Cargando, por favor espere...

Nacional
Morena busca desaparecer siete organismos autónomos
Los órganos autónomos en México son entidades públicas con funciones específicas independientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.


A unos días de que concluya su sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), podría hacer realidad su propuesta de eliminar los órganos autónomos en México.

El 5 de febrero, López Obrador propuso desaparecer el Inai y seis órganos más con el obejetivo de reducir su costo millonario del presupuesto público para financiar el programa de pensiones a adultos mayores y otros programas sociales de su Gobierno.

Por su parte, la oposición rechaza las acusaciones del mandatario y asegura que tan solo cinco de ellos apenas cuestan al erario la cantidad de 3.9 mil millones de pesos, lo que representa el 0.4 por ciento del total de todo el presupuesto del país; mientras que las irregularidades del fraude en Segalmex ascienden a15 mil 151 millones de pesos.

Sin embargo, especialistas advierten que la propuesta podría significar un retroceso democrático, además de abrir la puerta a un mayor control político sobre áreas que requieren neutralidad y autonomía, entre ellos el acceso a la información y la exigencia de transparencia al gobierno.

El 23 de agosto pasado, la reforma propuesta por López Obrador tuvo su primer avance en el Congreso de la Unión, al ser aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

El siguiente paso es turnarla al Pleno para su discusión y votación, donde la mayoría calificada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde hará lo posible por aprobarla. 

Funciones de órganos autónomos

Los órganos autónomos en México son entidades públicas que tienen la responsabilidad de llevar a cabo funciones específicas independientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De acuerdo con especialistas, estos órganos son fundamentales para la vida democrática del país, ya que su independencia les permite operar sin estar sujetos a las influencias políticas directas y, así, garantizar imparcialidad y objetividad.

La organización no gubernamental Fundar indicó que la propuesta es “sumamente grave pues su eliminación debilitaría los controles y contrapesos democráticos y pondría en riesgo la efectividad de los derechos humanos que tutelan estas instituciones, como el derecho a la información”. La ONG también criticó la premura con la que se ha aprobado la propuesta, sin suficiente tiempo para analizar a fondo sus implicaciones.

Defensa de la propuesta

La defensa de la propuesta de eliminar los órganos autónomos sostiene que algunas de sus funciones podrían ser absorbidas por dependencias del Gobierno Federal e incluso por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de acuerdo con el dictamen aprobado en Comisiones, lo que permitiría supuestamente un uso más racional de los recursos públicos. Sin embargo, la iniciativa ha generado una fuerte oposición porque la desaparición de estos órganos podría concentrar demasiado poder en el Ejecutivo.

Instituciones a eliminar:

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)

-El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)

-El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

-La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)

-La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)

-La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)

-La Comisión Reguladora de Energía (CRE)


Escrito por Abigail Cruz Guzmán

Reportera


Notas relacionadas

Claudia Sheinbaum confirmó que México está dispuesto a recibir a la selección de Irán como sede de concentración durante el Mundial de 2026 si Estados Unidos impide que el equipo permanezca en su territorio.

Las compañías podrán presentar acciones judiciales e impugnar la resolución ante tribunales especializados.

El objetivo de este ensayo es explorar cómo ocurre el fenómeno educativo dentro de una sociedad capitalista, dependiente y subdesarrollada como la mexicana.

El reparto de utilidades en México es un derecho que poco se cumple y, con los años, se aleja de su origen como incentivo a la productividad y su función declarada como instrumento que contribuya a una mejor distribución de la riqueza social.

Un aumento de impuestos a las grandes fortunas, no a los informales, aparejado de un aumento creíble en el gasto social en general y salud en particular, son iniciativas que mejorarían la distribución de la riqueza.

La revelación es cruel: ya nadie aclama a la poesía.

El gasto gubernamental en pensiones aumentó a 5.7 por ciento del PIB en siete años.

La empresa mexicana busca aprovechar la experiencia de la firma sudamericana para impulsar la exploración de aguas profundas.

El índice de precios anotó 24 quincenas consecutivas fuera del rango objetivo del Banco de México.

568 alimentos y bebidas de origen europeo quedarán protegidos bajo indicación geográfica.

La petrolera admitió debilidades en controles internos.

La economía mexicana registró una de las peores variaciones del organismo.

El mercado laboral mexicano sumó 19 meses de estancamiento.

La organización advirtió que los ingresos actuales del gobierno no podrán sostener las obligaciones del Estado mexicano en las próximas décadas.

La inversión en el país se estima 5.3 por ciento más baja que en condiciones normales.