El paro de labores que el pasado 19 de agosto iniciaron 55 mil trabajadores generales y mil 200 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) representa un rechazo al proyecto de reforma con que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aspira a acapararlo e imponer sus ideas sobre cómo debe ser el México del futuro.

Analistas, investigadores, académicos y juristas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) coincidieron en que el mandatario saliente no busca superar las fallas prevalecientes en el Poder Judicial, sino sumar otras atribuciones a la Presidencia de la República y al control ya ejercido sobre el Poder Legislativo que arriesgarían las libertades y derechos humanos de los ciudadanos.

“Es falso que la elección de jueces por voto popular sea la mejor manera de solucionar los problemas de justicia en México. Lo que realmente se pretende es destruir a la única institución pública que ha frenado la instauración del poder político absoluto”, advirtieron juzgadores federales.

“Durante casi seis años hemos sido víctimas de calumnias; se nos ha amenazado e intimidado mediante un continuo discurso público de agresión verbal y odio… de cara al pueblo de México expresamos enérgicamente: es falso que mil 700 juzgadores federales seamos corruptos”, demanda un texto de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED).

“Es falso que representemos élites o ideas conservadoras; la gran mayoría de las personas juzgadoras provenimos del pueblo y hemos estudiado en instituciones públicas. Es falso que liberemos delincuentes. Liberamos personas cuya culpabilidad no se ha comprobado, amparamos hoy y siempre al perseguido sin pruebas, con el Derecho como fundamento”, precisa el documento de jueces y magistrados.

Los juzgadores y empleados generales –sobre quienes además pesa la eliminación de 13 fideicomisos con fondos destinados a prestaciones laborales– denunciaron que los nueve foros de consulta Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial representaron veladamente una simulación encaminada a ratificar la iniciativa de AMLO.

Éstos fueron organizados entre el 27 de junio y el ocho de agosto de 2024 por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, coordinada por el morenista Juan Ramiro Robledo; aunque el propio mandatario reconoció de antemano que nada central sería cambiado a su proyecto de reforma.

El 12 de julio, Día del Abogado, los trabajadores generales y juzgadores se concentraron afuera del Palacio de Justicia Federal, en el barrio de San Lázaro, Ciudad de México (CDMX), para protestar contra la iniciativa de reforma del Presidente. 

Juana Fuentes, presidenta de la JUFED, afirmó: “No rendimos pleitesía al Ejecutivo ni al Legislativo: somos su contrapeso. Y para lograr eso, muchas y muchos demócratas dieron lo mejor de sí, incluyendo su propia vida”.

Cuando el PJF pierda su independencia y quede a merced de una sola persona, “nadie tendrá seguridad en el respeto de nuestros derechos humanos”, destacó la trabajadora judicial. Hasta el cierre de esta edición, el paro de labores seguía.

Iniciativa de reforma incompleta

El movimiento de protesta del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) tiene su antecedente en el paro efectuado del 19 al 29 de octubre de 2023 en rechazo a la maniobra del Presidente para desaparecer sus fideicomisos.

Posteriormente, el 27 de noviembre de 2023, la JUFED informó que dentro del juicio de amparo 1754/2023, la jueza Elizabeth Trejo concedió “suspensión definitiva” a la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos de trabajadores del PJF, medida aprobada previamente en el Congreso de la Unión por las fracciones parlamentarias de los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).

Organizaciones civiles especializadas, académicos y juzgadores, además de denunciar que el proyecto no enmendará las fallas estructurales del Poder Judicial, tampoco se enfoca en mejorar el trabajo de las fiscalías o ministerios públicos del país, donde se presentan las mayores fallas del sistema judicial, debido a la incompetencia de su personal.

Agregaron que estas deficiencias ocasionan que más del 90 por ciento de los delitos no sean denunciados por la desconfianza ciudadana hacia las fiscalías; y que sólo una mínima porción del 10 por ciento de los delitos denunciados termine en manos de los jueces debido a que las denuncias están mal sustentadas.

“En el ministerio público hay una gran deficiencia, no sólo en el número de servidores públicos, sino en su profesionalización”, subrayó Magdalena Victoria Oliva, juez quinta de distrito en ejecución de penas con sede en la CDMX.

Aclaró también con insistencia que los juzgadores no formulan las denuncias, sino que trabajan con los expedientes enviados por las fiscalías. “La diferencia entre la fiscalía y nosotros, es que vamos a resolver, si hablamos de materia penal, lo que nos llega del ministerio público”, explicó.

