Se reconfigura el mapa politico de América Latina con seis elecciones presidenciales. Tras el resultado mixto en la elección de Guatemala, El Salvador y Panamá, se espera que en octubre se defina el pulso político para Argentina, Bolivia y Uruguay. La región, que oscila entre el progresismo y la ultraderecha neoliberal ve posible el retorno del kirchnerismo y el refrendo al Movimiento al Socialismo y al Frente Amplio. Ante este posible viraje, el imperialismo corporativo endureció la persecución judicial y reactivó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para aniquilar a Cuba, Bolivia y Venezuela. Sería deseable que México alistara una diplomacia acorde con el nuevo mapa regional.

El panorama político de América Latina se definirá en los comicios presidenciales de octubre en Argentina, Bolivia y Uruguay, y la elección de gobernadores en Colombia. Este relevo político se dará en un contexto donde persisten la pobreza, corrupción, desempleo, bajo crecimiento, mala cobertura sanitaria y educativa.

Este sombrío panorama alienta la probabilidad de que se impongan los aspirantes progresistas sobre las derechas. Tal escenario incomoda a Estados Unidos (EE. UU.) cuyo presidente seguramente se reelegirá el próximo año, pues no hay ningún adversario demócrata que le dispute el cargo. Por tanto, si triunfan las fuerzas progresistas en el Cono Sur, no hay que desestimar nuevas ofensivas de Washington.

Argentina

Los argentinos llegan a las elecciones presidenciales en medio de una grave crisis económica que ha detonado múltiples demandas sociales y laborales. El mes pasado, llamado el “agosto negro”, vivió una espectacular caída financiera que sacudió los mercados e impactó severamente la economía. En reacción aumentaron las intensas movilizaciones, bloqueos y plantones.

Según la consultora Diagnóstico Político, hubo 524 protestas antigubernamentales de organizaciones sociales, trabajadores burócratas, fuerzas políticas, sindicatos del sector privado, vecinos y desempleados. Su tinte político fue diverso: unos eran peronistas tradicionales, otros kirchneristas y unos más de la izquierda dura.

Entre otras, se hicieron demandas para prorrogar la Ley de Emergencia Alimentaria (que obliga a elevar fondos para comedores comunitarios), aumentar el número de beneficiarios de subsidios sociales y alzar los montos de esas ayudas. También exigieron la creación de empleos y negociaciones salariales.

Acamparon frente al Ministerio de Desarrollo Social en el centro bonaerense porque la ministra Carolina Stanley se negó a reunirse con ellos. Esas movilizaciones repudiaron la alta inflación (de 54.5 por ciento) y el incremento en la pobreza, que afecta a un tercio de la población. Nada anticipa que septiembre concluya con mejores cifras.

Los argentinos inconformes se oponen también a la importación de residuos peligrosos que Macri –con supuesta mentalidad empresarial– autorizó en su decreto del 27 de agosto, por los cuales Argentina tendrá que pagar.

Los manifestantes pasaron de protestar en plazas y calles a los centros comerciales, lo cual indigna a empresarios y comerciantes, quienes temen que pueda repetirse lo sucedido en 2001, cuando, en el punto más difícil de la crisis económica, el estallido social se convirtió en un saqueo de tiendas comerciales y en una espiral de violencia y represión que dejó decenas de muertos.

Las protestas contra la política económica y social del presidente Mauricio Macri se mantienen. La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera con raíces peronistas, realizó cinco huelgas generales, aunque se comporta con cautela por los próximos comicios.

Macri, quien planea su reelección, presentó un proyecto de Presupuesto 2020 que prevé un superávit fiscal primario, el control de la inflación y un crecimiento del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Espera más exportaciones agrícolas, inversiones en hidrocarburos y superávit comercial en un medio internacional “más favorable”, pese a la disputa comercial entre EE. UU. y China.

Sin embargo, Argentina está en recesión desde abril de 2018; además, en agosto, el valor del dólar saltó del cuatro por ciento al 27.8 por ciento (de 67 a 75 pesos por dólar). Por ello, el 1º de septiembre restringió compras de dólares y transferencias al exterior, mientras las reservas cayeron debajo de los 50 mil millones de dólares, una pérdida de 117 millones. La calificadora Moody’s advirtió que la caída continuará.

La deuda externa del país es lo que más preocupa. Macri firmó con el Fondo Monetario Internacional en 2018 un auxilio financiero por 56 mil 300 millones de dólares, de los que recibió 44 mil 500 millones, pero el resto será entregado en 2020.

La elevada deuda argentina genera duras negociaciones con los acreedores. Macri pretende reprogramar los vencimientos y dejar esa responsabilidad a su sucesor, en caso de que gane el candidato presidencial favorito, el peronista Alberto Fernández, del Frente de Todos (FDT), quien ha pedido serenidad a los manifestantes.

