La equiparación legal de distintas prácticas de evasión y defraudación fiscal –entre ellas el uso de facturas apócrifas y empresas “fantasma”–  con las actividades de la delincuencia organizada y los atentados a la soberanía nacional ubican al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en una línea de confrontación directa y riesgosa con las organizaciones empresariales, cuyos dirigentes han empleado la frase “terrorismo fiscal” para caracterizar las más recientes acciones legislativas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Unión.

Para los empresarios y la oposición resulta en extremo alarmante, la nueva tipificación de Morena en materia fiscal porque puede conectarse con la Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED), puesta en vigor el nueve de agosto para con ello colocar a cualquier contribuyente –persona física o moral– en la posibilidad de perder sus bienes patrimoniales a manos del gobierno a causa de una elusión u omisión contable susceptible de evaluarse como delito fiscal grave.

Al usar el término “terrorismo fiscal”, los críticos de la estrategia impulsada por la administración de AMLO no se refieren solamente a las ya evidentes exageraciones en que los legisladores de Morena incurrieron al elaborar dicha reforma fiscal, sino también a su posible uso coactivo contra los contribuyentes a manos de un gobierno inepto “al que no le cuadran las cuentas” y que pretende cobrar impuestos de cualquier modo.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Mauricio Kuri, afirmó que a la administración de AMLO ya se le acabó el dinero y ahora le urge conseguir más para repartirlo con sus programas asistencialistas: “Dijeron que se recuperarían 500 mil millones de pesos con el combate a la corrupción y no veo en dónde están”.

Su compañera de bancada Minerva Hernández, contadora y administradora pública, con maestrías en sistemas anticorrupción y Estado de Derecho, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN (PAN), y secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, advirtió que la reforma impulsada por Morena juzga al causante como “un potencial evasor fiscal, como un potencial delincuente organizado, y que puede llegar a un tema de seguridad nacional. Esto resulta gravísimo, expresa un atropello a los derechos fundamentales de los contribuyentes.

“A todos los contribuyentes, trátese de quien se trate, incluso los cumplidos;  básicamente a todos nos están considerando como potenciales delincuentes organizados. Para Morena, este tema representa un tema de seguridad nacional, que no lo es. Podemos analizarlo desde diversas perspectivas y no lo es. Y, por otro lado, intenta ubicarlo como delincuencia organizada. Delincuencia organizada implica, por sí misma, que haya testigos protegidos –denunciantes anónimos– que haya la posibilidad de aplicar la LNED; pero en el contexto general, tenemos una ley que tiene visos de inconstitucionalidad, que contraviene el Sistema Penal Acusatorio al considerar, de entrada, la prisión oficiosa y que, por supuesto, está violentando los derechos de los contribuyentes cumplidos”, agregó el especialista.

La también secretaria de la Comisión de Hacienda del Senado, la priista Nuvia Mayorga Delgado, llamó el 21 de agosto a Morena a no incurrir en la aprobación de una reforma con evidente contenido de “terrorismo fiscal”. En el marco del foro “Las reformas fiscales penales contra las facturas falsas y las empresas fantasma”, la senadora aseguró que la defraudación fiscal está ampliamente descrita en el Código Fiscal de la Federación, por lo que no había necesidad de redundar ni generar interpretaciones legales controversiales.

A esta posibilidad se añade la zozobra que causa el eventual uso combinado de estas reformas con la LNED contra quienes el Presidente y los morenistas consideran enemigos políticos o simplemente críticos, tal como han advertido empresarios, políticos de oposición y analistas especializados.

“Farsantes, arribistas, corruptos…”

Sin preocuparse por rebatir los argumentos en contra del paquete de reformas, el pasado 12 de septiembre, AMLO lanzó una andanada verbal contra el bloque de los legisladores panistas y los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), a quienes calificó como “farsantes, arribistas, simuladores, politiqueros y corruptos”, luego de que éstos anunciaran la interposición de una acción de inconstitucionalidad contra las reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Y todavía se atreven a autonombrarse representantes populares; da hasta pena ajena, defendiendo a los defraudadores, no es la moral la que los guía”, afirmó en su conferencia de prensa mañanera de ese día, donde no solo chocó con las direcciones políticas y las bancadas legislativas de oposición, sino también con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), cuyos dirigentes sostienen la misma postura crítica sobre la reforma.

Los senadores del PAN, PRI y PRD repudiaron la embestida verbal del mandatario, entre ellos, Mauricio Kuri, coordinador del PAN, quien expuso que a pesar de las agresiones verbales del Presidente, el bloque opositor presentará una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN. Lo mismo anunciaron los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno y del PAN, Marko Cortes, el vicecoordinador priista en el Senado, Manuel Añorve; Miguel Ángel Mancera del PRD y Samuel García del MC.