De los delitos cometidos “no todos son expuestos al ministerio público, y no todos se judicializan (no son presentados ante un juez), y de los judicializados se llegan a presentar carpetas de investigación mal integradas, por la falta de supervisión de las fiscalías al trabajo de los ministerios públicos.

“En 2022, a las fiscalías les llegaron 26.8 millones de delitos cometidos; investigaron dos millones, y sólo judicializaron 300 mil asuntos; eso significa que llegó con el juez el 1.12 por ciento”, explicó el 12 de julio pasado la jueza Magdalena Victoria durante un programa de análisis sobre la reforma judicial en Justicia TV, el canal institucional del PJF.

“Mayoriteo” en el PJF 

Si se aprueba la reforma judicial de AMLO, serán despedidos los actuales 11 ministros de la SCJN y mil 686 magistrados y jueces federales serán sustituidos por otros electos mediante el voto popular, con excepción de los ministros de la SCJN, que en lugar de 11 serían nueve.

Los candidatos a jueces o ministros no tendrán como requisito poseer una experiencia laboral mínima de 10 años laborales como abogados, porque para esas labores, a decir del Presidente, aquélla no se requiere. Es decir, con la elección popular se borraría “de un plumazo” el sistema de “carrera judicial” para la que se necesitan méritos laborales y profesionales reconocidos como evaluaciones técnicas.

En lugar de exámenes, en 2023 hubo una jornada extraordinaria para elegir por voto popular a los nuevos funcionarios judiciales, cuyas candidaturas serían nominadas por los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para entonces liderados por Morena y sus aliados.

Los juzgadores “no son políticos”, sentenció el académico y abogado constitucionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Francisco Burgoa: “se dice que hay que democratizar al PJF, y creo que se escucha muy bonito; acercarlo al pueblo, pero el tema es que la función que tienen los jueces, los magistrados, los ministros, es técnica, y sobre todo de defensa de la Constitución.

“Su lealtad es a la Constitución, no tiene que ser al pueblo, no tienen que dictar sus resoluciones dependiendo de la popularidad o tratando de agradar a cierto sector de la población o a un partido político”, explicó Burgoa el 12 de julio en un programa de análisis de la reforma judicial en Justicia TV, el canal del PJF.

“Por más que quieran ponerle filtros para que puedan llegar los mejores candidatos, esto va a tener al final un contexto político y nos vamos a ir a la politización de la justicia o a la judicialización de la política, y esto, de ninguna manera, debe de ser posible”, aclaró el abogado constitucionalista.

En el proyecto de reforma judicial se establece que se prohibirán las aportaciones privadas o del gobierno en las campañas proselitistas de los funcionarios judiciales en busca del voto ciudadano; pero no se plantea ninguna norma para supervisar la procedencia del dinero utilizado, ni su gasto.

La iniciativa contempla la modificación de 16 artículos constitucionales con la que los juzgadores serían sometidos formalmente al hostigamiento o sojuzgamiento de los otros poderes, o la parcialidad de los juzgadores, como el exministro Arturo Saldívar, quien ha confesado que cuando fue presidente de la SCJN, obedeció las órdenes de AMLO al emitir una resolución favorable a la administración presidencial.

En esa oportunidad, Saldívar negó la “ida de lengua” de su amigo del Palacio Nacional; pero su posterior afiliación a Morena y sus próximas tareas como funcionario público en el gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo confirman la revelación en unas de las “mañaneras”. 

Con la reforma desaparecería también el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que actualmente aglutina a magistrados y jueces federales, y sería sustituido por un órgano administrativo y un “tribunal disciplinario” encargado de vigilar permanentemente a los juzgadores, sancionarlos e incluso anular sus decisiones si lo consideraban necesario.

Los juzgadores quedarán sujetos a un sistema de persecución porque se asignaría la tarea de establecer criterios de supervisión al citado tribunal, cuya vaguedad se prestaría a diversas interpretaciones, explicó al respecto la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

“Tal como está redactada la propuesta, el tribunal podría castigar con sanciones –incluida la remoción– a las personas juezas, magistradas y ministras, cuyos fallos no sean bien vistos por ese nuevo órgano; o bien, echar atrás fallos y resoluciones alcanzadas por las personas víctimas que han luchado por sus derechos”, detallan los analistas de MUCD en un informe publicado el 10 de julio de 2024.

También advierten que “la reforma afectará directamente a la ciudadanía e impondrá nuevas barreras al acceso a la justicia: alentará los procesos; retrasará o incluso reiniciará juicios enteros y limitará la capacidad de las personas a defenderse de leyes que violen los derechos humanos”.

