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La bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en la Cámara de Diputados ha evidenciado su propósito de reeditar la “aplanadora” parlamentaria que existió hasta 1997; la mayoría que hoy ostenta Morena le permitirá aprobar reformas legislativas de cualquier nivel sin tomar en cuenta la opinión de todos los partidos opositores.
Los panistas han acusado al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a los legisladores de los partidos del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Verde Ecologista de México (PVEM) de ocultar, con estridentes espectáculos la construcción más bien de una dictadura que de un gobierno democrático y de su distanciamiento de las promesas de campaña electoral de julio de 2018.
En tanto que los efectos sociales perniciosos de los gasolinazos, la elevación de los precios de los productos básicos, el desempleo, la pobreza y la desigualdad continúan agravando la situación de la mayoría de los mexicanos –insisten sus opositores– hoy los morenistas y sus “cómplices” solo están concentrados en aprobar las propuestas dictadas por el próximo mandatario, quien asumirá la Presidencia de la República el 1º de diciembre.
Los dirigentes de la bancada de Morena buscaron desde agosto garantizar su aplanadora legislativa y a finales de ese mes, días antes de que se instalara la nueva Cámara de Diputados el 1º de septiembre, chocaron con sus aliados del PES y PT porque AMLO pidió a éstos que le “pasaran” algunos diputados para que su partido alcanzara la mayoría simple. La negativa de estos partidos obligó a AMLO a negociar con el PVEM el traspaso de cinco legisladores a cambio de apoyar algunas de sus iniciativas, y fue de este modo como Morena elevó de 247 a 252 el número de sus curules en San Lázaro.
Pero Morena no solo quería tener mayoría efectiva –el 50 por ciento más uno (251) del total de los 500 diputados)–, sino también presidir la Junta de Coordinación Política (Jucopo), máximo órgano de control legislativo de San Lázaro. Las pláticas siguieron y el cinco de septiembre el PT cedió a Morena cuatro de sus 31 diputados para que éste sumara 256 integrantes y con ello se alzara con la presidencia de la Jucopo. Ésta se halla ahora en manos del coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, excolaborador de campaña de AMLO al gobierno de la Ciudad de México (2000) y exsecretario de Educación y Finanzas del también exjefe de Gobierno (2006-2012), Marcelo Ebrard Casaubón, próximo Secretario de Relaciones Exteriores (SRE).
Y mientras esto ocurría en los entramados partidistas, los diputados morenistas estelarizaron vergonzosas escenas ampliamente exhibidas por los medios de comunicación masiva, como aquella en que el médico guerrerense Manuel Huerta Martínez apareció dormitando en su curul en las sesiones del 25 de septiembre y el nueve octubre en San Lázaro, y el 18 de octubre en el Congreso de Guerrero, cuando el gobernador de su estado, Héctor Astudillo, rindió su tercer informe de gobierno.
Al estado somnífero del médico guerrerense se sumaron las peripecias del diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien durante la comparecencia de funcionarios públicos del actual gobierno en la Cámara de Diputados exhibió su protagonismo porril; lo mismo ocurrió el tres de septiembre, cuando quiso entrar a la fuerza a Palacio Nacional –sin invitación oficial– cobijado por su fuero constitucional. Su objetivo era ingresar e interpelar al presidente Enrique Peña Nieto, en su sexto y último informe de gobierno.
Afuera de Palacio Nacional, Fernández Noroña enfrentó a los presidentes morenistas de la Cámara de Diputados y del Senado, Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres Guadarrama, a quienes reclamó que acudieran a ese acto del gobierno saliente. El excandidato independiente al senado, Manuel Clouthier Carrillo, hermano de la senadora morenista Tatiana Clouthier, exhibió a Fernández Noroña en su cuenta de Twitter: “(…). El Payaso de Noroña increpando a Porfirio, como si no supiera que Porfirio es presidente de la Cámara de Diputados y por lo tanto representante de dicho poder, por lo que no se ostenta a título personal, es representante de la institución”.
Una cámara a modo
El abogado, exdiputado y exsenador panista en varias legislaturas, Juan José Rodríguez Prats, dijo a buzos que en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados hay personas con larga trayectoria política y parlamentaria, pero lamentó que la mayoría de los otros integrantes sean personas sin preparación, toda vez que muchos obtuvieron su candidatura en sorteos de tómbola.
