Los candidatos de Morena a la Presidencia de la República en 2018 y 2024, prometieron prohibir el fracking pero la actual administración federal está ofreciendo el uso de esta tecnología altamente contaminante.
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El decreto publicado este lunes por el Diario Oficial de la Federación (DOF) considera, entre otras obras, a los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de seguridad nacional: “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México”, esto significa que tales proyectos no podrán ser detenidos por amparos que busquen detenerlos.
"Por eso contesto esto del decreto, es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras, porque cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto, como 120 días más o menos”, dijo.
El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) dio a conocer que analizará el contenido del acuerdo presidencial y, de ser necesario y derivado de ello, explorarán "las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”.
A pesar de que el presidente asegure que el documento firmado por él es para saltarse trámites burocráticos, diversos políticos, especialistas, escritores, analistas, criticaron el hecho debido a que lo consideran una flagrante violación a la constitución, a los derechos humanos y una apropiación ilegal del poder por una facción partidista (Morena).
“Me parece preocupante en términos jurídicos, políticos y sociales. Establece un poder discrecional para que todo aquel proyecto que el presidente de la República considere que es prioritario o estratégico, pueda ser eximido de la obligación de todo tipo de actos públicos, de ser revisado por las propias entidades de la administración pública federal”, aseguró Julio Astillero.
“Un día triste para la división de poderes, y parece ser que hoy va a ser un día triste para la dignidad”, dijo el diputado del PAN, Santiago Torreblanca.
De acuerdo con especialistas, el “decretazo” presidencial derivaría en opacidad y falta de transparencia, algo que ya es analizado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también se pronunció al respecto, pues afirmó que el decreto presidencial viola la constitución, gana la opacidad y peligran, por el contrario, los derechos de los ciudadanos, por lo que llamó al jefe del Ejecutivo a revertir la publicación de dicho decreto, y priorizar el Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos.
Marko Cortés, dirigente del PAN, advirtió que el decreto del presidente López Obrador sobre los proyectos de infraestructura, es para tapar la corrupción de su gobierno, “es para que no la podamos conocer y por ello es por lo que la vamos a combatir”, ya que, aseguró, interpondrá los recursos legales que sean necesarios para echar abajo dicho decreto.
Los candidatos de Morena a la Presidencia de la República en 2018 y 2024, prometieron prohibir el fracking pero la actual administración federal está ofreciendo el uso de esta tecnología altamente contaminante.
Plantea reducir costos en el sistema electoral, ampliar la participación ciudadana y fortalecer la revocación de mandato.
La iniciativa electoral fue rechazada el pasado miércoles 12 de marzo, con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención.
La reforma no alcanzó la mayoría calificada de dos tercios.
El auditor federal estará al frente del órgano durante ocho años, del 2026 al 2030.
Analistas han advertido que, sin una transformación profunda de las fiscalías y las unidades de inteligencia financiera, la reforma electoral de Sheinbaum continuará siendo inútil.
El empresario Fernando Paniagua Garduño aportó 189 mil pesos para financiar nueve asambleas ciudadanas o mítines de Adán Augusto López en Jalisco, Aguascalientes y Sonora en 2023.
La reforma, está hecha a modo y busca concentrar más poder y transformarse en una herramienta que ahorque más a los partidos políticos y, a mediano o largo plazo, convertirse en un partido único.
La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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Escrito por Citlali A. Ramírez M.
Periodista