La operación, coordinada por el Departamento de Estado, implicó 410 millones de dólares y acuerdos con países de América Latina, África y el Pacífico.
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A unos días de que concluya su sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), podría hacer realidad su propuesta de eliminar los órganos autónomos en México.
El 5 de febrero, López Obrador propuso desaparecer el Inai y seis órganos más con el obejetivo de reducir su costo millonario del presupuesto público para financiar el programa de pensiones a adultos mayores y otros programas sociales de su Gobierno.
Por su parte, la oposición rechaza las acusaciones del mandatario y asegura que tan solo cinco de ellos apenas cuestan al erario la cantidad de 3.9 mil millones de pesos, lo que representa el 0.4 por ciento del total de todo el presupuesto del país; mientras que las irregularidades del fraude en Segalmex ascienden a15 mil 151 millones de pesos.
Sin embargo, especialistas advierten que la propuesta podría significar un retroceso democrático, además de abrir la puerta a un mayor control político sobre áreas que requieren neutralidad y autonomía, entre ellos el acceso a la información y la exigencia de transparencia al gobierno.
El 23 de agosto pasado, la reforma propuesta por López Obrador tuvo su primer avance en el Congreso de la Unión, al ser aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El siguiente paso es turnarla al Pleno para su discusión y votación, donde la mayoría calificada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde hará lo posible por aprobarla.
Los órganos autónomos en México son entidades públicas que tienen la responsabilidad de llevar a cabo funciones específicas independientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De acuerdo con especialistas, estos órganos son fundamentales para la vida democrática del país, ya que su independencia les permite operar sin estar sujetos a las influencias políticas directas y, así, garantizar imparcialidad y objetividad.
La organización no gubernamental Fundar indicó que la propuesta es “sumamente grave pues su eliminación debilitaría los controles y contrapesos democráticos y pondría en riesgo la efectividad de los derechos humanos que tutelan estas instituciones, como el derecho a la información”. La ONG también criticó la premura con la que se ha aprobado la propuesta, sin suficiente tiempo para analizar a fondo sus implicaciones.
Defensa de la propuesta
La defensa de la propuesta de eliminar los órganos autónomos sostiene que algunas de sus funciones podrían ser absorbidas por dependencias del Gobierno Federal e incluso por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de acuerdo con el dictamen aprobado en Comisiones, lo que permitiría supuestamente un uso más racional de los recursos públicos. Sin embargo, la iniciativa ha generado una fuerte oposición porque la desaparición de estos órganos podría concentrar demasiado poder en el Ejecutivo.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)
-El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
-El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
-La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
-La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
-La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
-La Comisión Reguladora de Energía (CRE)
La operación, coordinada por el Departamento de Estado, implicó 410 millones de dólares y acuerdos con países de América Latina, África y el Pacífico.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera