Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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Parece que el Presidente tiene bien claro lo que pretende y quiere hacer con el Ejército, más allá de convertirlo, en el corto plazo, en una institución represiva que actúe contra la población, está interesado en conformarlo como un eficiente aparato político que evite la caída estrepitosa del gobierno de la fallida “Cuarta Transformación” (4T), y le permita continuar sus proyectos
En la consecución de este objetivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no vislumbra que los pasos dados por el Ejército hacia su afianzamiento en el poder político podrían convertirlo en un férreo y feroz enemigo de los mexicanos; y que él es el único responsable de este resultado.
Algunas de las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) evidencian que ya ha avanzado en la administración de varias oficinas burocráticas, que incluso empieza a controlar algunas entidades económicas del Gobierno Federal. Hace unos días se informó que el Ejército “trabaja en la creación de una nueva aerolínea que brinde servicios de transporte a pasajeros y de carga con una flotilla de 10 aviones arrendados” (El Universal, cuatro de octubre) y que, además, contempla la “creación de una empresa turística que administre tres hoteles, dos museos y dos parques ecológicos”.
Esa misma nota informa que el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica (GAFSAOMM) es una empresa creada por la Sedena para operar el aeropuerto Felipe Angeles y el Tren Maya. Esta información fue resultado del robo y la filtración realizada por el grupo de hackers Guacamaya que, como ya es sabido, sorteó la ciberseguridad de cientos de miles de emails de la Sedena.
Hoy, buena parte de la ciudadanía está preocupada por lo que AMLO está haciendo con el Ejército. Sabe, aunque muchos mexicanos no lo comprendan bien, que en el país hay un proceso de militarización mediante la paulatina entrega de tareas y funciones civiles al Ejército, que verterán inevitablemente en su conversión en un poder político y económico sobre el que desempeñará el papel de empresario.
Pero detrás de la creencia presidencial de que el Ejército es un instrumento eficiente e incorruptible para la ejecución de sus obras, subyace la creencia de que es el aparato idóneo con el que podrá gobernar después de que termine su mandato constitucional; lo que, sin duda, es una utopía.
AMLO sabe que su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no ha podido ni querido educar, organizar y movilizar a la población. Es más, está seguro que la situación política y económica podría complicarse; que no podrá seguir repartiendo dinero mediante tarjetas o directamente para asegurar el voto a sus candidatos; y que el Ejército es el instrumento ideal para enfrentar e intimidar a quienes considera sus enemigos, pues llegará un momento en que, incluso, muchos morenistas se decepcionarán de su pésimo gobierno.
El mandatario sabe, además, como lo hemos advertido muchos mexicanos, que la corrupción no puede ser eliminada fácilmente; y que en su administración ha florecido, pese a que en sus mañaneras asegure que ya la ha eliminado y que en su gobierno prevalece la “honestidad valiente”, aunque en realidad no existan datos sólidos que hablen de un cambio en ese sentido.
Por el contrario, tanto en la administración pública como en Morena, solo se ve más de lo mismo; y en su desesperación, AMLO está utilizando al Ejército para concretar sus intenciones, pues en la disciplina, educación y la organización militar observa un blindaje contra la corrupción y las ambiciones de poder, así como una maquinaria idónea para continuar los proyectos de la 4T, que harían innecesario el respaldo de las masas.
Sin embargo, los deseos del Presidente pueden ser rebasados por el proceso de militarización; y en México podría fraguarse una dictadura de corte militar en la que el Ejército se convierta en terror y verdugo del pueblo. Ojalá y este momento nunca llegue, porque sería una verdadera tragedia. La reciente aprobación para que los militares permanezcan en las calles hasta 2028 es preocupante y genera temor, ya que podría ser el inicio de una “dictadura militar morenista”.
El Ejército únicamente debe tener el poder necesario para cumplir con eficacia su gran tarea y responsabilidad: preservar y defender la integridad de nuestro territorio y la independencia soberana de nuestro país. En el cumplimiento de estas tareas, eso sí, debe modernizarse para actuar con celeridad y eficiencia; y no para las que no le corresponden. Por el momento, querido lector, es todo.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).