El tres de marzo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la esperada reforma al Artículo 123º constitucional que establece una jornada laboral de 40 horas semanales. Con ello, según se afirma en la iniciativa, se dispondrá de más tiempo para la familia, el descanso y la vida personal. El discurso oficial celebra un avance histórico, pero el análisis nos revela una realidad distinta.

La medida no será inmediata: en 2026 no habrá modificación alguna; la jornada seguirá siendo de 48 horas y disminuirá un par de horas cada año hasta llegar a las 40 en 2030, al final de la década. El derecho a un día de descanso por cada seis de trabajo sigue vigente, sin cambios. En los hechos, la reforma no es una conquista, sino una promesa diferida que deja intacta la estructura de explotación durante cuatro años más.

La reforma ha sido aplaudida por muchos, pero también criticada –por otros– como tardía, insuficiente y hasta engañosa por su gradualidad. Y es que la gradualidad no es un mero tecnicismo: es la forma que encontró el poder empresarial para desactivar cualquier cambio sustancial mientras se mantiene la imagen de que “algo se hace”.

Para comprender sus alcances y limitaciones, debemos tomar en cuenta todas las condiciones laborales. México es el país de la OCDE donde más se trabaja y uno de los que menos paga. Un tercio de los trabajadores labora 52 horas a la semana, pese a que superar las 48 horas incrementa los accidentes de trabajo, aumenta el riesgo de agotamiento, ansiedad y depresión, y reduce la esperanza de vida. La reforma, lejos de atacar esta realidad, la normaliza al prolongar la transición.

La mayoría de los trabajadores laboran en la economía informal. Según datos del Inegi de 2025, 27.2 millones tienen empleo formal y 33 millones laboran en la informalidad, lo que equivale al 55.4 por ciento de la población ocupada que trabaja en condiciones precarias: sin contrato, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin prestación alguna, sin seguridad social y sin estabilidad en el empleo. Para estos 33 millones, la reforma es letra muerta: no existe jornada máxima que valga cuando no hay relación laboral reconocida.

La economía informal –a la que se ven arrojados miles de trabajadores– es muy común en el comercio minorista, la maquila, el trabajo digital, la construcción, la agricultura de temporal, el trabajo doméstico, el turismo y los pequeños negocios no registrados. No se trata de una “opción de empleo” ni de una “anormalidad temporal”, es la consecuencia natural y obligada del sistema capitalista que precariza el trabajo para abaratar costos.

En algunos estados los porcentajes de informalidad son alarmantes: Oaxaca con 80.1 por ciento, Guerrero con 77.2 por ciento, Chiapas con 77 por ciento. En esta región la reforma no tendrá impacto alguno. Todo esto ocurre a pesar de que en el sexenio pasado se dijo que se iba a desarrollar el sureste del país. Durante los gobiernos de la autodenominada “Cuarta Transformación”, el empleo informal lejos de disminuir está creciendo aceleradamente. Allí donde más se necesita una protección laboral real, la reforma es un espejismo.

Para entender qué pasará con la jornada laboral debemos analizarla en relación con los niveles salariales. Es cierto que ha aumentado el salario mínimo, pero no lo suficiente. Según estadísticas del Inegi de 2025, el 63.9 por ciento de la población nacional no tiene ingresos laborales suficientes para adquirir la suma de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria. Es decir, casi dos de cada tres mexicanos no ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Éste es el México real, no el que nos pinta la propaganda oficial. La jornada de 40 horas sólo será un derecho efectivo para quien pueda vivir con lo que gana en ese tiempo; para la mayoría, la necesidad los obligará a seguir trabajando más. La pobreza impone sus reglas.

Esto va a provocar –como ya viene sucediendo– que muchos trabajadores completen su gasto familiar trabajando cotidianamente horas extras, en jornadas de 10, 12 o más horas (sin contar –como en la Ciudad de México– las dos, tres o más horas diarias que utilizan en el transporte). La propia reforma admite que la jornada de 40 horas pueda aumentarse con 12 horas de tiempo extraordinario a la semana, sin que se rebasen las 12 horas por día. La reducción nominal de la jornada, sin un salario digno de por medio, se traduce en más horas extras o en la multiplicación de los empleos informales.

Aquello de que el trabajo extraordinario es voluntario es “romanticismo vacío”. Cuando a un patrón le interese obligar a los trabajadores, podrá amenazarlos con el despido; les dicen: “si no quieres el trabajo, ahí está la puerta”. Y lo que es todavía más revelador: muchos trabajadores son quienes andan pidiendo de favor que les den horas extras para poder enfrentar algunas necesidades familiares. Así, la “voluntariedad” se convierte en una justificación para que el patrón traslade al trabajador la responsabilidad de su propia sobreexplotación.

Por la misma razón, la reforma sólo contempla un día de descanso obligatorio a la semana, con el cuento de que el trabajador y el patrón decidirán de común acuerdo la distribución de las 40 horas semanales. ¿Alguien ignora que al interior de la empresa es el patrón o sus representantes quienes imponen las reglas? Al trabajador se le obliga a gastar su tiempo y su dinero para comida y transporte yendo seis días a la fábrica si así le conviene al patrón. Basta de mentiras: el supuesto “acuerdo mutuo” reproduce la misma lógica de sometimiento.

La aplicación gradual de la reforma fue impuesta por los empresarios y aceptada por el gobierno con el argumento de proteger la economía de las empresas: se les daba tiempo para hacer los ajustes necesarios, esto es, para introducir tecnología que intensifique el trabajo, de modo que el trabajador produzca más en menos tiempo a costa de un mayor desgaste físico y mental. Cabría preguntarse, entonces, si acaso no habría que proteger también la economía de los obreros. ¿Dónde quedó aquello de que primero los pobres?

Aún más, las modificaciones legales no siempre se cumplen. El propio Artículo 123º constitucional comienza afirmando que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”, un derecho que se viola a diario para millones de mexicanos. La única manera que tenemos los trabajadores de exigir su cumplimiento es mediante la formación de auténticas organizaciones obreras y su lucha consecuente. Sacudámonos, pues, a los “líderes charros” que están al servicio de los patrones. No debemos esperar que nuestra situación mejore a partir de las dádivas de los poderosos y su gobierno: la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos y de nadie más.