Rodríguez Prats explicó que AMLO, quien nunca ha sido diputado ni senador, desprecia al Congreso y a las actividades fundamentales que éste realiza para el país, entre ellas la elaboración de leyes y el muy importante papel de contrapeso que el Poder Legislativo debe tener frente al Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, a fin de que no haya abusos de poder de su parte, lo que sin embargo puede quedar en duda con evidente supeditación de los diputados de Morena a los mandatos y supervisión de AMLO.
La Cámara de Diputados “tiene dos responsabilidades fundamentales: una, la aprobación del presupuesto, y dos, la aprobación de la cuenta pública (revisión de gastos hechos por el poder Ejecutivo). En los países en que realmente se ha combatido la corrupción ha habido un verdadero contrapeso por parte del Poder Legislativo; ésa es su función”, dijo el exlegislador panista, quien enfatizó que esa labor independiente de supervisión es fundamental en un país en el que presuntamente se combatirá la corrupción en el gobierno.
Rodríguez Prats criticó “la frivolidad” con la que hasta ahora ha estado actuando la Cámara de Diputados, que no asume sus responsabilidades a cabalidad. También cuestionó a AMLO sus “frívolas” actuaciones, que han resquebrajado la figura presidencial. “Esto me parece mucho más grave en un momento de crisis. Vemos ese tipo de consultas públicas que está haciendo; que en Morena uno diga una cosa y otro otra (contradicciones que se han constatado entre personajes morenistas e incluso, entre AMLO y miembros importantes de su partido). El mensaje que manda todo esto es de incertidumbre”, afirmó el exlegislador.
El doctor Ramiro Bautista Rosas, especialista en derecho constitucional por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo a este semanario que “la Auditoría Superior de la Federación (órgano de supervisión de las cuentas públicas dependiente de la Cámara de Diputados) debe mantener su autonomía plena para hacer las revisiones puntuales y en su caso señalar las fallas y las irregularidades que pudieran presentarse. El presupuesto ahora se puede revisar de manera continua y hacerle los ajustes necesarios durante el año”.
Corrupción legislativa morenista
La noche del viernes cinco de octubre en la carretera México-Laredo, en las cercanías del libramiento a Cardonal, Cipriano Charrez Pedraza, diputado por el distrito de Ixmiquilpan, Hidalgo, habría ocasionado la muerte del taxista Iván Fuentes, de 21 años de edad; el diputado salía de una fiesta, al parecer en estado de ebriedad, se pasó un alto y estampó su camioneta Ford F-150 modelo Lobo Raptor 2014 (cuyo precio es de al menos 785 mil pesos), placas de circulación HJ-43135, en contra del vehículo de trabajo del chofer del servicio público, quien falleció calcinado, ya que su unidad se incendió inmediatamente al ser impactada por el vehículo de lujo del legislador. En este caso, la actitud de los dirigentes de Morena en la Cámara fue desenfadada y complaciente con el diputado, a quien se ocultó de la escena pública, cobijado en su fuero constitucional.
Las autoridades locales hidalguenses no pudieron comprobar que Charrez hubiera conducido en estado de ebriedad, porque el expresidente municipal se evadió del lugar y con ello evitó ser examinado médicamente tras el accidente. Aparentemente, sus amigos de parranda lo ayudaron a fugarse para que no fuera reconocido como diputado de Morena. Tras ser exhibido en un video que registró los hechos, el diputado volvió a negar responsabilidades y acusó a un escolta de ser quien tripulaba la camioneta el día del suceso. Incluso, días después, Charrez volvió a la Cámara de Diputados como si nada hubiera ocurrido.
El asunto estaba a poco de ser enviado al cajón del olvido, pero el 24 de octubre tuvo que instalarse la Sección Instructora encargada de estudiar la procedencia de un juicio de desafuero contra el diputado Charrez, debido a la denuncia presentada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo (PJEF) el 19 de octubre, en cuyo expediente se hallan el caso referido y siete averiguaciones previas abiertas en contra de esta misma persona por amenazas de muerte, hostigamiento, lesiones, abuso de poder, daño en propiedad ajena y presuntos delitos electorales, descritos en las carpetas de investigación 12/DAP/321/2014); 7/III/001/2004, 7/II/769/2012, 7/I/530/2006, 7/III/352/2011, 7/I/65/2011 y PGJH03-03/15.2/012-2013. Sin embargo, para la “buena estrella” del legislador morenista, la presidenta de la Sección Instructora resultó ser su compañera de bancada y partido, Martha Patricia Ramírez Lucero, quien había dicho que no había ninguna solicitud de juicio de procedencia en contra de Charrez.
