El 1° de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) concluyó su primer año de gobierno con un balance negativo en seguridad pública, economía, desarrollo social, educación, salud, e incluso en el combate a la corrupción, pese a lo que pudieran decir sus “otros datos”, que aún permanecen desconocidos o al menos inéditos.

Prometió terminar con la violencia y reducir los índices delictivos mediante el reparto masivo de dinero a gente pobre –especialmente a jóvenes–; pero en septiembre, la estadística criminal contabilizaba 29 mil 629 homicidios cometidos, cifra considerada como la mayor en México desde 1997, cuando empezaba este tipo de mediciones.

Durante su campaña electoral en 2018, AMLO ofreció devolver el ejército a sus cuarteles; pero hoy gran parte de los integrantes de la Guardia Nacional (GN) son efectivos militares que, tras concretarse esta corporación, el 30 de junio, tienen como prioridad evitar el paso de inmigrantes centroamericanos hacia Estados Unidos (EE. UU.), para beneplácito del presidente estadounidense, Donald Trump, quien desde entonces no ha insistido en su plan de construir un muro en la frontera porque al parecer ya resulta innecesario.  

El 17 de marzo, AMLO proclamó el término del neoliberalismo, pero las reformas constitucionales de corte neoliberal iniciadas durante el gobierno de Carlos Salinas y las 11 aprobadas y activadas por la administración de Enrique Peña Nieto siguen vigentes; y en los hechos han sido ratificadas por AMLO y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido mayoritario en el Congreso de la Unión. El doctor David Lozano, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha difundido con puntualidad que en el gobierno de AMLO “la economía funciona en un marco de neoliberalismo”.

Y para muestra un botón: los expertos en economía afirman que la “austeridad franciscana” predicada por el gobierno de AMLO no es otra cosa que el mismo ajuste estructural que anteriormente efectuaron las administraciones federales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) para empequeñecer al Estado mexicano, según las exigencias de la economía de mercado.

Otro dato que desmiente la desaparición del neoliberalismo “decretada” por AMLO fue la ratificación con todas sus letras del T-MEC –la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)–  en noviembre de 2018, una versión nueva del tratado refrendó ese mismo neoliberalismo cuya desaparición se proclamara; en noviembre de 2018, AMLO ratificó con todas sus letras en inglés el T-MEC, versión actualizada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que desde 1994 funciona bajo control del gobierno de EE. UU. El T-MEC fue ratificado por el Senado el 19 de junio pasado, y ahora solo está pendiente la aprobación del congreso norteamericano, aunque se encuentra empantanado por las elecciones presidenciales de 2020.

AMLO prometió cancelar la reforma energética aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero en los hechos impulsó su ratificación y garantizó los contratos establecidos con los inversionistas locales e internacionales.

También se comprometió a derribar la reforma educativa que, durante años, como opositor, criticó; pero ya instalado en Palacio Nacional, impulsó una supuesta contrarreforma con la que ratificó en realidad la aprobada en 2014.

Juan José Rodríguez Prats, analista político y legislador federal en varias ocasiones, sostiene que AMLO encabeza “un gobierno de incongruencias e inconsistencias, y estas dos características son terribles, porque deterioran la credibilidad y la confianza”. Además, destacó: “para mí el saldo al primero de diciembre es la pérdida de autoridad, y esto es sumamente grave en un Estado de Derecho, hay un grave deterioro de la institución presidencial. AMLO habla de un cambio de régimen, pero ¿Qué es un cambio de régimen? ¿En qué está cambiando ese régimen?”.

Machetazos al presupuesto

El 21 de noviembre, en la Expo Santa Fe, habilitada como recinto alterno de la Cámara de Diputados, la bancada de Morena y sus aliados de los partidos Encuentro Social (PES), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), aprobaron un presupuesto que, entre otros, contiene un nuevo y drástico recorte de 40 por ciento al gasto destinado a fortalecer al campo, uno de los posibles motores para impulsar el crecimiento económico, que se ubica hoy en el cero por ciento y con tendencia a la baja, de acuerdo con los especialistas consultados por este semanario.

En 2020, el Presupuesto para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) será de 65 mil 434 millones de pesos, cifra 40 por ciento menor al gasto que tuvo este año. Contingentes de diversas organizaciones campesinas se plantaron el 21 de noviembre en torno al Palacio Legislativo como protesta contra ese recorte, antes de que éste se oficializara; pero los legisladores no atendieron los reclamos de los manifestantes.

El año entrante habrá un presupuesto de seis billones 107 mil 732 millones 400 mil pesos, y gran parte de los recortes aplicados a varias secretarías del Poder Ejecutivo sirvieron para nutrir el presupuesto de la Secretaría de Bienestar, encargada de distribuir el dinero de los programas asistencialistas, que se entrega a nombre de AMLO. En específico, los programas de Bienestar dispondrán de ocho mil 365 millones 370 mil pesos.

