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Exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y exmagistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exigen una reforma electoral construida mediante acuerdos amplios; la postura surgió tras el anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la conformación de una comisión encargada de elaborar una propuesta en la materia.

“Resulta necesaria una reforma electoral que respete los más altos estándares de integridad y que surja del consenso más amplio posible”, afirmaron 22 exfuncionarios electorales en una carta abierta.

En el documento también señalaron que no sólo cuentan los votos en el Congreso, sino también la voz de todos, incluidas las minorías. Afirmaron que una democracia se consolida cuando todos participan, incluso quienes reciben menos respaldo en las urnas.

Entre los exfuncionarios que demanda una reforma electoral con base en un consenso se encuentran los expresidentes del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, así como el expresidente del INE, Lorenzo Córdova. También respaldaron la carta la exmagistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís y los exmagistrados Fernando Ojesto y Jesús Orozco.

Los exfuncionarios impulsan un diálogo nacional que fortalezca la democracia plural e incluyente en México y que refuerce la integridad del sistema electoral. Lorenzo Córdova afirmó que las reformas exitosas surgen después de procesos públicos de deliberación, no mediante decisiones impuestas de antemano.

Rodrigo Morales, exconsejero electoral, destacó que el llamado se dirige no sólo al gobierno, sino también al Congreso, al sector académico, a las organizaciones civiles y a la ciudadanía en general.

Los exfuncionarios señalaron que el sistema actual necesita ajustes para corregir distorsiones en la representación. También subrayaron la importancia de evitar tanto la subrepresentación como la sobrerrepresentación en las cámaras legislativas. Plantearon una asignación de escaños que refleje con mayor precisión el porcentaje de votos que recibe cada partido político.

Además, destacaron la urgencia de reforzar la autonomía de las autoridades electorales y de asegurar su funcionamiento colegiado. Consideraron necesario que el Servicio Profesional Electoral Nacional mantenga su papel central como garantía de profesionalismo e independencia en la conducción de los procesos electorales.

Rechazaron la elección directa de consejeros electorales por voto popular. Propusieron que el Congreso de la Unión designe a las personas que ocupen esos cargos, con base en criterios de experiencia, imparcialidad y trayectoria pública. En cuanto al padrón electoral, plantearon que su administración permanezca bajo control exclusivo de la autoridad electoral para evitar interferencias externas.

También reclamaron condiciones equitativas durante las campañas, así como mecanismos eficaces de rendición de cuentas y fiscalización del gasto. Finalmente, defendieron la necesidad de reformar la normativa para que el mérito y la capacidad técnica definan los nombramientos en el ámbito jurisdiccional electoral.