El pasado nueve de septiembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el paquete de reformas legales con el que el mando de la Guardia Nacional (GN) fue entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presionara hasta lograr su objetivo, un hecho equiparable a un fraude y un golpe militarista a la Constitución, de acuerdo con especialistas en derecho y diversas voces, entre ellos el senador Emilio Álvarez Icaza.

Durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las fuerzas armadas han cobrado un papel relevante en la administración federal como en ningún otro periodo de la historia reciente del país, lo que se evidencia en el aumento del 60.5 por ciento de su presupuesto en solo cuatro años. Este año recibieron 142 mil millones de pesos (mdp), además de que a sus tareas de seguridad nacional se le han asignado otras que son de competencia económica y fiscal, según un análisis de Integralia Consultores.

Legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) coincidieron en que la reforma constitucional, con la que creó la Guardia Nacional en 2019, se fijó un lapso de cinco años (hasta 2024) para que el Gobierno Federal reclutara y capacitara policías civiles y sustituyera paulatinamente a los militares asignados a ese cuerpo policiaco. Pero AMLO cambió sus planes y decidió que éstos se queden en las calles.

A esta decisión se sumó una inesperada iniciativa de reforma constitucional propuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que pretende ampliar ese plazo hasta 2028, misma que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora es objeto de estudio y análisis en el Senado de la República.

Pero a la par del incremento presupuestal a las fuerzas armadas, la violencia y la incidencia delictivas también han aumentado significativamente, como lo muestran las estadísticas especializadas. Tan solo entre 2018 y 2021, la tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes aumentó el 32.6 por ciento; la del narcomenudeo 36. 5 por ciento y la del feminicidio, 7.4 por ciento, informa Integralia Consultores.

Este año, la Guardia Nacional cuenta con un presupuesto de 29 mil 803 mdp, pero el año próximo contará con 34 mil 525 millones 322 mil 208 pesos –el más alto que se le haya asignado, con un incremento de cuatro mil 722 mdp– según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023.

Aunque legalmente la Guardia Nacional pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la práctica está al mando de la Sedena, por lo que resulta previsible que sus recursos sean enviados a esta última. Con este monto y con su presupuesto récord de 112 mil mdp, la Sedena dispondrá de un gasto mayor a 146 mil mdp.

Por ello, la oposición, las organizaciones civiles y empresariales y los analistas afirman que AMLO opta por la militarización del país. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseveró que las fuerzas armadas “deben cumplir con sus funciones y no distraerse en tareas que le son ajenas. Ante la creciente inseguridad, la solución no es la militarización del país.

“Es muy preocupante que se pretenda que la propuesta, que en los hechos no fue presentada como iniciativa preferente, sea aprobada fast track sin una amplia deliberación donde se analicen a fondo las implicaciones operativas y administrativas de un tema tan relevante para la vida de las familias mexicanas, como es la seguridad pública”.

Por su parte, el exlegislador Porfirio Muñoz Ledo, tras la discusión, llamó a los senadores a rechazar la militarización de la seguridad pública: “No a la militarización. Corresponde al Senado decidir el martes respecto al destino de la Guardia Nacional, su fusión con las fuerzas armadas plantea un grave problema de derechos humanos y amenaza con una mayor militarización del país.

“Compromiso patriótico. Las puertas democráticas del país y la gran mayoría de la opinión nacional, rechazan la militarización de la seguridad pública. El Senado tiene la responsabilidad de hacer respetar la Constitución”, aseguró en un comentario difundido en la red social Twitter.

 Los argumentos en contra

En la primera semana de este mes, la diputada del PRI Yolanda de la Torre presentó una iniciativa para ampliar hasta el 30 de marzo de 2028 la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que no fue bien recibido por los integrantes de la Alianza Va por México (PAN y PRD), pues advierten que tal propuesta viola los acuerdos de la coalición de promover la existencia de una policía nacional civil, fuerte y bien organizada.

La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado miércoles 14 de septiembre con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención. Falta el aval del Senado, en el que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus partidos aliados no cuentan con la mayoría necesaria para aprobarla. Por ello, hasta el cierre de esta edición, la decisión se encontraba en manos de los senadores de oposición, quienes han coincidido en su rechazo total. Aunque las presiones no se han hecho esperar, pues por diversas vías, Morena recurre al chantaje para sumar votos a su favor; el último en ceder fue el senador por Yucatán, Raúl Paz, quien dejó al PAN para sumarse a Morena.

Jorge Abel Charruf Cáceres, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, comentó que la medida no resolverá el problema de inseguridad pública que azota al país ni va a reducir, menos a desaparecer, la violencia delictiva desbordada.

“Pareciera que la ampliación de la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública es una manera de irnos por el camino más sencillo, pues únicamente se estaría extendiendo el apoyo de las fuerzas armadas en medio de una crisis de violencia en el país”, afirmó.

Asimismo, Luis Carlos Ugalde, Director General de Integralia Consultores, señaló que “nunca antes el Presidente de la República, el Congreso de la Unión y las fuerzas armadas habían avalado –de forma conjunta– violar la Constitución, en este caso para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Incluso el senador morenista Eduardo Ramírez, estudioso de las leyes, explicó que traspasar la Guardia Nacional a la Sedena es un acto violatorio contra la Constitución:

“Si nos vamos en términos de derecho constitucional, les asiste la razón jurídica (a quienes advierten que pasar la GN a la Sedena es violar la Constitución) porque quienes hemos estudiado leyes sabemos de la pirámide de Kelsen, de la supremacía constitucional de las leyes, la base de todo es la Constitución, las leyes que se desprenden, que son las secundarias, los reglamentos, los decretos y las circulares”.

