Hoy, como nunca, existen más poblaciones hambrientas en el mundo y cada vez estallan más conflictos por comida. En los últimos dos lustros se han disparado los precios internacionales de los alimentos básicos y los analistas alertan que el poderosísimo sector agroindustrial global especula con los mercados a futuro e impone pésimas políticas agroalimentarias a los gobiernos. Ese modelo hace peligrar la seguridad alimentaria de miles de millones de seres humanos. México, que dejó de ser autosuficiente en este rubro, como en otros tiempos, y que debe volver a serlo. 

La producción de alimentos es estratégica en la política de cualquier Estado, pues del acceso seguro a éstos depende el bienestar y el desarrollo de su población. Sin embargo, más de 925 millones de personas en el mundo padecen hambre permanentemente, mientras que otra porción igual de seres humanos apenas consumen lo necesario para sobrevivir.  

Una de las causas de la dramática inseguridad alimentaria es la falta de inversión pública en la agricultura. En los países en desarrollo hoy se destina más del 80 por ciento de los ingresos familiares a la adquisición de alimentos. De ahí que cualquier alza en los precios o la inesperada escasez de un producto provoquen desnutrición. 

“El derecho a la alimentación es el más violado de todos los derechos humanos”, afirma Jean Ziegler en su estudio Destrucción Masiva. Geopolítica del Hambre, quien además dice que la mayoría de los hambrientos del mundo son los pobres del ámbito rural (el 75 por ciento de la población mundial).  

Ahí todos viven en extrema pobreza y reciben menos de 1.25 dólares diarios, según el Banco Mundial (BM). La mayoría de esos pobres y hambrientos campesinos no dispone de herramientas que faciliten su trabajo, ni abonos, ni suficiente riego para sus cultivos. Al no poseer un animal, también carecen de estiércol, dice Ziegler. 

A la par de esa situación, hoy somos testigos (y víctimas) de un cambio de paradigma en el vital ámbito de la alimentación: que la producción de alimentos está en las mismas manos que las corporaciones que dominan los carburantes de origen vegetal.  

Estas empresas alientan la idea del cambio del oro negro (combustibles fósiles) por el oro verde. El bioetanol,  obtenido a partir de la remolacha y la caña de azúcar; y el biodiésel, a partir de aceite vegetal o animal.  

Lo sucedido en la agricultura de Brasil ilustra este cambio de paradigma. Ahí se han dedicado grandes extensiones al cultivo de caña de azúcar y palma de aceite para producir biocarburantes.   

Además de reducir la superficie (agrícola o ganadera) para producir alimentos, el monocultivo modifica la estructura económica del gigante sudamericano, que ha perdido su capacidad de autoabastecimiento en alimentos y, por tanto, está expuesto a importarlas al precio que determine el mercado. 

La producción de biocombustibles degrada la tierra y amenaza las reservas hídricas, pues un litro de bioetanol requiere cuatro mil litros de agua. Tan grave es la situación, que el presidente de la multinacional alimentaria Nestlé, Peter Brabeck Letmathe, ha declarado que “Con los biocarburantes enviamos a cientos de millones de seres humanos a la más extrema pobreza”. 

De ahí lo importante de la advertencia del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), Olivier de Schutter: “Millones de personas sufren de hambre crónica y si los gobiernos no invierten más en la agricultura, se dificultarán los esfuerzos para aliviar ese problema mundial”. 

Trasnacionales y mercenarios 

La cadena alimentaria mundial está cada vez más bajo el criterio mercantil y el control de las corporaciones agroindustriales. Éstas deciden si se produce o no qué cereal y qué carne, dónde y cuándo, y cómo se transportan y distribuyen esos alimentos.  

Al controlar el ciclo productivo, el imperialismo ha incrementado la dependencia alimentaria de miles de millones de personas y, por tanto, se ha perdido la soberanía alimentaria.  Las multinacionales cierran el cerco porque además controlan las semillas genéticamente modificadas. 

Con ese poder estratégico, dichas empresas socavan el proceso natural que por miles de años desarrolló la humanidad para producir sus alimentos y eliminan a los pequeños agricultores. En contraste, sus defensores afirman que el hambre mundial se soluciona con aumentar la producción y la industrialización sin intervención de los Estados. 

Firmas como Cargill determinan el precio mundial de alimentos y materias primas agrícolas. Bayer, Basf, Dow Agrosciences, Dupont y Syngenta acaparan el 75 por ciento del comercio global del sector. Tal monopolio les permite manipular la economía de varios países. 