Fernández, exjefe de gabinete de Néstor y Cristina Kirchner, analizó en 2017 los proyectos progresistas de la región. Algunos analistas intentaban develar por qué retrocedían, cuáles fueron sus errores y dónde enfocarse para resurgir. Otros, como el internacionalista mexicano Rafael Rojas, afirman que Fernández se opuso a la presidenta en el momento de su mayor aproximación al chavismo en el artículo Los Kirchner frente a frente.

Un tropiezo diplomático del candidato del FDT fue su afirmación de que en Venezuela hay un gobierno autoritario. En reacción, el presidente del país caribeño trató de “estúpidos” a aquellos que afirmaban tal cosa. El peronismo, repudiado en las urnas en 2015 y 2017, podría retornar a la Casa Rosada tras la elección presidencial de 2020.

Para el analista Diego Sztulwark, el macrismo “es un problema serio con discurso banal”. Es una reforma óptima que todo lo conduce a la transparencia empresarial, y todo lo que va fuera de su régimen “es terrorismo”. Sztulwark afirma que el kirchnerismo supo tratar la crisis, aunque lo hizo “negativizándola”

Bolivia

El programa de desarrollo económico y el nivel de crecimiento alcanzado por los tres anteriores gobiernos de Evo Morales Ayma garantizan que el Movimiento Al Socialismo (MAS) se mantendrá en el poder. Adicionalmente, la izquierda confía en que el exdirigente cocalero continúe apoyando movimientos sociales que hagan frente a las pretensiones intervencionistas del Grupo de Lima contra Venezuela y Bolivia misma.

Si se reelige, es de esperarse que Morales fortalezca el proceso de integración regional y los mecanismos de cooperación como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) o Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) y Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). A menos de cuatro semanas de las elecciones generales, la tendencia en las encuestas era inamovible a favor del binomio formado por el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

En segundo lugar de preferencias electorales está el candidato de la Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa. Según la empresa Viaciencia S.R.L., Morales obtuvo 43.2 por ciento de preferencia contra 21.3 por ciento de Mesa, es decir 22 puntos menos.

No obstante, la oposición boliviana se reagrupa y asume posiciones de fuerza. Su estrategia es generar un ambiente de convulsión social hacia el 20 de octubre, con un discurso que combina la narrativa medio ambiental y la defensa del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando se rechazó la reforma constitucional para no permitir la reelección de Evo este año.

El ataque cada vez más violento del bloque opositor es su crítica al origen del incendio del bosque de la Chiquitania. Simultáneamente, ha formado “destacamentos” juveniles de corte paramilitar para atacar a los militantes del MAS,  como sucedió en Santa Cruz, o para quemar propaganda electoral en Yungas de La Paz.

Pese a esas escaramuzas, el protagonismo boliviano en el mundo va al alza. El pasado 17 de septiembre asumió la presidencia de la Primera Comisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Desarme y Seguridad Internacional. Además, ha comenzado a producir baterías de litio para exportación, un mineral estratégico que el presidente Morales se comprometió a usar con visión geopolítica.

Uruguay

Es el país latinoamericano con mayor PIB per cápita, donde la mortalidad infantil cayó a menos de la mitad desde 2005 y el que mejor redistribuye la riqueza. Sin embargo, adolece de una escalada en la inseguridad pública, falta de diversificación productiva y la persistencia de pobreza en muchos estratos sociales. Este será el contexto en el que más de 2.6 millones de uruguayos votarán el 27 de octubre por un nuevo presidente.

Ese día decidirán si refrendan la confianza que depositaron en el Frente Amplio (FA), en el poder desde 2004, ahora encabezado por el candidato Daniel Carlos Martínez Villamil, o si favorecen a otra fuerza. También disputan el cargo el conservador Partido Nacional (PN) con el senador Luis Lacalle Pou y el Partido Colorado (PC) con el economista Ernesto Talvi de 83 años. El ganador relevará a Tabaré Vázquez el 1° de marzo de 2020.

Si permanece su tendencia al alza, el FA va por su cuarto gobierno nacional consecutivo en 15 años –más de lo que gobernó el kirchnerismo en Argentina y el Partido de los Trabajadores en Brasil– y la única duda está en si alcanzará la mayoría de cara a la primera vuelta.

Su candidato, Daniel Martínez es un ingeniero socialista al que describen como “pragmático, realista y trabajador, además de prudente y conciliador”. Es decir, alguien que no desata pasiones sino que piensa la jugada, escribía Miguel Fauré Polloni. Martínez militó en la clandestina Juventud Socialista durante la dictadura, trabajó en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y fue dirigente sindical de la petrolera estatal.

Su lema es: “Se puede ser de izquierda y gastar con responsabilidad los recursos de la izquierda”. Ingresó a las “grandes ligas” con el triunfo del Frente Amplio en 2005, cuando el actual presidente Tabaré Vázquez lo designó titular del MIEM. En 2010 fue electo senador hasta que ganó la elección a la Intendencia de Montevideo. Su proyecto político ofrece mejorar la productividad del país.