del lugar. Dejaron todo limpio, liso, como siempre quisieron el lugar.

Durante la operación de desalojo fueron arrestadas 39 personas, incluyendo 17 menores de edad, a quienes trasladaron a refugios temporales.

El operativo violentó los derechos humanos de las personas en tránsito, además de dejar a la deriva a varios menores retenidos por la autoridad.

Así lo señalaron varias organizaciones de la sociedad civil, instancias de derechos humanos y personas expertas en el tema, quienes condenaron la forma de actuar de las autoridades, en primer lugar del gobierno del estado, por solicitar el operativo para desalojar el espacio en el que se concentraban las personas migrantes desde hace más de un año; y en segundo lugar contra las autoridades municipal y federal por no seguir los protocolos de actuación establecidos para estos casos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que la competencia para dar información sobre el operativo es del gobierno del estado de Chihuahua.

Migrantes varados en Juárez, ¿cuántos son?

Ante la imposibilidad de cruzar ilegalmente debido al despliegue del ejército norteamericano y la Guardia Nacional de Texas, y porque ya no hay posibilidad de solicitar visa ni asilo, cabe la pregunta: ¿se sabe cuántos migrantes optan por quedarse esperando por tiempo indefinido en Ciudad Juárez, e incluso han decidido asentarse y conseguir empleo?

Sí, sí hay cifras recientes, aunque éstas cambian rápido por lo volátil de la migración en tránsito. Para Ciudad Juárez, lo más concreto que se reportó recientemente son estimaciones puntuales. A inicios de 2026, organizaciones locales calculaban que cerca de 600 migrantes viviendo en Juárez buscaban regularizarse en México, principalmente colombianos, venezolanos, hondureños y guatemaltecos. Unas 180 familias eran atendidas por el comedor de la Catedral.

Cristina Coronado, del Ministerio para Migrantes, señalaba que la mayoría ya no está “en tránsito” hacia EE. UU., sino asentándose: sólo unas 20 familias seguían en proceso de decidir si se quedaban o regresaban.

Los Datos oficiales de detención en Juárez 2026, de La Unidad de Política Migratoria, reportan que entre enero y lo que va de 2026 se detectaron mil 311 personas en situación migratoria irregular en Ciudad Juárez: mil 269 presentadas para procedimiento administrativo y 42 canalizadas a albergues. De las canalizadas, la mayoría eran de Venezuela, Guatemala, Cuba y Colombia.

Menos detenciones por la migra mexicana

Por otra parte, las visas humanitarias otorgadas por el gobierno de México para transitar o residir temporalmente en el país se mantienen bajo las normativas del INM; por su parte, el gobierno estadounidense ha reforzado las deportaciones exprés y las expulsiones.

Es notable la caída del flujo de migrantes hacia Juárez y en general hacia toda la franja fronteriza norte. Desde que se canceló CBP One, el 20 de enero de 2025, y se endurecieron las políticas de EE. UU., las detenciones de migrantes irregulares en México bajaron 92.2 por ciento, comparadas contra las cifras de 2024. Eso se nota en Juárez: menos gente “de paso”, más gente varada.

Entra ahora el factor de cambio de intención. Una encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la agencia de las Naciones Unidas (ONU) enfocada en promover una migración humana, ordenada y segura realizada a 700 migrantes en Chiapas, CDMX, Chihuahua y Baja California encontró que 46 por ciento ya planeaba quedarse en México a mediados de 2025, cuando a fines de 2024 sólo era 24 por ciento.

En Ciudad Juárez, 39 por ciento de los encuestados por la OIM vivían en el albergue, seis por ciento con familiares y 49 por ciento rentando un cuarto. El Ministerio de San Columbano (un programa católico enfocado en apoyar, asesorar y acompañar a personas extranjeras) atiende diariamente a 800 extranjeros en la Catedral con comida y apoyos varios.

En resumen, no hay un número único “al día”, porque la población flotante cambia. Las fuentes más recientes hablan de 600 personas identificadas buscando refugio, con cientos más en situación irregular detectadas por INM. En 2026, Juárez pasó de ser ciudad de tránsito a ciudad de destino temporal para muchos que ya no pueden cruzar a EE. UU.

En Ciudad Juárez, la población migrante en tránsito se compone principalmente de personas provenientes de Venezuela, Honduras y Guatemala, seguidas de cerca por ciudadanos de México, Colombia, Ecuador y Cuba. También se registran grupos menores de Nicaragua, El Salvador, Haití y Brasil.

Por qué sucede todo esto

El estudio Mujeres Adolescentes en Crisis: Impacto de las políticas migratorias en Ciudad Juárez, recoge varias entrevistas. En la parte que toca a los motivos principales de movilidad (migrancia) incluyen la violencia, la falta de acceso a necesidades básicas y la búsqueda de oportunidades laborales. Es notable que el 32 por ciento de las mujeres reportan que la salida de su país de origen responde a temas de inseguridad. Porcentaje que sumado al 21 por ciento que lo hace por falta de acceso a necesidades básicas, alcanza un 53 por ciento.

De ello se puede inferir que más del 50 por ciento sale por necesidades de protección. Esto rompe con la tendencia (incluso histórica) de que las personas salen por oportunidades laborales o por una percepción de pobreza. La huida de la violencia, persecución y las limitadas oportunidades en sus países de origen son las principales razones que las llevan a enfrentarse a la incertidumbre y los peligros del camino. Las mujeres huyen por violencia y encuentran más violencia en el recorrido. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los motivos de salida del país de origen se relacionan, también, con algún incidente violento (40 por ciento).

El estudio citado fue realizado entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 por Plan International México, que recabó los testimonios y vivencias de 60 adolescentes y mujeres en situación de movilidad en Ciudad Juárez y Chihuahua, para entender las particularidades de sus trayectorias y desafíos. Se llevaron a cabo entrevistas en 30 entidades clave, incluyendo albergues, organizaciones de la sociedad civil, agencias de Naciones Unidas, autoridades gubernamentales y organizaciones dedicadas a la atención de casos de violencia de género, entre otros actores relevantes en el ámbito migratorio.

Las niñas, adolescentes y mujeres en movilidad se encuentran en una situación sumamente vulnerable, enfrentando riesgos específicos y necesidades particulares durante su trayecto. La falta de información sobre políticas migratorias aumenta su exposición a riesgos de protección, con consecuencias graves para sus vidas. A causa de ello, se ha notado un aumento en la incidencia de delitos dirigidos contra Niñas, Adolescentes y Mujeres migrantes en Ciudad Juárez, incluyendo secuestros, extorsiones y actos de violencia física; actividades ilícitas que tienen un impacto significativo, aumentando su vulnerabilidad y afectando negativamente su bienestar mental y físico. Aunado a ello, la retórica pública y las acciones en torno a la migración contribuyen a crear un clima de xenofobia y hostilidad hacia las personas migrantes, lo que agrava su vulnerabilidad y complica sus esfuerzos por buscar seguridad y mejores oportunidades.

La violencia y la inseguridad en la ruta migratoria en tránsito hacia y a través de Ciudad Juárez no sólo causan daño físico y psicológico inmediato a las personas en movimiento, acota este diagnóstico. También plantean importantes obstáculos para su acceso a procesos de asilo justos y seguros. Pero, además, la falta de políticas favorables a los débiles obstaculiza la creación de vías legales y seguras para transitar y puede llevar a que las personas migrantes busquen rutas aún más peligrosas para alcanzar sus destinos. Todo ello incrementa su vulnerabilidad ante riesgos y violaciones de sus derechos.

Los hallazgos de este estudio subrayan la necesidad de reformular las políticas migratorias centradas solamente en los derechos humanos; y destaca el bienestar y la protección integral de las personas afectadas, especialmente de las mujeres, niñas y adolescentes.