Por otro lado, las reformas que se aplicarían al Artículo 116° Constitucional desmontarían además, los poderes judiciales de las 32 entidades estatales para integrarlas igual que a la nueva PJF; es decir, se despedirá a los actuales cinco mil 25 magistrados y jueces locales para ser sustituidos por juzgadores también electos por voto popular.

Pero no se ha aclarado de qué forma se organizarían las elecciones de jueces y magistrados ni de dónde saldrá la enorme cantidad de dinero, personal y recursos técnicos para llevarlas a cabo. Dentro del paquete de reformas constitucionales de AMLO también se halla una iniciativa para desmontar al Instituto Nacional Electoral (INE) y sustituirlo por otro órgano denominado “Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INCE)” que se haría cargo de la organización de comicios federales y locales.

Posibles riesgos

Juzgadores y analistas especializados en derecho, economía y política han advertido que con las reformas del tabasqueño se cuestionarán las libertades, los derechos ciudadanos y la situación económica de muchos mexicanos. Mariana Campos, directora de la organización civil México Evalúa, explicó que la iniciativa de reforma, que busca un dominio presidencial sobre el PJF, se liga con otras y crea un alto riesgo contra los derechos humanos.

La reforma judicial tiene que verse “en combinación con otras reformas constitucionales; es ahí donde vemos el ecosistema, donde vamos a estar expuestos como personas”, reportó el pasado 20 de agosto Mariana Campos.

Lamentó que otra iniciativa de AMLO, incluida en el paquete de las 20 difundidas el cinco de febrero, aumenta los delitos penales meritorios de encarcelamiento inmediato y sin juicio de por medio (prisión preventiva oficiosa), propuesta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó evitar porque violenta las garantías fundamentales.

Este proyecto está conectado, agregó Campos, a la reforma con la que el Presidente insiste en militarizar la Guardia Nacional (GN), a la que además se encargarán la vigilancia, la investigación y la persecución de delitos.

“¿Y luego vamos a acudir a un juez que no tenga capacidad para defendernos? Porque resulta que no se escogió a un juez con la experiencia y el conocimiento, o porque es un juez que ya se comprometió con el gobierno, ¿dónde va a quedar nuestra libertad?”, preguntó Campos durante una conferencia de prensa.

Con respecto a la militarización, destacó: “Entonces nos puede detener un militar de manera arbitraria, podemos estar sujetos a prisión preventiva y luego no tendremos un juez que nos proteja”.

Por su lado, analistas de MUCD revelaron que la reforma “va a limitar todavía más la capacidad de la ciudadanía para defenderse con amparos ante leyes que violen sus derechos humanos y los de sus comunidades, porque propone prohibir constitucionalmente las suspensiones y sentencias con efectos generales”.

AMLO está por estrenar, el 1° de septiembre, la nueva “aplanadora legislativa” morenista, como la que tuvo el autoritario PRI hasta 1997, con la que espera la aprobación expedita de sus 20 iniciativas de reforma presentadas el cinco de febrero, dos a leyes reglamentarias y 18 a la Constitución.

Siguiendo el estilo morenista, el paquete sería aprobado incluso de manera exprés como previó el exsenador y ahora diputado morenista Ricardo Monreal cuando anunció que serán votadas por el nuevo Congreso entre el dos de septiembre y el 15 de diciembre de este año.

En función de este objetivo, AMLO apuró a las salientes bancadas de Morena, PVEM y PT para que dictaminaran sus iniciativas antes de ser relevados en el cargo el 31 de agosto; así, la “aplanadora legislativa” instalada el 1° de septiembre, únicamente tendría que someterlas a votación y aprobarlas.

Las reformas constitucionales requieren también de aprobación en la mayoría de los congresos estatales, es decir, en al menos 17 de los 32 estados; la mayoría morenista cuenta con 24, por lo que tampoco tendría tropiezos.

Entre el conjunto de 20 iniciativas de AMLO se encuentra la reforma para desmantelar al PJF, el único de los tres poderes públicos que le falta “capturar”, y la de eliminar siete organismos constitucionalmente autónomos, que con el PJF se opusieron y lograron frenar varias de sus decisiones unipersonales.

José Domingo Figueroa Palacios, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) advirtió, el 19 de agosto de 2024, que la aprobación de la reforma judicial y la eliminación de los organismos ahuyentarán inversiones privadas y el crecimiento económico disminuirá, en detrimento de la población.