buzos habla esta semana de la situación de los trabajadores de Apps y de la lucha de un sindicato, la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) al que, en menos de dos años, se han sumado miles de choferes, ciclistas y motociclistas inscritos en plataformas digitales de reparto para luchar juntos y hacer valer sus derechos laborales.

Los trabajadores de las plataformas de reparto constituyen un sector laboral moderno que no existía hace más de 90 años, cuando fue promulgada la Ley Federal del Trabajo; por esta razón, sus derechos no están considerados en la legislación laboral vigente. Las consecuencias de este vacío legal han sido el trato injusto que recibe este sector y la precariedad laboral en que se encuentra, pues no cuenta con seguridad social ni prestación alguna, ya que en las plataformas, a los operadores se les denomina “socios” o “colaboradores”, con la clara intención de negar su carácter de empleados y deslindarse de las obligaciones que por ley debe cumplir la parte patronal.

La UNTA ha propuesto ante la Secretaría del Trabajo y Protección Social (STPS) y el Congreso de La Unión, una iniciativa de ley que actualice la Ley Federal del Trabajo vigente y contemple el trabajo por Apps, con sus particularidades, desventajas y necesidad de protección legal de los operadores.

La propuesta de esta organización sindical no ha sido escuchada por quienes tienen la facultad para presentar una iniciativa de ley, como el Congreso de La Unión; no es extraño, puesto que a la mayoría de los miembros del Poder Legislativo no parece interesarles la discusión de propuestas que se conviertan en iniciativas si no provienen del jefe del Ejecutivo; y menos puede interesarse una Secretaría de Estado que opera bajo las órdenes directas del Presidente de la República, más ocupado en sus campañas anticipadas y en otras iniciativas que, según él afirma, son de primordial importancia para la población, como su iniciativa de reforma constitucional para modificar el funcionamiento democrático del INE. Pero una propuesta que beneficiaría a miles de trabajadores explotados desde las plataformas digitales está muy lejana de la atención de quien se dice defensor de los derechos humanos y laborales del pueblo mexicano.