La iniciativa electoral fue rechazada el pasado miércoles 12 de marzo, con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención.
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Foto: Internet
Con un total de 456 votos a favor, los legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron la ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual plantea penas de hasta 25 años de prisión para quienes cometan este delito.
La ley contempla 34 agravantes, incluyendo la extorsión cometida con violencia, por servidores públicos y donde se utilice a niños.
Además, las condenas en prisión alcanzan penas de 6 a 15 años y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) con agravantes de hasta 25 años de prisión.
De acuerdo con la nueva ley, la extorsión se perseguirá de oficio, se podrá denunciar de manera anónima y ameritará prisión preventiva oficiosa.
Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), las pérdidas por extorsión ascienden a 21 mil millones de pesos al año. A esta situación se suma que 97 de cada 100 extorsiones no se denuncian.
Actualmente, la extorsión ya no es sólo el cobro de piso, hoy también se comete por teléfono, redes sociales, mensajes de texto o incluso dentro de las cárceles, los llamados montachoques y con los préstamos que se denominan como gota a gota, destacó Julio César Moreno Rivera, presidente de la comisión de justicia.
La iniciativa electoral fue rechazada el pasado miércoles 12 de marzo, con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención.
La reforma no alcanzó la mayoría calificada de dos tercios.
El auditor federal estará al frente del órgano durante ocho años, del 2026 al 2030.
Analistas han advertido que, sin una transformación profunda de las fiscalías y las unidades de inteligencia financiera, la reforma electoral de Sheinbaum continuará siendo inútil.
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La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera