La alianza Va por México, inicialmente integrada por los partidos de oposición Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI), fue suspendida en días pasados debido a la ruptura entre las corrientes internas del “tricolor”.

El desencuentro entre los opositores afloró a partir de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, impulsó sorpresivamente una reforma constitucional a la ley orgánica de la Guardia Nacional (GN) para que ésta se integre formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y complemente el paquete legislativo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) promueve para profundizar, según la oposición, la militarización en México.

Los dirigentes y legisladores del PAN y PRD han recordado reiteradamente que en la reforma constitucional, con la que se creó la Guardia Nacional en 2019, se fijó un plazo de cinco años, es decir, a más tardar en 2024, para que el gobierno vigente reclutara y capacitara policías civiles y formara esta corporación policial para sustituir poco a poco a los militares que eventualmente le fueron asignados.

La inesperada iniciativa de reforma constitucional lanzada el dos de septiembre de 2022 por diputados del PRI propuso ampliar ese plazo hasta 2028, mientras que el Presidente –en una acción militar de cierre de pinza– introdujo un paquete de reformas a leyes secundarias relacionadas con la Guardia Nacional, las cuales fueron aprobadas y publicadas de inmediato para transferir el control de esta corporación a la Sedena, a pesar de que la Constitución define a la Guardia Nacional como una institución civil.

Esta promoción legislativa provocó un distanciamiento en la alianza opositora que inició justo cuando la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, difundió conversaciones privadas de su antecesor (2015-2019) hoy diputado federal y dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

Las revelaciones de Sansores se detuvieron precisamente a partir del dos de septiembre de 2022 cuando el PRI presentó de forma imprevista la iniciativa de reforma constitucional sobre la integración militar de la Guardia Nacional.

La fractura aliancista se originó también cuando los partidos integrantes acordaban las bases para nominar candidatos comunes frente a las elecciones de gobernador en los estados de México y Coahuila en 2023, cuyos resultados pueden ser fundamentales para la elección presidencial de 2024, aunque el PRD y el PAN mantienen la coalición.

Además del conflicto en la alianza Va por México, los dislates de Alito Moreno Cárdenas han dividido en dos al PRI, una facción conformada básicamente por diputados federales y otra por senadores, con sus respectivas militancias en las 32 entidades, entre las que figuran gobernadores, incluidos los aliancistas de Aguascalientes y Durango; dirigentes estatales, distritales y otros liderazgos locales. El contenido central del diferendo reside en la subsistencia o no de la alianza hacia los comicios locales de 2023 y las presidenciales y federales de 2024.

Los presidentes nacionales del PAN y PRD afirmaron que aún se sostienen con gran parte de los priistas y de manera destacada con sus liderazgos estatales en Coahuila y Estado de México, quienes están de acuerdo en mantener la alianza de cara a los comicios estatales de 2023.

Entorno complejo

Ramiro Bautista Rosas, doctor en derecho y analista político, reveló a buzos que se ha formado un entorno muy complicado, con elementos que dificultan vislumbrar el fondo de los hechos. Sin embargo, algunos pueden servir como puntos de partida para el análisis.

Explicó que, “por un lado, el dirigente del PRI atenúa lo que se estaba volcando sobre él pero, por otro lado, con esto volvió un poco a la línea que ha tenido el PRI y que había abandonado; porque durante casi toda su historia ha estado muy vinculado con las fuerzas armadas.

“Incluso hubo una etapa en que el PRI tuvo un sector militar que era el cuarto sector (además del campesino, obrero y popular). Entonces estaría volviendo un poco a la programática que había abandonado en esta etapa neoliberal”, puntualizó Bautista, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En un hecho singular, el pasado 14 de septiembre, la diputada federal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Inés Parra votó en contra de la reforma constitucional propuesta por el PRI y avalada por su propio partido y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), que propuso ampliar hasta 2028 la presencia del Ejército en las calles mediante la Guardia Nacional.

En días anteriores, el Presidente reconoció haber cambiado de opinión sobre la conveniencia de fomentar la participación de militares en labores de seguridad pública, lo que durante 16 años criticó al expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

El 14 de septiembre, la diputada Inés Parra declaró en el recinto legislativo de San Lázaro: “… solo realizaré una pregunta al Ejecutivo federal desde la casa del pueblo: ¿Acaso también cambió de opinión con relación al combate a la corrupción? ¿Hay moneda de cambio por legislar en pro de la militarización?”.

La legisladora de Morena por Puebla justificó su voto en contra de la iniciativa presentada por la bancada priista porque hacerlo a favor representaría avalar la impunidad del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno y la ampliación de la militarización en el país.

También aseveró: “Yo sigo siendo de Morena, estoy con los principios de Regeneración Nacional; lamentablemente hay una torpeza en mi bancada en aprobar y en apoyar una iniciativa envenenada que viene del PRI… lamento que se esté dando esta situación, donde a todas luces se ve que hay una moneda de cambio”.

Las acusaciones de corrupción contra Alejandro Moreno surgieron principalmente de la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, quien divulgó varios audios de conversaciones telefónicas del dirigente nacional del PRI.

Abiertamente respaldada por Moreno Cárdenas, la diputada federal priista Yolanda de la Torre Valdez –secundada luego por Cristina Ruíz Sandoval– presentó, el dos de septiembre de 2022, una iniciativa para modificar el Artículo 5° transitorio de la reforma constitucional de 2019, con la cual se creó la Guardia Nacional, que fue aprobada en San Lázaro el pasado 14 de septiembre; iniciativa que, al cierre de esta edición, seguía suspendida en el Senado debido al expreso rechazo de los senadores priistas.

El estancamiento de esta reforma en el Senado inició cuando los legisladores del PRI, encabezados por Miguel Ángel Osorio Chong, advirtieron que no la votarían a favor porque se violaría lo dispuesto en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos (CGEUM), y asentado por la reforma aprobada en 2019 sobre la condición legal de la Guardia Nacional como policía civil, pese a que ya la habían aprobado los diputados federales de su partido.

Las operaciones

La diputada priista Yolanda de la Torre propuso ampliar el plazo hasta 2028; y su compañera Cristina Ruiz sumó un año, es decir, una nueva ampliación hasta 2029, tal como quedó la iniciativa cuando salió de la comisión de trabajo legislativo preliminar para su votación en el pleno.

Más tarde, ya en el debate de la plenaria, la bancada del PT, aliada de Morena, presentó una propuesta para modificar ese proyecto aprobado en comisiones para reducir el plazo de 2029 a 2028, tal como finalmente quedó, se aprobó y se envió al Senado para su estudio y ratificación.

En el documento de la iniciativa se argumenta que como la Guardia Nacional aún “no se ha consolidado” –debido a que desde 2019 AMLO evitó destinar recursos y aplicar un plan con ese fin– se necesitará más tiempo para conseguirlo, por lo que debía ampliarse el plazo inicial de 2024 a 2028.

En este marco fue lanzado un paquete adicional de reformas a legislaciones reglamentarias relacionadas con la Guardia Nacional, impulsado por el Presidente y apoyado por Morena y sus aliados PT y PVEM. Las modificaciones fueron aprobadas “vía rápida” el tres de septiembre de 2022 y publicadas el nueve de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las leyes reformadas son de la Guardia Nacional; Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Orgánica de la Administración Pública Federal. Su objetivo fue oficializar el control operativo de la Sedena sobre la Guardia Nacional, lo que ha sido reiteradamente criticado por opositores, organizaciones de derechos humanos y analistas por reforzar la tendencia a militarizar las instituciones del Estado y el emergente autoritarismo de AMLO.

Con base en este paquete de reformas, las fuerzas armadas, encabezadas por Sedena, absorben formalmente y por conducto de la Guardia Nacional las tareas de preservación de la seguridad pública, prevención y persecución del delito. El titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, nombrará al comandante de las operaciones de la Guardia Nacional.

También tendría a su cargo la formulación de políticas, programas y acciones de la Guardia Nacional derivadas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP), así como seleccionar a los responsables de la comandancia general, las unidades especiales y coordinaciones territoriales en las 32 entidades del país y al personal administrativo de la corporación.

