Ciudad de México. - El Consejo Coordinador Empresarial mostró su preocupación ante los proyectos de leyes en materia educativa aprobados ayer en la Cámara de diputados y por discutirse en el Senado. Estos proyectos contienen disposiciones que no respetan lo establecido en el Artículo Tercero Constitucional, poniendo en riesgo el fin último de esta reforma: garantizar el derecho a la educación de excelencia de todos los mexicanos.

“Desde el sector empresarial, hemos participado activamente en todas las discusiones en materia educativa de los últimos años, convencidos de que la educación es piedra fundamental del desarrollo de los individuos y la sociedad, y de que México necesita niños y jóvenes bien preparados para alcanzar su potencial”, destacó en un comunicado.

Si queremos cumplir la garantía constitucional del derecho a aprender de los niños, niñas y jóvenes mexicanos y la adecuada formación de los maestros, es urgente considerar y tomar las medidas pertinentes para enmendar los siguientes puntos:

Las propuestas contenidas en el dictamen respecto del ingreso al servicio docente violan el principio de equidad, al establecer que se debe de dar preferencia a los egresados de las escuelas Normales y de la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, la existencia de plazas automáticas para egresados de las escuelas normales, la UPN y los centros de actualización del magisterio, viola el régimen de admisión mediante procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales.

Se vulnera el principio de imparcialidad al contemplar que, una vez llevado a cabo el proceso de selección, las listas preliminares se enviarán a las autoridades educativas de los Estados, así como a los sindicatos, para sus comentarios, con lo que pudiéramos regresar a que los sindicatos tengan gran injerencia en las plazas.

Desaparece el INIFED como organismo que regula, supervisa y controla la construcción y reconstrucción de escuelas, promoviendo la “autorregulación”. Es indispensable que quede claro en la legislación, que la responsabilidad de velar por la seguridad de los planteles sea del Estado, y no de los Comités participativos. Deben existir lineamientos básicos y estándares para la construcción, además de procesos para lograr transparencia, rendición de cuentas y seguimiento sobre los recursos.

Es indispensable que se plantee con claridad un esquema integral de evaluación diagnóstica, que permita conocer el estado de la educación; así como esquemas de mejora continua para la profesionalización de los docentes. Los resultados de PLANEA en los últimos ejercicios evidencian la urgente necesidad de contar con una política que permita conocer los avances en el cumplimento de la garantía del “máximo logro de aprendizaje” establecido en la Constitución.

Por lo anterior, exhortamos a los legisladores -en el marco de la discusión en el Pleno de los dictámenes aprobados en Comisiones- a modificar las disposiciones de los proyectos para que se garantice el derecho constitucional de todos los mexicanos a una educación de excelencia y se promueva una verdadera política de formación y selección de maestros con base a los principios de transparencia, imparcialidad y equidad.