La resolución genera incertidumbre en la protección de recintos en Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas.
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Foto: Internet
Este jueves 7 de agosto, el Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes” y familiares de personas privadas de su libertad de forma presuntamente injusta realizaron una protesta frente al Poder Judicial capitalino en la alcaldía Cuauhtémoc.
Los manifestantes denunciaron irregularidades en procesos penales y señalaron la existencia de más de 180 carpetas de investigación con pruebas falsas. Aseguraron que el sistema judicial de la Ciudad de México mantiene en prisión a personas inocentes, sobre todo en casos relacionados con violencia familiar, tentativa de feminicidio y abuso sexual.
El colectivo reportó casos en los que, según sus integrantes, las autoridades fabricaron pruebas desde el inicio. En ese contexto, expusieron el caso de Diego Armando, absuelto por violencia digital, pero aún encarcelado por nuevas carpetas iniciadas por la misma denunciante. Su madre, Patricia Salgado, afirmó que recibió una sentencia de 75 años por un supuesto atropellamiento, pese a la debilidad de las pruebas.
También presentaron el caso de Miguel Ángel Pérez, condenado a 11 años por tentativa de feminicidio, aunque la denuncia original señalaba violencia doméstica. Su cuñada, Patricia Hernández, declaró que las autoridades bloquearon peritajes a su favor y validaron documentos obtenidos mediante pagos ilegales.
El colectivo convocó a una marcha nacional para el 9 de septiembre, en el marco del Día Internacional contra las Denuncias Falsas. La movilización busca exigir revisión de casos y un alto a las condenas sin sustento legal. Por último, los manifestantes llamaron a las nuevas autoridades judiciales a revisar cada expediente con responsabilidad y a garantizar juicios apegados a la ley.
La resolución genera incertidumbre en la protección de recintos en Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades.
Hasta el momento las autoridades no han publicado los resultados de dicha inspección.
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El altercado inició cuando personal de ordenamiento intentó retirar a los vendedores que ya se habían instalado en la zona.
Los daños materiales se estiman en más de 2 millones de pesos, incluyendo pérdidas de 1.4 millones de pesos para el tractocamión y 600 mil pesos para el contenedor.
Denuncian alza en rentas y alertan que el Mundial podría desplazar hasta a 50 mil personas.
Las vialidades que permanecerán cerradas son: 20 de Noviembre, Tacuba, José María Pino Suárez y 5 de Mayo, por mencionar algunas.
Se estima que esta problemática afecta a unas 90 mil personas en todo el país.
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Los 11 integrantes rindieron protesta en el pleno de dicho órgano.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera