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Han pasado ya 14 días desde que dos jóvenes padres de familia y su pequeño hijo de seis años fueron masacrados en el estado de Guerrero y las autoridades guardan silencio. Nada dicen a los deudos y compañeros, ni un indicio, ni un adelanto, ni una esperanza de que harán justicia y castigarán de forma ejemplar a las bestias que mataron a golpes a dos muchachos que solo habían ayudado en sus penas seculares a los pobres de Guerrero y que ahorcaron brutalmente a su vástago que, ofende decirlo, pero es obligado hacerlo, nada le había hecho a nadie como no fuera alegrarle el día con su sonrisa.
La violencia azota a los mexicanos. Las muertes violentas ya sobrepasan las 140 mil, cifra superior a las muertes que tuvieron que padecerse en los mismos periodos de tiempo en sexenios anteriores. Hay que decir alto y claro que esa violencia aterradora no la sufría el país desde la Revolución Mexicana y que no hay entidad federativa que se salve. Tiene raíces estructurales en la pobreza, en la desesperación que causa no solo no tener nada que perder, sino tener cerradas las posibilidades de mejora mediante las ocupaciones legales y, también, se encuentra en su origen, una educación excluyente y deficiente, tanto, que sus datos, su realidad ofensiva, ya fue escondida por el régimen. Éstos, a no dudarlo, son los resultados de la administración de Andrés Manuel López Obrador en la que “primero los pobres”, se ha convertido ya literalmente en una burla sangrienta.
Pero también hay que considerar como causa relevante de la violencia persistente, a la impunidad. Es ampliamente conocido que el régimen actual, por razones que no muy tarde tendrán que ser plenamente esclarecidas, renunció, sin que tuviera ninguna facultad para ello, a ejercer los derechos y a cumplir con las obligaciones que la Constitución le impone a la autoridad para combatir sin distinción alguna todo tipo de delitos. “Abrazos y no balazos” fue la cínica fórmula con la que se anunció al país entero que, en el régimen de Andrés Manuel López Obrador, no se respetaría la ley.
En adelante, la justicia se ejercería discrecionalmente; la 4T y López Obrador, se reservaban, como en cualquier dictadura del mundo, a decidir en las oscuras salas del poder, a quién sí y a quién no, se había de aplicar la magnánima fórmula; habría, pues, “abrazos y no balazos”, pero, desde que esto no era ninguna ley en vigor, sería la nueva autocracia la que decidiría a quién se le daban los cariñosos abrazos y a quién se le metían los balazos. Y así ha sido, hay muchos presuntos delincuentes asesinados a quienes jamás se les otorgó la gracia de los abrazos. La impunidad selectiva también es obra del régimen de la llamada “Cuarta Transformación”.
De las más de 140 mil muertes violentas que ya se cuentan, ¿cuántos sentenciados se pueden contar?, ¿cuántos procesados? Poquísimos. Prueba fehaciente e irrefutable de ello, son las familias agraviadas que se consumen en sus hogares, las que peregrinan por las oficinas exigiendo que la autoridad cumpla con su elemental obligación, las madres consumidas que buscan a sus desaparecidos en todos los rincones. “Guerrero tiene actualmente al menos 25 mil 300 personas desplazadas por la violencia, las cuales se encuentran sin ningún apoyo gubernamental, denunció el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón” (nota publicada en el diario Reforma el pasado seis de febrero). Y ¿qué obliga a familias enteras a huir de su casa y de su tierra e irse a sobrevivir a donde nada tienen y nadie los conoce? No hay más respuesta que la violencia que sufren y la impunidad oficial que la acompaña.
La consigna “primero los pobres” está aplicándose en Guerrero con toda intensidad. Hasta 2022, se ha entregado fertilizante a 340 mil 640 campesinos; pensión para el bienestar de adultos mayores a 309 mil 869 personas con un monto total de 73 millones 631 mil 350 pesos y, entre otros beneficios más, becas para el bienestar Benito Juárez Educación Básica a 277 mil 930 niños con un monto de 147 millones 621 mil 600 pesos. Entre todos los programas, la 4T ha aplicado para el bienestar de los guerrerenses un total de tres mil 128 millones 490 mil 927 pesos aportados, desde luego, por los propios guerrerenses.
A pesar de tales programas o, más bien dicho, como consecuencia de la instrumentación de tales programas que exigen que la gente los reciba individual y pasivamente y no como consecuencia de una protesta organizada, la pobreza en Guerrero es de escándalo. Según los últimos datos del Coneval, en Guerrero, el 66.4 por ciento de la población vive en la pobreza y el 25.5 en pobreza extrema; es vulnerable por carencias sociales, el 21.7 por ciento; y solamente el 7.9 por ciento de la población es considerado no pobre y no vulnerable. La áspera realidad no miente: las ayudas en dinero que alcanzan a un millón 488 mil 447 personas, no han sacado a ninguna de la pobreza y la miseria. Ahí siguen. Como ahí siguen los pobres y los miserables de todo el país y su existencia persistente es la prueba irrefutable que las tales ayudas no son más que un calculado analgésico y un diabólico mecanismo de extorsión a los votantes.