Los legisladores morenistas han sido criticados por su evidente supeditación al mandato de AMLO, toda vez que en el momento adecuado solo acuden a San Lázaro para pasar lista y en otras para votar. Esto se observó con absoluta nitidez el pasado 31 de octubre, cuando el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, expresó su molestia por la ausencia de sus compañeros que forman mayoría en la cámara, por lo que no podía iniciar la sesión. Según el reglamento, derivado del artículo 63 de la Constitución, para dar legalidad a la sesión plenaria debe estar presente en el salón la mitad más uno de sus miembros, es decir 251, de los 500 que integran la cámara.
A las 11 de la mañana de ese día, habían llegado solo 224 legisladores y Muñoz Ledo abrió un espacio de 15 minutos para esperar la llegada de más diputados, advirtiendo que de lo contrario cancelaría la sesión. Se presentaron entonces más diputados, sumando 373, con lo cual se juntó el quorum para iniciar la sesión. Pero una vez que comenzaron los trabajos, los morenistas empezaron a salirse nuevamente del salón…porque ya habían cumplido con su misión de ese día: pasar lista.
La nueva aplanadora
Morena cuenta con los votos necesarios para cumplir con el mandato de sus dirigentes parlamentarios y del señor Presidente. Es decir, se ha convertido en una nueva aplanadora legislativa, como la del viejo PRI. El 12 de septiembre, el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Jucopo, Mario Delgado, anunció las prioridades legislativas de Morena –puntos fijados por el Presidente electo– y a partir de ese momento el tono de las acciones morenistas ha sido avasallador y de simulación.
Legisladores del PRD tomaron la tribuna el nueve de octubre, en protesta por lo que calificaron como “ley mordaza” impuesta por la aplanadora legislativa de Morena, que consiste en limitar las intervenciones en tribuna a solo cinco minutos. Sobre la medida impuesta desde la Jucopo, el coordinador del PRD, Ricardo Gallardo, afirmó que esta acción sin precedentes –adoptada con el argumento de agilizar los debates– busca en realidad coartar la libertad de expresión de los diputados opositores. Gallardo explicó que los miembros de la aplanadora de Morena y sus aliados usan la tribuna también durante cinco minutos, pero con la suma de varios de ellos pueden acumular hasta 30 minutos en el uso de la palabra, mientras los de su partido solamente pueden hacerlo en una sola ocasión en ese mismo lapso.
En el marco de la austeridad republicana, el 11 de septiembre, Mario Delgado informó que tras revisar los salarios de los diputados éstos quedarían solo un poco abajo de como estaban en la anterior legislatura, de tal forma que de los 128 mil 230 pesos al mes pasarían a 91 mil 507.68 pesos, con lo que tendrían una reducción de 36 mil 723 pesos. Sin embargo, cada uno de ellos recibirá en diciembre casi 209 mil pesos como pago de gratificaciones y aguinaldo por cuatro meses de actividades (septiembre, octubre, noviembre y diciembre), luego de haber tomado posesión el 1º de septiembre de 2018.
Simulaciones
La primera iniciativa de la aplanadora morenista fue enviada el cuatro de septiembre para eliminar el fuero constitucional, incluido el del Presidente de la República, gobernadores de los estados, funcionarios públicos, legisladores federales y locales; ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); así como del fiscal general y de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Pero en la práctica lo que cambiará solo será la mecánica de uso y el nombre de la protección legal, pues ahora estos mismos funcionarios tendrán “inmunidad” y algunos “candados” (trabas y protecciones), como se dará en el supuesto caso de procesar al Presidente de la República.
Con la “inmunidad” podrán ser sujetos a proceso penal, pero no detenidos ni ser objeto de medidas que restrinjan su libertad, hasta que se emita una sentencia condenatoria. Igual que con el fuero, la “inmunidad” impide que sus beneficiarios sean procesados por las opiniones que manifiesten. Si en un proceso judicial se encuentra culpable al acusado y se le dicta sentencia condenatoria, entonces perdería en automático su inmunidad… Pero éste no sería el caso del Presidente de la República, quien tendría un trato preferente. En el lejano caso de que se dictara sentencia condenatoria al Presidente, para detenerlo y encarcelarlo primero tendría que obtenerse el respaldo de las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, que hoy cuentan con aplastante mayoría de Morena. Es decir, AMLO no corre ningún riesgo de ser procesado. Para que proceda la aplicación de la ley contra el Presidente, se requerirá el voto aprobatorio de la mayoría absoluta (es decir el 100 por ciento) de los legisladores presentes en la sesión correspondiente en el caso de la Cámara de Diputados y de dos tercios de los asistentes a la sesión del Senado.