Se estima que la citada reforma fiscal, aprobada en el Senado el 10 de septiembre, recibirá el visto bueno de la mayoría de Morena y la de sus aliados de los partidos Encuentro Social (PES), Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, donde se encontraba al cierre de esta edición. Si se aprueba, como se prevé, se pondrá en vigor el 1° de enero de 2020. Los senadores de los cuatro partidos alcanzan los 43 votos mínimos requeridos legalmente para la interposición del citado recurso ante la SCJN.

El grupo parlamentario del PAN en el Senado exigió al presidente AMLO: “dejar de mentir y confundir a los ciudadanos”. Además, indicó: “Las y los senadores de Acción Nacional estamos a favor de combatir la defraudación fiscal, pero no de promover el terrorismo fiscal. Presentaremos una acción de inconstitucionalidad contra el intento de Morena para criminalizar a los contribuyentes”.

En la sesión plenaria del Senado del martes 10 de septiembre, con el voto mayoritario de los senadores de Morena, se aprobaron reformas al Código Penal, Código Fiscal de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Seguridad Nacional y Ley Federal de Delincuencia Organizada, las cuales equiparan la delincuencia organizada con la evasión fiscal, cuando haya al menos tres involucrados en el ilícito y un daño al erario a partir de siete millones 804 mil 230 pesos.

Los actos ilícitos contra el fisco, como la evasión, defraudación fiscal, comercialización de facturas falsas y creación de “empresas fantasma” se consideran delitos graves equiparables al contrabando y atentados contra la seguridad nacional, tal como el terrorismo. Se aplica el encarcelamiento inmediato mientras se hacen investigaciones, es decir cárcel preventiva oficiosa para los inculpados, y se incrementan de cinco a ocho los años de prisión aplicables, si son sentenciados.

En la sesión del Senado del martes 10 de septiembre, la mayoría morenista aprobó el incremento de cinco a ocho años de prisión la pena corporal para quien “por sí mismo o  interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales con el fin de amparar operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”, que se consideran delitos graves.

La prisión preventiva oficiosa –cárcel inmediata mientras se investigan los delitos– se aplicará a quienes participen en una “empresa fantasma”. Se sancionará de la misma forma a quienes permitan o publiquen, por cualquier medio, anuncios sobre la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales para amparar operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Cuando alguno de estos delitos sea cometido por un servidor público en funciones, éste será destituido e inhabilitado por un lapso de uno a diez años para desempeñar cargos públicos.

Se aprobó también una modificación al artículo primero transitorio de las reformas propuesto por la senadora morenista, Rocío Abreu Artiñano, para establecer que estas normas legales entren en vigor a partir del 1° de enero de 2020; es decir, serán aplicables a partir del ejercicio fiscal 2020.

Al presentar el pleno senatorial el dictamen aprobatorio de comisiones sobre las reformas, la senadora morenista Marybel Villegas Canché mencionó que entre 2014 y junio de 2019 se identificaron nueve mil empresas que simularon operaciones con facturas falsas. Se emitieron ocho millones de facturas falsas por 1.6 billones de pesos, que implicaron una evasión de 354 mil millones de pesos, equivalentes a 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“No se midieron”

El abogado, exlegislador federal y actual vicepresidente de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos A.C. (CMDH), José Luis Espinosa Piña, declaró a este semanario que además de asociar a la evasión fiscal con la delincuencia organizada y de equipararla con un atentado a la Seguridad Nacional “es desmesurado; es atentatorio contra garantías individuales. Es decir, atentatorio contra derechos ¿Por qué? Porque un delito o una conducta delictiva del orden mercantil y fiscal no se puede equiparar con una conducta del orden civil o penal. Es desmesurado, imposible, está fuera de toda proporción. Es una situación muy diferente”.

“Además, se corre el riesgo de que irresponsablemente un contribuyente sea sancionado por omisión, es decir si recibe una factura falsa, el ciudadano no tiene por qué ponerse de agente investigador para saber si es falsa o no, y puede ser sancionado. Eso es lo absurdo; hay tareas que son exclusivas del Estado, no se le puede cargar una responsabilidad del Estado al ciudadano.

“La responsabilidad del Estado es sancionar al emisor de la factura; si ésta es falsa, el emisor debe ser sancionado, no el ciudadano, a menos que dolosamente compre facturas falsas, claro que hay un delito, pero si recibe una factura por error, equivocación, no puede ser objeto de una sanción mayor. En la defraudación fiscal sí hay un delito contra el Estado; es muy diferente el caso de que un ciudadano pueda ser sancionado por una factura falsa que no emitió. Ahí hay una desproporción y el derecho es proporcional”, aseveró Espinosa.