¿Qué pasa, pues? ¿Por qué el silencio en el caso de los antorchistas sacrificados? ¿Qué poderosos personajes e intereses se protegen? Es ya sabido que cuando se toman decisiones favorables porque así conviene a la autoridad, la movilización de investigadores expertos y policías entrenados es inmediata y masiva. Quedan en la memoria los sucesos de Matamoros, Tamaulipas de hace unas cuantas semanas en los que fueron secuestrados cuatro ciudadanos norteamericanos y que, tan pronto como protestaron públicamente las autoridades de Estados Unidos y el poderoso embajador de ese país fue recibido en Palacio Nacional, la acción de las autoridades estatales y federales fue tan contundente y eficaz que las víctimas aparecieron de inmediato y hasta los compañeros de los secuestradores amarraron a éstos y les informaron a las autoridades dónde tenían que ir a aprehenderlos. En plena era de la tecnología avanzada, de los geolocalizadores insertados en los teléfonos celulares, de las escalofriantes cámaras de cine colocadas en todas las esquinas, del espionaje digital Pegasus y de la sabida relación personal de policías con delincuentes, ¿por qué tanta lenidad en la investigación y castigo de los crímenes contra los antorchistas?
Conra, Meche y Vladi, es de fundamental importancia repetirlo, no fueron víctimas de la violencia aterradora, no los mató el crimen organizado por alguna vendetta, no los mataron para robarles nada, porque nada tenían, ni los mató una bala perdida; los masacraron por antorchistas, por ser combatientes de la primera línea en contra de la pobreza, ésa que azota a los guerrerenses y no cura la 4T. Murieron mientras desde las más altas esferas del poder se creaba un clima de linchamiento y se atizaba con premeditación, con alevosía y con ventaja brutal. En ese entorno de odio, de exterminio, mataron a Conrado, a Meche y al pequeño Vladi. No lo olvidamos, nadie en el país debe olvidarlo. Seguimos, seguiremos exigiendo justicia para nuestros mártires y, también, como no, para los muertos de todas las familias transidas de dolor que acudan a nosotros en busca de un apoyo fraterno. No nos callaremos. No nos callarán.
Ante la indiferencia del gobernador de Yucatán para resolver demandas sociales, el Movimiento Antorchista en la zona anunció una manifestación para el 21 de abril. Aseguraron que si no hay solución, escalarán su lucha a nivel nacional.
El programa educativo que cuenta con más recursos del gobierno es La Escuela Es Nuestra registra graves problemas de opacidad en los que podría haber actos de corrupción; sólo una de cada tres escuelas recibe apoyo.
Cientos de organizados en el Movimiento Antorchista de Hidalgo acudieron a las inmediaciones de la Penitenciaria y Juzgado del estado para exigir la liberación de Domingo Ortega Butrón, líder social encarcelado desde el pasado 17 de junio.
El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, afirmó que el “Bloque de Contención” formado en el Senado integrado por la oposición y ese instituto político, "está muerto".
Datos de la Comisión de Educación de la Coparmex de la Ciudad de México indican que en dos años abandonaron los salones de clase un millón 47 mil 227 alumnos.
"Pero, ¿por qué era necesario expandir la OTAN hacia el este, acercar su infraestructura a nuestras fronteras? Y ustedes dicen que somos nosotros los que nos comportamos agresivamente.
“Es una soberana tontería descalificar la prueba Pisa con el argumento de que es neoliberal. El nivel educativo de un país es resultado de políticas públicas que ofrezcan igualdad de oportunidades, algo en lo que ha fracasado escandalosamente este gobierno”, señaló Jesús Zambrano.
Diversos políticos, especialistas, escritores, analistas, criticaron el hecho debido a que lo consideran una flagrante violación a la constitución y a los derechos humanos.
La 4T lo sabe y para no verse exhibido, hace unos días, el gobierno mintió deliberadamente cuando declaró que México había aceptado una recomendación de la ONU.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de San Luis Potosí (SLP) empeoró la calidad de sus servicios médicos con la política de austeridad aplicada por el Gobierno Federal.
Ante la acción asesina de la policía, Biden pide a los manifestantes ser “pacíficos”. En cambio, ante manifestantes no violentos, ordena a los uniformados que aquéllos sean “encontrados, detenidos y juzgados”. Paradoja.
El texto fue aprobado con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Cuando entre en vigor, la Ley permitirá a todas las mujeres abortar sin condiciones hasta la semana 14 de embarazo.
Lo nuevo del neoliberalismo es que ahora los gobiernos no solo se niegan a enmendar las fallas del mercado, sino que se suman a las clases ricas para acelerar juntos la concentración brutal de la riqueza y la universalización de la pobreza.
¿Por qué hay tantos accidentes en las obras que desarrollan los gobiernos morenistas? Datos del IMSS del 2021 revelan que cada 18 minutos se suscita un accidente y en promedio ocurre una muerte diaria.
buzos habla esta semana de la situación de los trabajadores de Apps y de la lucha de un sindicato al que se han sumado miles de choferes, ciclistas y motociclistas inscritos en plataformas de reparto para hacer valer sus derechos laborales.
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Escrito por Omar Carreón Abud
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Autónoma Chapingo y luchador social. Autor del libro "Reivindicar la verdad".