El diputado Alberto Esquer, coordinador de Movimiento Ciudadano, afirmó que esta medida pone candados legales prácticamente insuperables, por lo que en los hechos seguirá vigente el fuero constitucional, aunque con otro nombre y otros procedimientos. Esquer cuestionó las simulaciones de Morena y demandó que en todo caso se retome la iniciativa de eliminación total del fuero presentada en la LXVIII Legislatura del Senado, que podría ser aprobada sin problemas por la aplanadora de Morena.
Otro caso de simulación tuvo lugar el 15 de noviembre, cuando el Senado de la República aprobó la desaparición de la Procuraduría General de la República (PGR) para crear en su lugar una Fiscalía General, similar a la que iba a ponerse en marcha hace cuatro años, pero que quedó pendiente por falta de acuerdos. En aquella ocasión, la reforma no pasó debido a las disputas sobre la autonomía del nuevo fiscal con respecto al Presidente de la República, con la que se evitaría que aquél siguiera siendo empleado de éste, como ocurría con el procurador. Al retomar el asunto en 2018, la bancada de Morena en el Senado, ahora mayoritaria, dio su visto bueno a la autonomía, pero no completa. El Presidente podrá destituir al fiscal autónomo tal como si fuera su subalterno.
La reforma avalada por los senadores morenistas había sido enviada al cierre de esta edición a la Cámara de Diputados, donde Morena también tiene mayoría aplastante, por lo que se anticipaba su aprobación sin cambios. En ella se establece que el Congreso enviará al Presidente 10 prospectos para ocupar el cargo de fiscal general, de éstos, el mandatario seleccionará tres para devolverlos como propuesta a los legisladores, quienes elegirán al fiscal de esa terna. El Presidente mantiene la facultad de despedir al fiscal cuando considere que viola la ley.
La “aplanadora” de Morena se ha pronunciado por la abrogación de la reforma educativa, ha hecho reformas para eliminar las delegaciones de dependencias oficiales en los estados y las oficialías mayores de las secretarías, así como suspender la publicación impresa del Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se promulgan leyes, decretos y avisos gubernamentales, con el fin de ahorrar 30 millones de pesos; este hecho provocará el despido de los trabajadores encargados de la compilación, diseño e impresión.
Militarización "temporal"
La bancada morenista también ha sacado adelante varias reformas promovidas por su jefe AMLO, entre las que destacan la creación de la Secretaría de Seguridad Pública (federal), cuyo titular será Alfonso Durazo, quien en opinión de los legisladores de oposición estará acumulando parte del poder que hoy tiene la Secretaría de Gobernación, ya que concentrará tareas no solo de seguridad, sino también el control del sistema penitenciario federal y protección civil y el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Seguridad Nacional.
La aplanadora de Morena dio su visto bueno a la creación de la Guardia Nacional, que se integrará básicamente por militares, proyecto que ha sido rechazado por organizaciones civiles, especialistas y partidos de oposición, quienes advierten que provocará la militarización de la vida pública. Los elementos militares de la Guardia Nacional podrán ahora patrullar directamente las calles e incluso detener a civiles. Ante la inconformidad generalizada, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, dijo que solo es una “medida temporal” y que “en tres años será revisada”.
Antesala de la dictadura: PAN
El diputado panista Jorge Luis Preciado afirmó que estas acciones anticipan el inicio de la dictadura de AMLO. “Dentro de un año, los muertos de Calderón y de Peña Nieto van a ser los muertos de Andrés. Aquí nos vamos a ver si no logran que baje el valor de la gasolina a 14 pesos, porque los gasolinazos también van a ser de Andrés; en un año, tengan paciencia, no es ahorita, aquí vamos a traerles la cuenta de los desaparecidos, de los secuestrados, de la inflación, de la subida del dólar, de la caída de la bolsa; en un año vamos a estar aquí, vamos a estar haciendo cuentas, no es para ahorita; en un año, el pueblo de México va a escuchar; y vamos a estar aquí con el siguiente regalo para don Andrés Manuel López Obrador… la cuenta del fracaso a la que van a llevar a este país, si siguen con estas reformas autoritarias. No se les vaya a olvidar: 12 meses, 365 días, ni un minuto más, ni un minuto menos”.
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Escrito por Martín Morales