Para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el patrimonio cultural es “una de las prioridades de su política exterior”, declaró el embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, a la prensa internacional mientras, prácticamente ante sus narices, pujaban en la subasta quienes sí estaban interesados en adquirir las joyas prehispánicas; eran 120 piezas sustraídas al patrimonio cultural de México por traficantes que las hicieron llegar a manos de los comerciantes, más que de “coleccionistas” de la Casa Millon, que no vacilaron en colocarlas en el mercado ante la perspectiva de hacer un buen negocio.

El embajador no tuvo el tiempo ni la ocurrencia de sugerir a su gobierno la adquisición del lote de piezas, cuyo 95 por ciento se remató en poco más de 25 millones de pesos mexicanos; y si consultó, seguramente esa prioridad del patrimonio cultural se estrelló contra la “austeridad republicana” de la “Cuarta Transformación”.

En la víspera de la subasta también dio señales de vida la cancillería mexicana para impugnarla, condenando el tráfico de nuestro patrimonio cultural, pero haciendo evidente su lentitud para reaccionar ante un atentado contra los intereses de la nación, despojada de parte de su herencia histórica.

No podía esperarse del gobierno de un país imperialista más que indiferencia ante la subasta de piezas artísticas, joyas prehispánicas, riquezas arqueológicas propiedad de la nación mexicana, robadas en diferentes regiones, entidades federativas y centros arqueológicos e históricos del país.

Era pecar de ingenuidad esperar respuesta favorable a la solicitud al gobierno francés para que frenara la subasta de esos tesoros; existen móviles económicos detrás de su negativa a intervenir ante una actividad evidentemente ilegítima; sin embargo, el gobierno mexicano estaba obligado a protestar, impugnar tal subasta y apelar a tiempo a los tratados, acuerdos y leyes internacionales vigentes, denunciando públicamente tal saqueo.

No podía esperarse tampoco de los multimillonarios traficantes de bienes culturales una actitud distinta: si los mexicanos quieren recuperar su patrimonio cultural, deben pagar por el mejor precio al subastador y asunto concluido, respondieron; tampoco es extraño que la embajada francesa en México justificara la venta impugnada. Pero sí era de esperarse de un gobierno mexicano “diferente a los anteriores”, contrario al neoliberalismo y por lo tanto al imperialismo y defensor de los intereses y las causas populares, que reaccionara con mayor energía, más oportunamente y sin escatimar esfuerzos ni recursos presupuestales para recuperar una parte de las magníficas joyas históricas que se perdieron, vendidas al mejor postor, en una cifra inferior a los gastos menores de algunas dependencias y altos funcionarios o a la partida secreta de ciertos presidentes de la República. Y mientras esta subasta transcurría, un embajador mexicano nos recordó que el patrimonio es una prioridad del actual Gobierno de México.