Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente.
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Ciudad de México. - Con 21 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, el Congreso de Tabasco aprobó en lo general el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil para sancionar de tipo penal a quienes impidan el “libre tránsito” así como para quienes “pretendan extorsionar a las empresas”.
El dictamen también conocido como “Ley Garrote”, fue presentado por el diputado del PRI, Gerald Washington Herrera Castellano, sin embargo, durante la votación abandonó la sesión.
La ley mantiene las sanciones con cárcel hasta por 20 años para los “seudo-sindicatos” que pretendan extorsionar a las empresas que realicen obra pública, que incluye también para la infraestructura privada.
En tanto, se mantiene en reserva en lo particular el artículo 308.BIS del dictamen para su modificación, que señala: "Al que careciendo de facultad legal, impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, se le impondrá prisión de uno a cinco años y una multa de ciento cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Se aumentará al doble la pena de prisión y multa que le corresponda, cuando el responsable se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia".
Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente.
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Escrito por Redacción