Y agregó “se habla del respeto a los derechos humanos; si yo estuviera en este momento impartiendo justicia, estaría tomando como base el Artículo 21°, y tomando como base el Artículo 89° constitucional” (y dar la razón a quienes defienden el respeto a la Constitución).

Morena y aliados, es decir, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) están a favor de que la Guardia Nacional sea trasladada a la Sedena y que ésta amplíe su presencia en las calles hasta 2028.

El 19 de septiembre, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores se reunieron para iniciar la discusión de la reforma constitucional propuesta por la diputada priista Yolanda de la Torre, que busca ampliar la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

El decreto, que pasó al Senado para su discusión en el Pleno, contempla que el Presidente de la República disponga de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria hasta por nueve años, es decir, hasta 2028.

Ese día se discutió la modificación al Artículo 5° transitorio de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional para ampliar de cinco a nueve años la posibilidad de que el titular del Poder Ejecutivo disponga de las fuerzas armadas permanente en tareas de seguridad pública.

Integralia Consultores, en su reporte especial La militarización en México, hacia la consolidación de una política de Estado 2006-2022, advierte que, en los últimos tres años y medio, las fuerzas armadas han tomado el control operativo y directivo de más de 20 funciones, incluidas áreas estratégicas ajenas a las de naturaleza castrense. Entre ellas, la construcción de infraestructura civil, administración de aduanas y la operación de programas sociales.

En su edición 1045, buzos retomó la advertencia de la organización Causa en Común al afirmar que el jefe máximo de las fuerzas armadas ha habilitado a los militares en posiciones directivas de instituciones de salud, migración, transporte y aduanas fronterizas y puertos marítimos.

En lo que va del sexenio lopezobradorista, las fuerzas armadas han ocupado al menos 163 cargos, entre las cuales destacan las SSPC (51), el Instituto Nacional de Migración (44), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE (18), las Aduanas y la Administración Portuaria Integral (17).

La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, afirmó que el paso inconstitucional de la Guardia Nacional a la Sedena dejará sin trabajo a más de 20 mil expolicías federales, muchos de ellos con décadas de experiencia y servicio a México. “El paso ilegal de Guardia Nacional a la Sedena no traerá más seguridad a los mexicanos”.

La traición del PRI

Sorpresivamente, la diputada del PRI Yolanda de la Torre presentó una iniciativa para extender la presencia militar en las calles hasta 2028. Esta propuesta desconcertó a los miembros de la Alianza Va por México, es decir al PAN y PRD, que de inmediato llamaron al PRI a reflexionar sobre su propuesta, la cual pisotea al Estado de Derecho en México.

A pesar de que PAN y PRD sostuvieron y votaron en contra de la iniciativa, sin el apoyo del PRI no lograron que ésta fuera rechazada, por lo que se turnó al Senado para su discusión. La oposición necesitará 11 votos del PRI para que la propuesta no pase.

Por ello, ambos partidos invitaron a los senadores priistas a que rechacen la iniciativa de extender la presencia de los militares en las calles.

En un comunicado conjunto, PAN y PRD difundieron que la reforma es condenable tanto en el fondo como en la forma porque fue “votada por la mayoría de los diputados priistas en una evidente complicidad con Morena; claudicando y contradiciéndose, a lo que reiteradamente la dirigencia nacional de este partido y sus legisladores habían pronunciado” contra la militarización y la supuesta estrategia de “abrazos, no balazos”.

Según el estudio de Integralia Consultores, La militarización en México, hacia la consolidación de una política de Estado 2006-2022, hay varios riesgos si los militares se adueñan de las calles; entre otros, la pérdida de capacidades de instituciones civiles del Estado, ya que la militarización de la vida pública atenta contra la modernización de las instituciones civiles y fortalece la dependencia del Estado hacia las instituciones castrenses en el diseño y ejecución de políticas públicas.

También impide la formulación de políticas efectivas para reducir la violencia, porque las fuerzas armadas están entrenadas para tareas de seguridad nacional en las que se usa la fuerza física para imponer el orden y hacer cumplir la ley. Además, favorece la concentración del poder en la milicia y debilita el Pacto Federal.

La militarización provoca que las policías municipales y estatales sean relegadas a un segundo plano, debido a que éstas no cuentan con los recursos necesarios para profesionalizar y equipar a sus corporaciones.

Frente a los militares desplegados en las calles de México antes de que la Guardia Nacional pase a la Sedena y las más de dos mil 510 denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional, varias organizaciones que defienden derechos humanos, especialistas, incluso políticos como el diputado Jorge Triana, los exhortaron:

“Si en el futuro llega un Presidente que quiera dar mal uso a las fuerzas armadas contará con la mesa puesta: un Artículo 29° Constitucional en materia de suspensión de garantías con falta de regulación, unas policías civiles estatales y municipales mal preparadas y sin recursos gracias a ustedes y contará con unas fuerzas armadas sobreempoderadas gracias a ustedes también (fuerzas oficialistas).

“El presidente más militarista de la historia moderna de este país se llama Andrés Manuel López Obrador. Nunca antes tuvimos tantos militares en las calles y nunca antes tuvimos tantos asesinatos violentos como el día de hoy”.

Además de su desprecio a la Carta Magna, con hechos como los denunciados, AMLO la ha despreciado también en sus discursos, como aquel en el que declaró “no me salgan con que la ley es la ley”, o cuando reveló que había cambiado de opinión y afirmó que “ahora sí se necesitan” los militares en las calles.

El doctor en Derecho Salvador Cosío Gaona afirma que el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados la madrugada del viernes nueve de septiembre, y horas después publicado en el Diario Oficial de la Federación, constituye una rotunda y grave violación al Artículo 21° de la Constitución, a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas.