En una reciente entrevista realizada por Carmen Aristegui a José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el secretario expuso a grandes rasgos el programa económico que la CEPAL propone para la región Latinoamericana en respuesta a sus problemas crónicos de crecimiento, y, por ende, de informalidad, pobreza, y desigualdad. El programa, como bien dice el secretario, es bastante ambicioso en sus objetivos, puesto que conjuga medidas para atacar dos problemas en extremo importantes e impostergables, el cuidado del medio ambiente y la desigualdad y la pobreza. Las propuestas de la CEPAL bien merecen una revisión más detenida, puesto que esta institución, desde su origen en 1948, se ha dedicado a estudiar y atender los problemas económicos de la región, acumulando prestigio, rigor, experiencia y conocimientos invaluables.

No deja de llamar la atención, sin embargo, la vía que la CEPAL formula para materializar este ambicioso proyecto económico. La clave está, de acuerdo con el secretario, en las instituciones y la implementación pragmática de políticas económicas. “Tenemos que dejarnos de esos debates ideológicos de que, si esto es el mercado o el Estado, o si es el sector público o el privado, y saber que son los arreglos institucionales los que importan, tenemos que creer en la magia de los buenos procesos, procesos bien diseñados de colaboración” –dijo el secretario en su reflexión final–. Se trata pues, de encontrar las vías institucionales que pongan en contacto al sector público, privado, civil, y académico, para debatir problemas comunes, y consensuar las soluciones. Y no solo eso, sino que también hay que apelar al sentido pragmático, operando bajo las normas establecidas y con los medios al alcance. Solo por esta vía, se nos dice, es posible, por un lado, implementar medidas que reduzcan la desigualdad y la pobreza sin lastimar el crecimiento, y por el otro, asegurar que todos los sectores de la sociedad se beneficien.

Así pues, a una estrategia que se presenta como el punto de quiebre en el modelo de desarrollo de la región latinoamericana, se le conduce por la gastada vía de los arreglos institucionales, de la colaboración entre “sectores”, por no decir “clases”. Es una vía que continúa propugnando por no ir más allá de lo que pueda enturbiar el “clima de inversiones”, que nos llama a evitar a toda costa hacer política que destruya la economía, que enfatiza que no puede haber avances en la disminución en la pobreza si no se crea riqueza.

A pesar de sus intentos de depurarse de ideología, la CEPAL no puede escapar a ella. ¿Qué significa destruir la economía? Significa poner restricciones a las decisiones empresariales de las grandes corporaciones supranacionales que hoy por hoy rigen los designios de los países. ¿Y qué política destruye la economía? Aquella que no entienda ni atienda las necesidades de la “economía”, que no son mas que las necesidades de los dueños del dinero. Lo políticamente viable, pragmático, es presentar a los dueños del dinero oportunidades atractivas de inversión, para que se produzca riqueza, se cree empleo, se reduzca la informalidad, y así aumente el bienestar. Se habla así de fomentar “alianzas innovadoras” y una “renovada cooperación internacional”. En fin, renovar el contrato social, incorporando a los imperativos “económicos” las necesidades de “sectores mayoritarios”. El mismo lenguaje se muestra escurridizo.

Pero ¿puede un sistema cuya preocupación es la ganancia y no el bienestar humano, en el que vale más el producto del trabajo y no la reproducción de su creador, que bien podría continuar produciendo y acaparando riqueza sin temor de acabar con el planeta y la especie humana, ofrecernos también la panacea de políticas públicas capaces de domar su ansia de ganancia en pro de la humanidad y el ecosistema? Este camino ya lo hemos recorrido. Se trata de las manidas “transformaciones desde arriba” o “revoluciones cupulares” que nunca faltan, pero que siempre fallan.