La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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Foto: Internet
Con un total de 456 votos a favor, los legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron la ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual plantea penas de hasta 25 años de prisión para quienes cometan este delito.
La ley contempla 34 agravantes, incluyendo la extorsión cometida con violencia, por servidores públicos y donde se utilice a niños.
Además, las condenas en prisión alcanzan penas de 6 a 15 años y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) con agravantes de hasta 25 años de prisión.
De acuerdo con la nueva ley, la extorsión se perseguirá de oficio, se podrá denunciar de manera anónima y ameritará prisión preventiva oficiosa.
Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), las pérdidas por extorsión ascienden a 21 mil millones de pesos al año. A esta situación se suma que 97 de cada 100 extorsiones no se denuncian.
Actualmente, la extorsión ya no es sólo el cobro de piso, hoy también se comete por teléfono, redes sociales, mensajes de texto o incluso dentro de las cárceles, los llamados montachoques y con los préstamos que se denominan como gota a gota, destacó Julio César Moreno Rivera, presidente de la comisión de justicia.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
En alguna parte Marx escribió –citando a Hegel– que la historia se repite como si dijéramos dos veces.
Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera