El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
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Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indican que durante 2024 se contabilizaron 374 mil 949 incidentes viales a nivel nacional, con un saldo de cuatro mil 791 personas fallecidas.
En la capital del país, el primer semestre de 2024 cerró con 41 mil 76 accidentes. En ese mismo período, 272 personas perdieron la vida.
En lo que va de 2025, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México reportó 18 mil 932 siniestros, con un total de 111 muertes relacionadas con hechos viales.
El diputado local Pablo Trejo Pérez calificó esta situación como una crisis de salud pública y un problema de derechos humanos. Afirmó que la mayoría de los siniestros podrían evitarse, ya que más del 90 por ciento ocurren por errores humanos, según estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Ante este panorama, el legislador presentó un Punto de Acuerdo en el Congreso de la Ciudad de México. En él, pidió a las 16 alcaldías coordinar acciones con la Secretaría de Movilidad para reforzar la educación vial. Esta medida quedaría sujeta a la disponibilidad presupuestal de cada demarcación.
Trejo Pérez también propuso fortalecer campañas de comunicación dirigidas a automovilistas, motociclistas, peatones y ciclistas. Además, planteó el impulso de una cultura vial basada en el respeto a las normas de tránsito y en la protección de todos los usuarios de la vía pública.
El legislador incluyó en su propuesta la creación de comités ciudadanos con el objetivo de supervisar temas de seguridad vial y respaldar proyectos enfocados en reducir riesgos.
“Hoy, los esfuerzos existentes resultan importantes, pero insuficientes. Se requiere una estrategia constante, visible y cercana a la población”, concluyó.
El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
Organizaciones sociales y el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba marcharán este 26 de julio del Hemiciclo a Juárez a la antigua Embajada de Estados Unidos para conmemorar el inicio de la Revolución Cubana y demandar el levantamiento del bloqueo económico contra la isla.
La Ciudad de México registró 19 feminicidios entre enero y junio de 2026, un incremento de 11.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Venustiano Carranza concentra el mayor número de casos, seguida de Iztacalco y Magdalena Contreras.
El Jardín Flotante, los bajopuentes de Tlalpan y la Línea 2 del Metro siguen inconclusos o bajo investigación.
Aunque 701 mil personas salieron de la pobreza entre 2022 y 2024, 54.7% de la población de la CDMX aún enfrenta carencias en ingresos, salud, educación, alimentación, servicios básicos o seguridad social.
Más de 600 unidades exigen regularización, Seguridad Social y vivienda.
En la alcaldía Magdalena Contreras hay 52 mil 969 habitantes, de los cuales 12 mil 792 son de San Bernabé Ocotepec: Inegi.
La CDMX espera una ocupación hotelera de 61.63 por ciento.
Usuarios en redes sociales reportaron que el movimiento también se sintió en la Ciudad de México. También hay deslizamientos de tierra en Guatemala.
Las aseguradoras esperan que esta práctica sea tipificada como extorsión a nivel nacional para reducir su incidencia.
La protesta se realizará casi un mes después de que el magisterio disidente levantó el paro nacional y retiró su plantón del Zócalo.
La SSC realizó 296 mil 728 revisiones AlcoStop y aplicó tres mil 237 pruebas de alcoholimetría entre el 11 de junio y el 11 de julio.
La alcaldía gobernada por Mauricio Tabe registró un aumento del 183 por ciento en pisos construidos ilegalmente durante 2025.
El programa “Textiles con Futuro” busca recuperar ropa, sábanas, cortinas y otros materiales en desuso para destinarlos a donación, reciclaje o transformación en nuevos productos.
Reportes de inteligencia y denuncias de operadores señalan que células de la organización criminal venezolana estarían operando en corredores de transporte público de la capital, donde presuntamente realizan cobro de piso, amenazas y reclutamiento.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera