La magistrada Sofía Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, acusó que, por instrucciones del secretario general de Gobierno, Eric Cisneros Burgos fue destituida de su cargo.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula, llamó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a que eche una mirada sobre lo que está pasando en Veracruz y vea lo que sucede en el Poder Judicial.

 “Habemos personas que podemos dar cuenta de lo que sucede, los que estamos siendo afectados podemos dar elementos”, señaló.

Contó que le enviaron una gaceta oficial del estado donde publicaron una revocación de mandato a partir del pleno que celebraron los magistrados de forma indebida.

“Me sigo denominado en mi cargo y del Consejo Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, todo lo que se está haciendo es ilegal completamente, aun cuando el Congreso del estado esté publicando esa revocación de mandato, de ninguna manera aplica a esta titularidad porque la ley así lo establece”, dijo.

Acusó que hay un oficio de diversos magistrados y de presidentes de sala que no ha recibido aún en la que convocaron a pleno de forma “ilegal” porque el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su segundo párrafo dice que, para el ejercicio de sus atribuciones, el Pleno del TSJ deberá reunir, al menos, las dos terceras partes en los que deberá estar presente su presidenta, lo que no aconteció.

Señaló que este viernes es un día inhábil para el Poder Judicial y ninguna actuación tiene efecto.

Dijo que la semana pasada la convocó Eric Cisneros Burgos a una plática en la que refirió que han acontecido diversas problemáticas en el Poder Judicial y que era momento de que se hiciera a un lado.

“Cuando le cuestioné qué significaba hacerme a un lado, me dijo que presentara mi renuncia a lo que me negué porque eso solo sería posible mediante un juicio político”, dijo.

Explicó que desde que el consejero propuesto por el Congreso del Estado, Humberto Oliverio Hernández Reducindo, llegó al puesto, todo ha empeorado dentro del Poder Judicial, y ha querido meter personal de la pasada Administración.

“Cuando fueron a presentarlo a mi oficina como nuevo integrante del consejo, el coordinador de la Jucopo, Juan Javier Gómez Casarín con el secretario del congreso, Domingo Bahena Cabalá, me dijeron que había sido electo por su profesionalismo y conocimiento que iba a ponerse a la disposición de la institución y lo aceptamos”, señaló.

Afirmó que Humberto Oliverio Hernández Reducindo quería colocar a allegados suyos en posiciones importantes en recursos materiales y adquisiciones y empleados que estuvieron en la administración anterior, a lo que se opuso.

“Todo este movimiento surge por desaparecer documentos por los cuales la administración anterior pudiera ser responsables de actos ilícitos. De eso no me puedo pronunciar, para eso están las instituciones oficiales y hacen su trabajo. En su momento darán su veredicto y si son responsables o no”, aclaró.

Afirmo que esta situación es “grave” dado que del secretario general de gobierno entendió “una amenaza respecto a que tenía muchas pruebas, videos y documentos contra mi persona”.

“Voy a defender mi trabajo, ya que he sido denostada en medios locales por personas afines a ellos porque no tengo trato con ningún medio periodístico para hacer un comunicado”, apuntó.

“Es muy delicado. No me voy a prestar a malas acciones, mi trabajo de 26 años ha sido honorable y no hay ninguna prueba que demuestre lo contrario, siento que fue una amenaza contra mi familia, mi persona y contra los empleados y directivos que con motivo de una nueva administración son nombrados por el presidente en turno”, aseveró.

Indicó que no la dejan hacer su trabajo y que ha sufrido es un “bombardeo diario contra su persona por ser mujer que la nombró el gobernador para dicho cargo, pero “personas que están en otro poder, el secretario de gobierno me pidieron renunciar, es ilegal, me defenderé por los medios legales y jurídicos que correspondan”.

Acusó que atracaron su oficina en un día inhábil, por órdenes de la directora de Administración, Johana Marlen Bautista, quien sacó a la fuerza al jefe de seguridad que trabaja para el Poder Judicial.

Indicó que están pidiendo renuncias al personal que trabaja, lo cual es “ilegal” y para ello está ejercitando las acciones pertinentes.

“Me extraña que un grupo de magistrados se presenten a esta situación que convoquen a un pleno Ilegal, rompieron y cambiaron chapas de mi oficina”, acusó.

Responsabilizó al secretario de Gobierno, al coordinador de la JUCOPO y al secretario del Congreso, si algo le pasa a su familia y denunció que no ha recibido apoyo de seguridad pública para que la ayudaran a resguardarla.

“No me voy a dejar aun cuando este sitiada, soy una mujer con principios que trabaja y honorable. No es posible que un grupo de misóginos no nos dejen trabajar”, puntualizó. (López Dóriga Digital).