El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020 (PEF 2020) aprobado por el Congreso de la Unión la semana pasada incluye recortes a programas que beneficiaban a campesinas, que representan el 50.4 por ciento de la población agraria en México y la cuarta parte de los derechos de la propiedad social (ejidos y tierra comunal), según datos de la Procuraduría Agraria de 2013.

Entre los programas del Anexo 13 del PEF 2020 con más recortes destaca el ramo de Agricultura y Desarrollo Rural, al que se le quitó 98 por ciento de su presupuesto, ya que el año próximo solo dispondrá de 30 millones de pesos (mdp) después de que en 2019 ejerció dos mil 289 mdp.

Otros programas severamente afectados fueron el de Mejoramiento Urbano, cuyo gasto pasará de 949 mdp este año a 326 mdp en 2020, descuento equivalente al 65 por ciento, y el de Fomento a la Economía Social, donde la reducción será de 84 por ciento, porque pasa de 210 mdp este año a 33 mdp únicamente en 2020.

Estos acotamientos al Programa el Campo en Nuestras Manos se sumaron a la eliminación de 2019, dirigida a mujeres campesinas y que formaba parte del Programa de Apoyo a Pequeños Productores (Programa Presupuestario S266) del Ramo 8 (Agricultura y Desarrollo Rural), que también fue eliminado con sus 11 componentes.

Estos programas serán sustituidos por otros creados por la administración federal vigente –entre ellos Crédito Ganadero a la Palabra, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía y Fertilizantes– dirigidos a agricultores con hasta 20 hectáreas, que aún no tienen reglas de operación y no están perfilados a mujeres campesinas.

Pero el Anexo 13 integra un presupuesto de ocho mil 551 millones 472 mil 654 pesos para el nuevo programa Sembrando Vida, destinado a campesinas jóvenes en edad reproductiva, pero en cuyo padrón de octubre de 2019 solo 70 mil de 229 mil beneficiados eran mujeres.

El programa de Protección y Defensa de los Derechos Humanos fue otra plataforma del Anexo 13 que afectará a las campesinas, ya que equivaldrá a 57 por ciento de su gasto vigente; aunque la afectación específica de su componente Mecanismo de Protección para las personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ascenderá a 80 por ciento.

Este recorte se hará pese a que, hasta junio de 2018, este mecanismo había brindado protección física a 10 mujeres periodistas, 19 defensoras de derechos humanos, a varias activistas por la defensa del medio ambiente y a víctimas de desplazamientos, agresiones, amenazas, robos, intimidaciones y otros delitos ocurridos principalmente en entornos rurales.

Legislatura “de la paridad de género” deja fuera a mujeres pobres

El proyecto del PEF-2020 enviado inicialmente por el titular del Poder Ejecutivo contenía también recortes a programas destinados a la atención de la salud de las mujeres y a la prevención contra la violencia de género.

La propuesta más agresiva consistía en reducir de 33 a cinco mdp el presupuesto del programa “Mejorar la calidad de la atención a la salud de las mujeres” –incluido en el Anexo 13– monto equivalente a 84.8 por ciento, pese a que este año 31 de cada 100 mil mujeres murieron durante el embarazo, el parto o el puerperio, según datos de la Secretaría de Salud (SS).

El Gobierno Federal también propuso reducir el gasto de los programas destinados a evitar la muerte en mujeres con cáncer y VIH/SIDA, padecimientos que juntos cobran la vida de casi ocho mil mujeres anualmente, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Centro Nacional para la Prevención contra el Sida (Censida).

Los recursos de estos programas son utilizados para que las mujeres de los sectores sociales más pobres acudan a una clínica cercana y reciban la mejor atención médica posible, explicó en entrevista Cecilia Toledo, investigadora de género del Centro de Análisis e Investigar Fundar.

La experta sostiene que el Estado mexicano tiene el compromiso internacional de disminuir las muertes maternas a 22 por cada 100 mil nacimientos, meta que incumple desde 2015 a la fecha. 

El Gobierno Federal intentó, asimismo, reducir en más de 70 por ciento el presupuesto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), especialmente los programas de esta dependencia enfocados a promover la atención y prevención de estos delitos y la Alerta de Violencia de Género.

Para Toledo, el incremento del presupuesto en seguridad pública es justificable, pero no a costa del recorte a los gastos de los programas y las acciones abocadas a prevenir la violencia en otras áreas sociales. Esto evidencia, precisó la experta, que el Gobierno Federal no tiene realmente una estrategia integral para prevenir la violencia en todas sus expresiones.

Antes de aprobar el Presupuesto, las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados insistieron en aumentar los recursos en este rubro, y al final consiguieron que el Anexo 13 del PEF 2020 fuera 60 por ciento más grande que el de 2019.

Los ramos en donde hubo incrementos fueron el 04 (Gobernación), Ramo 07 (Defensa Nacional), Ramo 14 Trabajo y Previsión Social, Ramo 20 (Bienestar), Ramo 47 (Entidades no sectorizadas), Ramo 49 (Fiscalía General de la República), Ramo 12 (Salud), cuyo total aumentó 10 por ciento con respecto a 2019, y el 19 por ciento con relación al proyecto del PEF 2020.

Entre los proyectos de gasto con incremento respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo fueron los destinados a la prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS (ocho por ciento), y el del Programa de Atención al Cáncer Cervicouterino (seis por ciento respecto al 2019 y 35 por ciento con relación al proyecto del PEF-2020).

Hubo también un aumento de 28 por ciento –con respecto al de 2019– en el programa de prevención y atención de la violencia contra las mujeres adscrito a la Segob; el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) del Ramo 20, y el Ramo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Engañoso mensaje en programas

La mayor parte del proyecto de presupuesto del Anexo 13 fue para seis nuevos programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y para duplicar los recursos del programa de Pensiones para Adultos Mayores.

Las distracciones del gasto público hacia los programas sociales del Presidente fueron muy criticadas; pero la mayoría legislativa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados las soslayaron y, aún más, se propusieron aumentarlas. Entre los más beneficiados destacan el polémico Sembrando Vida, al que se le asignaron ocho mil 551 millones de pesos; Jóvenes Escribiendo el Futuro con mil 944 mdp; Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores con 39 mil 730 mdp; y el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, al que finalmente se le aprobaron siete mil 718 mdp.

Otro muy valorado por el Gobierno Federal es el Programa de Becas Elisa Acuña, al que se le asignaron mil 275 mdp, cantidad mucho mayor al destinado al campesinado en general, que solo dispondrá de 30 mdp, cifra similar al del Programa Atención a la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI), que tendrá 32 mdp.

Lo preocupante está en que ninguno de estos programas tiene como principal beneficiario a las mujeres, y ninguno, asimismo, tiene como objetivo central erradicar las brechas de género existentes.

Para Toledo, el problema de los programas de transferencia monetaria directa es que toma por igual a mujeres y hombres. Ésta es una visión que puede individualizar el problema público cuando en realidad se trata de problemas donde el Estado debe cumplir con garantías de servicios sanitario sin discriminación, y poniendo en el centro a las mujeres.

 “Es decirle a la persona ‘acá está el recurso, tú decide’, pero sin esa red de servicios que funcionen (...) Sí hubo un retroceso en la asignación presupuestaria en muchos de estos programas que eran enfocados a las mujeres. Se ignora al grueso de mujeres en un contexto de violencia y pobreza”, aseveró la experta.