El órgano fiscalizador analiza las circunstancias en las que presuntamente pudo ocurrir una vulneración a la integridad del examen.

El Consejo Ciudadano ha atendido más de cuatro mil 600 reportes relacionados con la CEDA desde el año 2020.

*Los familiares insistieron en que el objetivo principal sigue siendo conocer dónde están los 43 jóvenes, cuya desaparición ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Las autoridades catearon cuatro inmuebles y aseguraron diversos dispositivos electrónicos.

El dirigente morenista documentó 144 giras entre octubre de 2024 y mayo de 2026; el partido solo reconoce entre 47 y 50 y asegura que Finanzas no cuenta con más comprobantes.

The New York Times revela que solo en una jornada fueron detenidos 2 mil 400 migrantes. El DHS asegura que 70 por cierto tiene antecedentes penales; Trump "cumple su promesa de deportar criminales", afirma la Casa Blanca.

Entre los imputados se encuentra Javier Tapia Santoyo, quien además enfrenta otro proceso penal por presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como ejercicio abusivo de funciones, relacionados con su gestión en el Instituto Politécnico Nacional.

Familiares de personas desaparecidas y usuarios en redes sociales cuestionaron el encuentro ante la falta de atención a problemáticas sociales.

Los deslizamientos de tierra podrían incrementarse durante la temporada de lluvias.

En noviembre de 2024, la gobernadora Rocío Nahle García anunció la reparación de dos mil 545 kilómetros de carreteras libres de peaje de ocho circuitos en la red federal.

Suspensión de apoyos económicos pone en peligro investigaciones doctorales.

De confirmarse vínculos entre los incidentes, las autoridades estadounidenses deberán revisar los protocolos de seguridad y protección para el personal científico en su territorio.

A esta investigación de la Secretaría Anticorrupción se sumó a la denuncia que presentó el PAN ante la FGR contra Ebrard y contra González-Blaco por ejercicio ilícito del servicio público.

Guanajuato, Guerrero y Michoacán son las entidades con mayor incidencia en masacres.

El castigo contradice la finalidad del sistema penitenciario mexicano, orientado a la rehabilitación y a la eventual reincorporación social.