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La salud es un “estado de completo bienestar físico, mental y social”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS); su importancia se ve en que es objeto de estudio de varias organizaciones internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Augus Deaton, ganador del Premio Nobel de Economía en 2015, revela que la salud es importante porque sin ella es imposible disfrutar de las riquezas materiales y espirituales que dan “bienestar” y hacen que la vida “sea buena”. Pero más allá de este punto de vista, la salud evoca un concepto social. En primer lugar, porque es importante para la preservación de la especie humana; si una generación carece de la atención de salud adecuada, sus descendientes padecerán problemas congénitos y tendrán características que se expresarán en una degradación para la especie. En segundo lugar, porque la salud es muy importante para la productividad, ya que solo una porción de población que trabaja sostiene al resto; si una parte grande de la población se enferma, hay presión para que el resto productivo trabaje más por individuo y pueda mantener a los que no pueden trabajar.
Por tanto, es necesario que la población de todos los países tenga acceso a los servicios de salud de calidad. En el caso de México, las cifras de éstos evidencian un panorama desalentador, pues en 2020, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se situó entre sus países miembros con menor gasto sanitario –el 5.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)– y con el 41 por ciento de “gasto de bolsillo” o privado.
A pesar de que la longevidad no ha disminuido, México está cinco años por debajo del promedio de la OCDE. Además, los indicadores empleados para verificar la calidad de la atención médica mostraron muchos problemas; por ejemplo, la mortalidad a los 30 días posteriores a un ataque cardiaco es casi cuatro veces superior al promedio de la OCDE.
Pese a esta situación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha emprendido una carrera por reducir al mínimo los servicios de salud que brinda el Estado, que por sí mismos ya eran precarios. Durante este sexenio (2018-2024) se han registrado los subejercicios más drásticos; por ejemplo, el de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre en enero y septiembre de 2020, fue de 37 mil 19 millones de pesos (mdp); de enero a septiembre de 2021, de 24 mil 501.3 mdp; y de enero a junio de 2022 ha sido de 16 mil 46.7 mdp (19.3 por ciento del total).
En esos periodos ya no se compraron materiales médicos, elementos químicos básicos ni medicamentos; además de que hubo retrasos en la vacunación de infantes. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) solo el 27.5 por ciento de los niños de un año de edad obtuvo su esquema de vacunación completo hasta agosto de 2022; es decir, únicamente tres de cada 10 niños contaban con ella.
Podrían enumerarse otros ejemplos sobre cómo el actual gobierno ha recortado y ajustado el presupuesto de salud y obligado a la población a hacer “gastos de bolsillo” cada vez más elevados. La administración federal debe reorientar su política sanitaria porque ésta atenta contra la vida de los mexicanos y sus futuras generaciones.
Cambiar la realidad no es sencillo, exige atravesar momentos de retroceso como en el que ahora estamos inmersos; aun así estos momentos son solo partes de un proceso que continúa y continuará una vez que la realidad barra con los nigromantes y filisteos.
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Escrito por Ollin Vázquez
Maestra en Economía por la UNAM.