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Luego de las constantes denuncias y pruebas presentadas por activistas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sobre las irregularidades en la construcción del proyecto, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Yucatán dictó una suspensión definitiva de las obras del tramo 5 del Tren Maya, que comprende el trayecto entre Playa del Carmen y Tulum.
La nueva suspensión deriva del recurso 821/2022, que inicialmente fue desechado, pero luego reconsiderado tras un recurso de revisión. La demanda de amparo se amplió para incluir no solo la falta de permisos para el desmonte de selva, sino también el hincado de pilotes en las cavernas de la zona y el derrame de cemento en esas cavidades sin las correspondientes medidas de mitigación.
En el informe se documentaron diversas violaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), entre ellas: derrames de cemento en diversas cavernas; lavado de camiones revolvedores en sitios no autorizados; oxidación de ademes en tiros verticales; colapso de techos o bóvedas de cenotes; modificación de la topografía de las cavernas por perforaciones; extracción de agua sin autorización y relleno de cavernas con material pétreo.
Al respecto, el ambientalista del movimiento "Sélvame del Tren", José Urbina, acusó que "El gobierno ha mostrado absoluto desinterés y ha continuado las obras en flagrante violación al mandato judicial", esto debido a que en enero pasado ya se había concedido una suspensión para el mismo tramo.
Asimismo, comentó "No esperamos que se acate este resolutivo sin una acción contundente del Ministerio Público. Los actos reclamados ameritan sanciones de cárcel para quienes resulten responsables".
Por último, señaló que las autoridades y promotores del Tren Maya deberán enfrentar las implicaciones legales de este nuevo fallo y abordar las preocupaciones ambientales y legales si desean continuar con la construcción del tramo.
Carlos Urzúa, renunció a su cargo y con eso se sigue abonando a la crisis que vive México en apenas siete meses del gobierno de AMLO
El Movimiento Antorchista exigió al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador que se respete el derecho a la organización
“El presidente se ha empeñado en construir un sistema clientelar electoral con el presupuesto federal destinado al combate a la pobreza".
El Presidente no tiene ninguna facultad legal para autoerigirse en guardián de las elecciones, ni puede ser garantía de imparcialidad alguna porque sus intereses electorales y partidarios están a la vista de todos.
Los calificativos del presidente son simplistas y reflejan intolerancia al trabajo de aquéllos que buscan llamar al poder a cuentas.
En 2012, China se fijó el objetivo de acabar con la extrema pobreza en 2020, diez años antes de lo establecido por Naciones Unidas en sus Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El informe que AMLO presentó hace unos días fue un claro ejemplo de que su discurso ya no es convincente, y ya es, sin caer en exageración.
Este dato representó su nivel más alto desde la primera quincena de marzo de este año, donde se ubicó en 3.71 por ciento.
El procedimiento para el proceso de entrega de medicamentos inicia con una llamada al 5595 0009 11, en la que el paciente deberá indicar a qué institución médica pertenece, ya sea del IMSS, IMSS-Bienestar o ISSSTE.
Cientos de antorchistas alzaron la voz y con pancartas le respondieron al presidente “¡miente, miente, miente el presidente!”
La polémica generada por los libros de texto gratuitos provocó que miles de estudiantes iniciaran el ciclo escolar sin libros.
A siete meses de gobierno, López Obrador no ha entendido que gobernar no es seguir en campaña, que los 14 funcionarios han renunciado porque ven que su dirección como mandatario es errónea.
Expertos señalan inviabilidad del proyecto.
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Hay varias modificaciones para otorgar mayores facultades al Consejo de la Judicatura Federal (encargado de la organización y la disciplina del Poder Judicial).
Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.