A la Suprema Corte

Los partidos aliancistas PAN y PRD han advertido que impugnarán la constitucionalidad del mencionado paquete de reformas de leyes secundarias porque violentan el contenido de la Carta Magna ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, advirtió, el cuatro de septiembre de 2022, que si la reforma constitucional impulsada por los diputados del PRI, Morena, PT y PVEM, es aprobada en el Senado, se interpondrá un recurso de “Acción de Inconstitucionalidad” ante la SCJN, con el apoyo de organizaciones civiles, para evitar que se siga militarizando al país y se consolide una dictadura.

El líder panista cuestionó que el Presidente parece estar buscando traspasar a los militares su responsabilidad por el fallido plan de seguridad identificado como “abrazos no balazos”, que ya ha causado miles de muertes.

En respuesta a este señalamiento, el Presidente reconoció: “la gente quiere la seguridad, necesita la seguridad, es su derecho que se les proteja y no le importa que haya pleitos ni le importa quién es el responsable”.

Además anunció que una vez ampliado el plazo para la participación de militares en la Guardia Nacional hasta 2028, en el año 2027 se efectuaría una consulta ciudadana –aunque su mandato culmina en 2024– para decidir si la corporación debe seguir contando con la participación de las fuerzas armadas.

Por su parte, el titular de la Sedena, Crescencio Sandoval, explicó que la reforma para ampliar el plazo pretende “recuperar la calma de las familias mexicanas”, y añadió: “no son tiempos de señalar culpables… no son tiempos de señalamientos de estrategias fallidas…, sino de apoyo entre todos para hacer las cosas bien”.

El pasado ocho de septiembre, Moreno Cárdenas, el coordinador de los diputados federales Rubén Moreira, y otros legisladores priistas sostuvieron una reunión privada con el general Crescencio Sandoval, quien después señaló que la ampliación de la participación de las fuerzas armadas en la Guardia Nacional se debió a la necesidad de fortalecer bien a los policías que la integrarán.

“No es lo mismo formar a un soldado que formar a un policía. En los planes del estudio se modificaron para quitar en la capacitación en el ámbito de seguridad pública la parte militar. La seguridad pública es un ámbito civil, entonces no podemos no dejar de darlas, pero sí identificamos materias comunes”.

Si se amplía el plazo a 2028 –afirmó– “cuando se llegue ese nuevo plazo, la Guardia Nacional ya estaría fortalecida… y será entonces que el Ejército podrá regresar de lleno a su tarea principal, que es defender a la nación, la defensa de la soberanía y la seguridad interior”, aseguró el Secretario de la Defensa.

Controversia interna

El seis de septiembre el presidente del PAN, Marko Cortés, convocó al priista Alejandro Moreno a definir si en realidad estaba comprometido con la alianza porque, de ser así, el PRI debería retirar su iniciativa de reforma constitucional presentada el dos de septiembre. Moreno contestó que no recibía ultimátum de nadie.

El siete de septiembre, las presidencias nacionales del PAN y PRD difundieron un comunicado común declarando suspendida la alianza Va por México, en el que precisaron: “expresamos nuestra sorpresa y profunda inconformidad, y le solicitamos a la dirigencia nacional del PRI que revalore y honre la plataforma electoral común a la que se comprometió, así como el reciente compromiso suscrito de la moratoria constitucional”.

Esa “moratoria constitucional” está impresa en un acuerdo firmado el nueve de junio de 2022 entre las directivas del PRI, PAN y PRD, y se comprometieron a no aprobar reformas a la Constitución impulsadas por el Presidente, Morena y sus aliados PT y PVEM, que pudieran afectar a las instituciones y representen un perjuicio para los mexicanos.

Los partidos opositores convinieron, de esta manera, en cerrar el paso a proyectos oficialistas de reformas a la Carta Magna, como el orientado a desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) o hacer permanente el control de las fuerzas armadas sobre la Guardia Nacional, porque tiende a militarizar al país y más arbitrariedades.

Destacar también que la coalición Va por México “tiene el mandato popular de millones de mexicanos y que no se debe poner en riesgo la posibilidad de una alternativa electoral rumbo al 2024”.