El paro de labores que el pasado 19 de agosto iniciaron 55 mil trabajadores generales y mil 200 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) representa un rechazo al proyecto de reforma con que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aspira a acapararlo e imponer sus ideas sobre cómo debe ser el México del futuro.

Analistas, investigadores, académicos y juristas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) coincidieron en que el mandatario saliente no busca superar las fallas prevalecientes en el Poder Judicial, sino sumar otras atribuciones a la Presidencia de la República y al control ya ejercido sobre el Poder Legislativo que arriesgarían las libertades y derechos humanos de los ciudadanos.

“Es falso que la elección de jueces por voto popular sea la mejor manera de solucionar los problemas de justicia en México. Lo que realmente se pretende es destruir a la única institución pública que ha frenado la instauración del poder político absoluto”, advirtieron juzgadores federales.

“Durante casi seis años hemos sido víctimas de calumnias; se nos ha amenazado e intimidado mediante un continuo discurso público de agresión verbal y odio… de cara al pueblo de México expresamos enérgicamente: es falso que mil 700 juzgadores federales seamos corruptos”, demanda un texto de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED).

“Es falso que representemos élites o ideas conservadoras; la gran mayoría de las personas juzgadoras provenimos del pueblo y hemos estudiado en instituciones públicas. Es falso que liberemos delincuentes. Liberamos personas cuya culpabilidad no se ha comprobado, amparamos hoy y siempre al perseguido sin pruebas, con el Derecho como fundamento”, precisa el documento de jueces y magistrados.

Los juzgadores y empleados generales –sobre quienes además pesa la eliminación de 13 fideicomisos con fondos destinados a prestaciones laborales– denunciaron que los nueve foros de consulta Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial representaron veladamente una simulación encaminada a ratificar la iniciativa de AMLO.

Éstos fueron organizados entre el 27 de junio y el ocho de agosto de 2024 por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, coordinada por el morenista Juan Ramiro Robledo; aunque el propio mandatario reconoció de antemano que nada central sería cambiado a su proyecto de reforma.

El 12 de julio, Día del Abogado, los trabajadores generales y juzgadores se concentraron afuera del Palacio de Justicia Federal, en el barrio de San Lázaro, Ciudad de México (CDMX), para protestar contra la iniciativa de reforma del Presidente. 

Juana Fuentes, presidenta de la JUFED, afirmó: “No rendimos pleitesía al Ejecutivo ni al Legislativo: somos su contrapeso. Y para lograr eso, muchas y muchos demócratas dieron lo mejor de sí, incluyendo su propia vida”.

Cuando el PJF pierda su independencia y quede a merced de una sola persona, “nadie tendrá seguridad en el respeto de nuestros derechos humanos”, destacó la trabajadora judicial. Hasta el cierre de esta edición, el paro de labores seguía.

Iniciativa de reforma incompleta

El movimiento de protesta del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) tiene su antecedente en el paro efectuado del 19 al 29 de octubre de 2023 en rechazo a la maniobra del Presidente para desaparecer sus fideicomisos.

Posteriormente, el 27 de noviembre de 2023, la JUFED informó que dentro del juicio de amparo 1754/2023, la jueza Elizabeth Trejo concedió “suspensión definitiva” a la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos de trabajadores del PJF, medida aprobada previamente en el Congreso de la Unión por las fracciones parlamentarias de los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).

Organizaciones civiles especializadas, académicos y juzgadores, además de denunciar que el proyecto no enmendará las fallas estructurales del Poder Judicial, tampoco se enfoca en mejorar el trabajo de las fiscalías o ministerios públicos del país, donde se presentan las mayores fallas del sistema judicial, debido a la incompetencia de su personal.

Agregaron que estas deficiencias ocasionan que más del 90 por ciento de los delitos no sean denunciados por la desconfianza ciudadana hacia las fiscalías; y que sólo una mínima porción del 10 por ciento de los delitos denunciados termine en manos de los jueces debido a que las denuncias están mal sustentadas.

“En el ministerio público hay una gran deficiencia, no sólo en el número de servidores públicos, sino en su profesionalización”, subrayó Magdalena Victoria Oliva, juez quinta de distrito en ejecución de penas con sede en la CDMX.

Aclaró también con insistencia que los juzgadores no formulan las denuncias, sino que trabajan con los expedientes enviados por las fiscalías. “La diferencia entre la fiscalía y nosotros, es que vamos a resolver, si hablamos de materia penal, lo que nos llega del ministerio público”, explicó.

De los delitos cometidos “no todos son expuestos al ministerio público, y no todos se judicializan (no son presentados ante un juez), y de los judicializados se llegan a presentar carpetas de investigación mal integradas, por la falta de supervisión de las fiscalías al trabajo de los ministerios públicos.

“En 2022, a las fiscalías les llegaron 26.8 millones de delitos cometidos; investigaron dos millones, y sólo judicializaron 300 mil asuntos; eso significa que llegó con el juez el 1.12 por ciento”, explicó el 12 de julio pasado la jueza Magdalena Victoria durante un programa de análisis sobre la reforma judicial en Justicia TV, el canal institucional del PJF.