El decreto publicado este lunes por el Diario Oficial de la Federación (DOF) considera, entre otras obras, a los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de seguridad nacional: “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México”, esto significa que tales proyectos no podrán ser detenidos por amparos que busquen detenerlos.

"Por eso contesto esto del decreto, es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras, porque cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto, como 120 días más o menos”, dijo.

El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) dio a conocer que analizará el contenido del acuerdo presidencial y, de ser necesario y derivado de ello, explorarán "las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”.

A pesar de que el presidente asegure que el documento firmado por él es para saltarse trámites burocráticos, diversos políticos, especialistas, escritores, analistas, criticaron el hecho debido a que lo consideran una flagrante violación a la constitución, a los derechos humanos y una apropiación ilegal del poder por una facción partidista (Morena).

“Me parece preocupante en términos jurídicos, políticos y sociales. Establece un poder discrecional para que todo aquel proyecto que el presidente de la República considere que es prioritario o estratégico, pueda ser eximido de la obligación de todo tipo de actos públicos, de ser revisado por las propias entidades de la administración pública federal”, aseguró Julio Astillero.

“Un día triste para la división de poderes, y parece ser que hoy va a ser un día triste para la dignidad”, dijo el diputado del PAN, Santiago Torreblanca.

De acuerdo con especialistas, el “decretazo” presidencial derivaría en opacidad y falta de transparencia, algo que ya es analizado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también se pronunció al respecto, pues afirmó que el decreto presidencial viola la constitución, gana la opacidad y peligran, por el contrario, los derechos de los ciudadanos, por lo que llamó al jefe del Ejecutivo a revertir la publicación de dicho decreto, y priorizar el Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos.

Marko Cortés, dirigente del PAN, advirtió que el decreto del presidente López Obrador sobre los proyectos de infraestructura, es para tapar la corrupción de su gobierno, “es para que no la podamos conocer y por ello es por lo que la vamos a combatir”, ya que, aseguró, interpondrá los recursos legales que sean necesarios para echar abajo dicho decreto.