El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta PGR en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por lavado de dinero en su modalidad de defraudación fiscal y tráfico de influencias derivado del caso Pandora Papers.
El organismo realizó un análisis de mexicanos expuestos políticamente en los Pandora Papers, incluido Murillo Karam, vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa.
De la investigación se encontró que Murillo Karam estaría vinculado con un esquema de lavado de dinero, pues su empresa familiar se beneficiaba con contratos del Gobierno federal cuando éste encabezaba la PGR.
“La referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso la PEP (persona expuesta políticamente, Jesús Murillo Karam), tenía como secretario al hijo del entonces Titular de la SCT (Gerardo Ruiz Esparza), por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, informó la UIF en un comunicado.
“Además, la empresa familiar presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar”.
El pasado 14 de noviembre la UIF denunció ante la FGR al exfuncionario por operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y tráfico de influencias.
El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
En alguna parte Marx escribió –citando a Hegel– que la historia se repite como si dijéramos dos veces.
Los Antorchistas del país organizaron exitosamente su XXIV Encuentro Nacional de Teatro en Tecomatlán.
Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente.
Los gobernadores de Morena tienen la instrucción de financiar y organizar el traslado de simpatizantes hacia la capital mexicana.
En octubre y noviembre, las protestas y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), los estados vecinos y en todo el país se han convertido en el pan de cada día.
También tendrán un nuevo beneficio: un seguro de vida institucional valuado en alrededor de 60 mil pesos.
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Escrito por Redacción