Hay que destacar que la política asistencialista de AMLO se ejerce con el ánimo de que la economía nacional crecería como en los tiempos del “milagro mexicano” –entre los años 40 y 60 del siglo pasado–, es decir, a tasas promedio entre el seis y el siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Una vez instalado en el cargo el Presidente redujo esa expectativa al cuatro por ciento; pero los especialistas de la Facultad de Economía de la UNAM sostienen que México cerrará este año con cero por ciento de crecimiento y que la tendencia a la baja se mantendrá en un marco de alto riesgo de recesión para los próximos meses.

 “La recesión ya es una tendencia irreversible. La interrogante aquí es si el año entrante el Gobierno Federal podrá, por lo menos, intentar detener este proceso; yo creo que no. Dependiendo de las decisiones de política económica que se tomen, se puede acelerar más. Lo que podría acelerarlo es precisamente lo que están haciendo al abrir todavía más Pemex a la inversión extranjera, lo cual reducirá más los ingresos del petróleo. El gobierno mexicano está contrayendo el gasto y el consumo. Si sigue con esta política podría acelerar la recesión e incluso la podría profundizar”, advirtió a este semanario el doctor David Lozano Tovar, investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, quien también aseguró que los pilares de la economía están en peores condiciones: “El sector de la construcción, el de las manufacturas de primera mano, y el sector automotriz, que es uno de los principales motores de la economía, muestran, ahora sí, caídas en las ventas y en la inversión. Esto va a obstaculizar los objetivos de política económica planteados y va a provocar una caída del gasto público. Veremos al gobierno tratando de reducir más sus compras, lo que va a causar bastantes problemas”.

En este ambiente de falta de crecimiento económico tampoco se reducirá la pobreza. Se incumplió además la meta prometida de generar al menos un millón 500 mil empleos en 2019. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó el pasado cinco de agosto que en México hay 52.4 millones de pobres, lo que representa el 41.9 por ciento de la población; es decir, cuatro de cada 10 mexicanos sobreviven en esa condición y el deterioro continúa.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la tasa de desempleo se incrementó en el tercer trimestre del año –junio-septiembre– con una tasa del 3.6 por ciento respecto a la población económicamente activa (PEA), equivalente a dos millones 100 mil personas, cifra superior a los dos millones que había al término del segundo trimestre, y por encima de la tasa que prevalecía en el mismo periodo de 2018, con una diferencia de 213 mil 360 personas más.

En el tema de la salud, el gobierno de AMLO tampoco ha salido bien librado, ya que la falta de medicinas, tan negada en su momento, lo golpeó de manera directa al igual que a los funcionarios adscritos a dicho sector. Sin embargo, en su plataforma electrónica No al Huachicol de Medicinas, reportó la recepción de dos mil 300 denuncias por desabasto de medicamentos en instituciones de salud pública, con información detallada y corroborada por entidad, institución, unidad médica, paciente y medicamento.

Modelo neoliberal sigue vigente

El doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C. (IDIC) presentó en agosto el reporte La pobreza en México, en el que revela un agravamiento en este problema nacional: “el gasto social nunca va a poder compensar lo que el modelo económico no puede hacer”, afirma el especialista. 

En su análisis –publicado en el número 165, volumen VII de La Voz de la Industria (editado por el IDIC)– De la Cruz sostiene que México carece de un plan incluyente a largo plazo y denuncia que se mantiene vigente el modelo económico generador de pobreza.

El número de personas en pobreza aumentó en casi tres millones los últimos 10 años, con lo que se ubicó en 52 millones 400 mil personas. “(…) La política económica desdeñó el objetivo de mayor crecimiento económico. Implícitamente subestimó el papel de la inversión en el crecimiento económico y la generación de empleo (…)”.  

“(…) El bajo crecimiento, la pobreza, el bajo consumo, la informalidad, la precarización del mercado laboral, la caída de la inversión y la dependencia hacia Estados Unidos son fruto de la debilidad de México en términos económicos, como sociales y políticos. Son el resultado de la carencia de un Proyecto de Nación que permita construir una sociedad que, respetando sus diferencias, trabaje en la conformación de un futuro incluyente”.

Y a la inseguridad económica se suma la inseguridad pública. Según datos oficiales, en los primeros nueve meses del gobierno de AMLO se habían registrado 29 mil 629 homicidios, el nivel más alto que se haya presentado desde que se mide la incidencia delictiva en 1997. Todavía no termina 2019 y el conteo sigue.