Además de las trasnacionales alimentarias, el imperialismo recurre a otros instrumentos para asentar su poder: los organismos internacionales. El estudio del Comité Oxford Aliviar el Hambre revela que entre 1990 y 2000, el Fondo Monetario Internacional (FMI)  aplicó planes de ajuste estructural en todos los países donde influye y que millones de seres humanos fueron condenados al hambre.  

Entre ellos figuran Níger, Zambia y Ghana, en África. El ejemplo de catástrofe alimentaria es Haití, que en 1980 era autosuficiente para producir arroz, su alimento básico. Pero  luego de dos planes de ajuste del FMI debió importar el grano de Estados Unidos (EE. UU.), que subvenciona sus precios. Con ello se desplomó la producción local y los campesinos huyeron hacia la capital. 

Desde el año 2000 Haití se endeuda para importar el 80 por ciento del  arroz que consume,  cuyo precio se ha triplicado desde 2008. Ésta es una de las causas de la desesperación de los haitianos. 

Otro caso es Camerún, que sufrió el dumping de las agroindustrias cuando se suprimieron los aranceles a la importación de aves. Las multinacionales ofrecían precios muy bajos y obligaron a los productores locales de pollo a abandonar esa actividad. Tras eliminar a la competencia, los emporios impusieron precios altos. 

Un poderoso aliado de las multinacionales en esa lógica depredadora es el Banco Mundial (BM). En sus “programas de ayuda” dictamina que las tierras del Tercer Mundo son improductivas y con ello degrada el valor de las tierras arables de África, Asia y América Latina. Al auspiciar la expropiación ilegal de tierras, el BM fomenta la importación de alimentos. 

A la par, la Organización Mundial del Comercio (OMC) propicia la liberalización comercial que sofoca a campesinos locales. La OMC, el FMI y el BM son llamados “los tres jinetes del Apocalipsis”, porque destruyen el derecho a la alimentación. 

México: en el umbral del hambre 

En los años 80, nuestro país disfrutaba de autosuficiencia alimentaria y exportaba cárnicos, maíz y legumbres. En 2012, México fue ya el segundo importador mundial de alimentos y, según el exsubsecretario de Agricultura, Manuel Villa, “corre el riesgo de desplazar a Japón” del primer sitio en 2020. Al término del actual gobierno, las multinacionales agroalimentarias dominan todo el proceso productivo y la comercialización de alimentos.  

Estas firmas figuran en los nodos estratégicos de los procesos productivos y monopolizan el sistema alimentario del país en detrimento de pequeños y medianos productores que participan en la cadena subordinados a aquéllas, advierten las investigadoras Alejandra Bautista, Irma Cecilia Días y Miriam Lastri en su investigación El impacto de las corporaciones multinacionales en los sistemas alimentarios, caso México. 

En este estudio se afirma que las agroindustrias foráneas dominantes en este país son: Monsanto (con el tercer sitio de ventas), Dupont y Syngenta. También hay monopolios nacionales de la harina de maíz y trigo (Bimbo y Gruma, que captan el 87 por ciento de los beneficios en la venta de pan y tortilla).  

Cargill y ADM controlan el abasto de granos; Bunge domina la industria del trigo; Herdez y Unilever también son actores importantes. Controlan la producción de cárnicos: Pilgrim’s Pride, Tyson México; Sigma, SuKarne, Xignux Alimentos y Granjas Carroll. En lácteos lideran Grupo Lala, Alpura, Danone México y Nestlé México. Éste es el control real de la cadena agroalimentaria en el país, que ha dejado inermes a los pequeños productores. 

En 2015, el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche denunció que por competencia desleal debieron cerrar cinco mil 500 establos en el país. La importación de leche en polvo y otros derivados consumaron la dependencia en lácteos de la propia Liconsa. 

Y mientras las multinacionales de alimentos hacían grandes negocios, entre 2012 y 2016 morían en México 37 mil 827 personas por desnutrición, según la organización México Social. Este año, el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud (SS) reveló que hasta la semana 39 había atendido a cuatro mil 11 personas con desnutrición crónica, que pone en riesgo la vida.  

En México, el hambre por pobreza es multidimensional; es decir, se combinan bajos ingresos, rezago educativo, mínimo acceso a la seguridad social, alimentación y mala calidad de las viviendas.