Durante la sesión del Senado efectuada el 10 de septiembre, senadores panistas y priistas estuvieron de acuerdo en la aplicación de cárcel preventiva y oficiosa por el delito de expedición de facturas falsas, pero en contra de lo que consideraron “criminalización de los contribuyentes de buena fe”. Los priistas, en voz de la senadora Nuvia Mayorga Delgado, expresaron que la reforma criminalizará a los contribuyentes y esto no garantizará un incremento en la recaudación fiscal.

El senador perredista Miguel Ángel Mancera estimó desproporcionado considerar la defraudación fiscal como delincuencia organizada y un atentado contra la soberanía nacional. Afirmó, además, que se deja abierta la interpretación de que cualquier contribuyente pueda incurrir en delincuencia organizada. Samuel García, del MC, consideró inadecuado el tipo penal de defraudación fiscal, porque con base en éste se podría ejercer prisión preventiva oficiosa contra una persona que haya omitido alguna declaración fiscal.

En su análisis Legislación punitiva genera incertidumbre jurídica a los buenos contribuyentes, la Coparmex consideró que los mecanismos de la citada reforma “crean un arma política muy poderosa contra empresas y contribuyentes que no sean bien vistos por quienes ejercen el poder”.

De acuerdo con la Coparmex, esta reforma se enlazaría en la práctica con la LNED, también aprobada por los legisladores morenistas, publicada el nueve de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), igualmente criticada por su “manga ancha” interpretativa, multiplicándose de esta manera los riesgos sociales; porque, de acuerdo con la central patronal, al ser eventual víctima de un abuso con la aplicación de la nueva legislación y resultar presunto delincuente organizado, se caerá también en el supuesto de la LNED, se le podrán arrebatar sus bienes y el gobierno podrá venderlos, aunque no exista una sentencia condenatoria.

“Lo que es aún más grave es que podría haber contribuyentes que, sin la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad y sentenciados penalmente. Al ser un delito catalogado como delincuencia organizada no se tendría derecho a fianza. E incluso, debido a la recién aprobada LNED, se podrían vender las propiedades del contribuyente de forma automática”, explicó la Coparmex en su análisis.

El 13 de septiembre, Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), representación de las empresas más grandes del país, señaló que si bien los empresarios están de acuerdo con que se castigue la emisión de facturas falsas y la creación de “empresas fantasma”, no lo están en la equiparación de estos ilícitos con la delincuencia organizada, ya que estas legislaciones se vincularían con la LNED, lo cual podría dar lugar a arbitrariedades.

Por separado, Juan Carlos Pérez Góngora, vicepresidente de Asuntos Fiscales de la Concanaco-Servytur, destacó el 10 de septiembre que un marco legal así violenta los derechos empresariales y vulnera el Estado de Derecho, afectando sobre todo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). “La autoridad debe ser cuidadosa y evitar actuar contra los empresarios que por un error no pagan correctamente los impuestos, o peor aún, utilizar la ley como un instrumento en contra de adversarios políticos del gobierno en turno”.

Mientras tanto, la Coparmex, que como la Concanaco-Servytur  agrupa a Pymes –las cuales integran el sector mayoritario de la economía mexicana y proveen el mayor número de empleos en el país– expuso que en principio combatir la defraudación, elusión y evasión fiscal parece una política adecuada, porque es indispensable colocar candados para detener las defraudaciones fiscales. “Sin embargo, no se puede llegar al extremo de colocar en la incertidumbre jurídica a las empresas y los contribuyentes honestos por medio de la aprobación de una legislación extremadamente punitiva”.

El 10 de septiembre, Juan Carlos Pérez Góngora, vicepresidente de Asuntos Fiscales de la Concanaco-Servytur, advirtió que dicha reforma está mal diseñada, y que su probable aprobación en la Cámara de Diputados, para posteriormente ponerse en vigencia, afectará a muchos contribuyentes que sin dolo pueden incumplir con algún requisito en sus declaraciones fiscales. Pérez Góngora expresó que su central empresarial está de acuerdo en que se ponga “mano dura” contra quienes cometen delitos de orden fiscal, pero no con que se abra la posibilidad de afectaciones a contribuyentes cumplidos. “Lo que nos preocupa es la demás gente que, por algún error, no emitió comprobantes fiscales o dejó de pagar impuestos y ahora, si se aprueba, la autoridad vaya tras de ellos”, añadió.