La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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En medio de un clima de violencia y tensión, se desarrollará la jornada electoral en Veracruz, el próximo domingo 1 de junio. Expertos afirman que las condiciones de seguridad no alcanzan un nivel adecuado y que los actos violentos pueden frenar la participación ciudadana o provocar conflictos posteriores al cierre de las urnas.
"La violencia política permanece como constante en el estado. Se esperan incidentes, como robo de urnas y cierre de casillas por parte de grupos criminales", señalaron los especialistas.
En esta elección, por primera vez en la historia de la entidad, se renovarán los integrantes del Poder Judicial. También se decidirá el rumbo de 212 presidencias municipales.
Guillermo Torres Quiroz, presidente de la plataforma de observadores electorales Saber Votar, afirmó que las campañas concluidas este miércoles resultaron ser las más violentas en la historia reciente de Veracruz. Durante este periodo, asesinaron a dos candidatos y a un precandidato: Yesenia Lara Gutiérrez, Germán Anuar Valencia y Carlos Ramsés Neri Rodríguez. También murió la periodista Avisak Douglas.
Cabe recordar que Douglas trabajaba como fotógrafa para Xóchitl Tress Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Juan Rodríguez Clara. Un ataque armado contra la casa de campaña de la aspirante dejó a Tress Rodríguez herida en la espalda; mientras él falleció horas más tarde en el hospital.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Rocío Nahle García han declarado que las autoridades garantizarán la seguridad durante la jornada electoral. A pesar de esas declaraciones y del despliegue de fuerzas de seguridad, los expertos consideran que Veracruz continúa en situación crítica.
El Instituto Nacional Electoral (INE) planea instalar 16 mil 451 casillas en Veracruz durante la jornada, en la que se renovarán 212 alcaldías, 212 sindicaturas y 630 regidurías, además de los cargos correspondientes al Poder Judicial.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
Mientras tres entidades absorben más de la mitad del presupuesto, otros estados recibirán menos de 50 mil millones de pesos.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera