Cargando, por favor espere...

Nacional
Retiene gobierno de Hidalgo a manifestantes
Mediante el uso de la Policía Estatal, la administración que encabeza el priista Omar Fayad mantiene bloqueados diversos accesos a la ciudad de Pachuca.


Mediante el uso de la Policía Estatal, la administración que encabeza el priista Omar Fayad mantiene bloqueados diversos accesos a la ciudad de Pachuca, con lo que impide la circulación de los vehículos que transportan a parte del contingente que participará en la marcha pacífica de 40 mil antorchistas.

Desde la madrugada de este miércoles y violentando todo derecho, la Policía Estatal participa en el secuestro de miles de hidalguenses que permanecen varados en diversos puntos de la carretera Pachuca- Huejutla. El delito, pretender participar en la magna concentración para exigir al Ejecutivo Estatal obras y mejores condiciones de vida.

Hasta el momento, se registra la retención de al menos 70 camiones de pasajeros y de 44 unidades de transporte, provenientes de los municipios de Huejutla, San Felipe Orizatlán, Calnali. Los retenes que impiden la circulación se ubican a lo largo de la carretera con destino a la Ciudad de Pachuca; en Huasca, Molango, Jacala, Calnali y Zacualtipán se presentan las retenciones más grandes.

“Como una medida para impedir que la población denuncie el incumplimiento de la administración estatal que encabeza Omar Fayad Meneses, y violentando el derecho de manifestación y expresión, se presenta la retención de miles de hidalguenses, en manos de elementos de la Policía Estatal”, denunció Evelia Bautista Gómez, responsable del trabajo político de Antorcha en la región de la Sierra y la Huasteca.

Dijo que lo que hace la población no es más que exigir que el gobernador cumpla las obras que prometió y que beneficiarían no sólo a la población antorchista, sino a los hidalguenses en general.

La líder social exigió respeto al derecho a la manifestación e hizo responsable al gobierno del estado de Hidalgo por la seguridad, la integridad y la vida de todos los antorchistas hidalguenses.


Escrito por Redacción


Notas relacionadas

La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.

En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.

Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.

Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.

El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.

Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.

En alguna parte Marx escribió –citando a Hegel– que la historia se repite como si dijéramos dos veces.

Los Antorchistas del país organizaron exitosamente su XXIV Encuentro Nacional de Teatro en Tecomatlán.

Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente.

Los gobernadores de Morena tienen la instrucción de financiar y organizar el traslado de simpatizantes hacia la capital mexicana.

En octubre y noviembre, las protestas y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), los estados vecinos y en todo el país se han convertido en el pan de cada día.

También tendrán un nuevo beneficio: un seguro de vida institucional valuado en alrededor de 60 mil pesos.

Las manifestaciones de los agricultores que denuncian el abandono del campo por parte del gobierno de la 4T y piden que se fije un precio de garantía de 7.5 pesos por kilogramo de maíz en grano coparon las noticias hace unos días.

Casi el 40% de la población gana el salario mínimo de ocho mil 500 pesos mensuales.

La reasignación de recursos reaviva la tensión entre el Ejecutivo y los órganos autónomos