El sainete de la detención y liberación de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo mayor de Joaquín “El Chapo” Guzmán, encargado del Cártel de Sinaloa que encabezó su padre –también de su hermano Ovidio Guzmán López– sucedido el 17 de noviembre en Culiacán, Sinaloa, fue calificado por los especialistas como el más preocupante signo de la fallida política de seguridad pública de AMLO, ya que evidenció que su “estrategia” consiste precisamente en no tener una estrategia.

El corresponsal de The New York Times en México, Azam Ahmed, quien tiene acceso a información de agencias estadounidenses con presencia en el país –entre ellas la Agencia Federal Antidrogas (DEA)– reportó que los elementos de la GN y del Ejército Mexicano que se enfrentaron en Culiacán con los sicarios del Cártel de Sinaloa, se mostraron inferiores en número y capacidad de fuego y fueron rebasados por quienes acudieron a defender a Iván Archivaldo, quien una vez liberado se encargó de hacer lo propio con su hermano Ovidio.

Luego de este penoso incidente, el lunes cuatro de noviembre ocurrió el inusitado y brutal ataque contra una caravana de estadounidenses habitantes de la comunidad mormona Le Barón, de Galeana, Chihuahua, en los límites con Sonora. En ese sitio fueron masacradas nueve personas, familiares de Julián LeBarón, entre ellos seis niños pequeños y tres mujeres. El presidente estadounidense Donald Trump sugirió la posibilidad de enviar tropas a México para encargarse de la descontrolada situación de violencia en el país.

“Es ingenuo pensar que dando dinero a jóvenes van a disminuir la violencia y el crimen organizado. Eso es una simpleza suicida. El problema en cuanto a la seguridad es que ya el Estado demostró miedo. Yo creo que el reto mayor de un estado es ejercer la violencia legítima, AMLO dice que no quiere pasar a la historia como un Gustavo Díaz Ordaz. Yo no estoy sugiriendo que reprima, pero decir a los delincuentes ‘abrazos no balazos’, ‘te voy a acusar con tu mamacita y con tu abuelita’ y ‘fuchi, guácala’, es deteriorar la autoridad del presidente”, comentó a este semanario Juan José Rodríguez Prats.

El analista político y experto en derecho constitucional Ramiro Bautista Rosas expresó sus dudas en torno al regalo de pequeñas cantidades de dinero a la gente –en específico a los jóvenes– porque no resuelve el grave problema de la inseguridad pública. “No va a dar resultado eso; puede ayudar un poco quizá, pero tanto así como para que dé resultado, no; no lo considero suficiente como para que repercuta en un abatimiento de la delincuencia en la magnitud que se requiere”, destacó.

...Y la corrupción todavía estaba ahí

Las denuncias por corrupción se han enfilado aghora contra el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T). La dirección nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó denuncias formales por enriquecimiento inexplicable contra el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz; tres de estas denuncias se interpusieron ante la Secretaría de la Función Púbica y una ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Entre los encargados de presentarlas figuran Fernando Belaunzarán, Stephany Santiago y Karen Quiroga, integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria de ese partido.

En primera instancia hubo una denuncia procedente de una información hecha pública en el programa radial de Carlos Loret de Mola en torno a que Bartlett Díaz omitió declarar como funcionario público la posesión de al menos 800 millones de pesos en inmuebles. Posteriormente, el 24 de septiembre, se divulgó otra información donde se expone también que posee 12 empresas, de las cuales dos serían proveedoras precisamente del sector eléctrico, una de ellas con contrato vigente por dos millones de pesos.

De acuerdo con esta información,  entre 2011 y 2017, cuando Bartlett fue senador en dos ocasiones, fundó al menos 10 empresas cuyos titulares son su pareja desde hace 20 años, Julia Elena Abdala Lemus, y su hijo León Manuel Bartlett Álvarez. Las otras dos compañías fueron registradas antes del año 2000, en cuya documentación el propio Bartlett Díaz aparece como principal socio. Siempre de acuerdo con el citado reporte, ninguna de esas empresas fue declarada por Bartlett a la Secretaría de la Función Púbica (SFP).

Otros casos de presunta corrupción involucraron a dos compadres del Presidente. Uno de ellos es Carlos Lomelí Bolaños, quien se vio obligado a renunciar a su cargo como “superdelegado” federal en el estado de Jalisco, después de que la prensa reportara que dos de sus empresas farmacéuticas obtuvieron contratos de compra provenientes del gobierno de AMLO, hecho con el que incurrió en conflicto de interés. El otro caso fue protagonizado por Miguel Rincón Arredondo, quien consiguió dos licitaciones a favor de su empresa papelera para ofrecer servicios a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), aunque por razones todavía desconocidas no se presentó a firmar los contratos respectivos.