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El nuevo modelo de inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex), que contempla la participación conjunta entre la petrolera y el sector privado, fue mal recibido por los empresarios del sector, según fuentes con conocimiento del tema.
El pasado 12 de marzo se aprobó en el Congreso la reforma sobre leyes secundarias para la petrolera y para la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estas modificaciones regresan a dichas compañías al estatus de “empresa pública del Estado”.
Además, se busca que con dichos cambios ambas compañías se fortalezcan mediante la participación de la inversión privada, pero, bajo nuevas condiciones sin competencia mediante modelos de asignación para Pemex, dándole el derecho exclusivo para explorar y extraer hidrocarburos, con contratos mixtos que permiten la participación de privados sólo en áreas que no sean de interés para la petrolera.
En este contexto, fuentes dentro del sector privado comentaron que estos esquemas de operación derivan en un estrecho margen para la recuperación de costos, por lo que se está generando desconfianza sobre la rentabilidad en inversiones mixtas, antes conocidas como asociaciones público-privadas.
Además, mencionaron que la recuperación de costos en los contratos de exploración, bajo la modalidad de producción compartida, se incrementa hasta 125 por ciento, es decir, que el Estado tendrá que pagarles a las compañías poseedoras del contrato hasta que el yacimiento petrolero en cuestión inicie la extracción.
Agregaron que la inversión mixta impide al sector privado o inversionista buscar préstamos a partir de los beneficios del contrato mediante un número de barriles, quitándoles la oportunidad para obtener dinero en los mercados financieros y que sólo Pemex pueda hacer.
Finalmente, señalaron que, si bien existe la posibilidad de participación privada similar a las rondas petroleras implementadas durante la administración de Enrique Peña Nieto, la reforma señala que las empresas sólo podrán acceder a contratos o asignaciones en espacios en los que Pemex no tenga el interés de explorar, por lo que se requerirán análisis profundos técnicos y financieros.
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“Cuando el poder del Estado no puede ser contenido, controlado o frenado, se pone en riesgo los derechos humanos”, dijo la ministra.
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A partir del próximo jueves 27 de junio arranca la segunda ronda de foros de discusión sobre la reforma judicial.
El dictamen aprobado fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410